EE. UU. vigila a funcionarios mexicanos ligados al narco, afirma Sara Carter
La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, afirmó que el gobierno de Donald Trump mantiene bajo vigilancia a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, al tiempo que reconoció la cooperación de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en acciones contra organizaciones criminales.
Durante una entrevista con Jan Jekielek para el programa American Thought Leaders, Carter aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán investigando y actuando contra personas que faciliten las operaciones de los cárteles.
“Si no cooperas con nosotros, vamos por ustedes y se van a arrepentir”, señaló la funcionaria al referirse a personas que, según dijo, han favorecido las actividades de organizaciones criminales.
Sara Carter advierte acciones contra funcionarios relacionados con cárteles
La directora de la ONDCP sostuvo que el combate al narcotráfico requiere actuar no sólo contra las estructuras operativas de los cárteles, sino también contra quienes facilitan su funcionamiento desde distintos ámbitos.
Según explicó, las organizaciones criminales han acumulado recursos económicos durante décadas y han logrado establecer redes de influencia mediante amenazas, sobornos y otras prácticas ilícitas.
Carter afirmó que parte de la estrategia de la administración Trump consiste en identificar y perseguir a personas vinculadas con estas actividades.
“Estamos apuntando incluso a quienes dentro de los gobiernos han facilitado que los cárteles operen”, indicó durante la entrevista.
La funcionaria señaló que las autoridades estadounidenses buscan fortalecer mecanismos de cooperación con distintos países para investigar y procesar a personas relacionadas con organizaciones criminales.
Destaca cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum
A pesar de las advertencias sobre posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos, Carter destacó la colaboración que, aseguró, existe actualmente entre Washington y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La directora de la ONDCP afirmó también que se han observado avances en las acciones contra organizaciones criminales que operan en México.
Durante la entrevista mencionó también la cooperación entre ambos gobiernos para actuar contra integrantes de grupos delictivos, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Carter aseguró además que las autoridades estadounidenses han trabajado con sus contrapartes mexicanas en distintos operativos y destacó los resultados obtenidos en acciones dirigidas contra estructuras criminales.
Financiamiento y corrupción, objetivos de la estrategia de EE. UU.
La funcionaria explicó que una de las prioridades del gobierno estadounidense consiste en afectar las finanzas de los grupos criminales.
Según detalló, los cárteles obtienen recursos de diversas actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras operaciones transnacionales.
Carter señaló que el objetivo es rastrear estos recursos y ejecutar acciones para impedir que las organizaciones mantengan capacidad operativa.
“Hay que seguir el dinero y luego quitarles el dinero”, afirmó al referirse a la estrategia impulsada por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la directora de la ONDCP, el debilitamiento financiero de los grupos criminales forma parte de una política más amplia que incluye operaciones de seguridad, vigilancia de rutas de tráfico y cooperación internacional.
Fentanilo, frontera y tráfico de drogas en la agenda bilateral
La entrevista también abordó el combate al fentanilo y otras drogas sintéticas que ingresan a Estados Unidos.
Carter afirmó que la administración Trump mantiene una estrategia enfocada en:
- Combatir a los cárteles
- Detectar túneles utilizados para el tráfico de drogas
- Supervisar el ingreso de precursores químicos
- Fortalecer inspecciones en puertos y puntos fronterizos
- Rastrear recursos financieros de organizaciones criminales
La funcionaria sostuvo que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre diversas agencias federales para reducir el tráfico de drogas y afectar la capacidad operativa de las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.
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