Petro, Samper y más: los políticos extranjeros que perdieron su visa de EE. UU.
La decisión de Estados Unidos de retirar o negar visas a figuras políticas extranjeras ha marcado episodios de tensión diplomática en distintas regiones del mundo.
Presidentes en funciones, exjefes de Estado, ministros, parlamentarios y funcionarios de alto nivel han quedado sujetos a medidas adoptadas por Washington bajo argumentos que van desde presuntos vínculos con el narcotráfico hasta preocupaciones por derechos humanos, seguridad nacional o política exterior.
Ernesto Samper fue el primer golpe de alto nivel en Colombia
Uno de los antecedentes más emblemáticos ocurrió el 11 de julio de 1996, cuando Estados Unidos canceló la visa del entonces presidente colombiano Ernesto Samper.
Según informó el Departamento de Estado, la decisión respondió a la convicción de que Samper había participado conscientemente en negociaciones con el narcotráfico y a la certeza de que dinero procedente de esa actividad ingresó a su campaña presidencial.
Washington subrayó que la sanción era de carácter personal y no contra el Estado colombiano. Incluso, llegó a afirmar que Samper no era bienvenido en territorio estadounidense.
La reacción en Bogotá fue inmediata. El Gobierno colombiano consideró la medida unilateral e intervencionista y sostuvo que desconocía el sistema jurídico nacional, recordando que el Congreso había absuelto al presidente de toda relación con el narcotráfico.
La crisis se produjo además en un contexto de fuertes desacuerdos entre ambos gobiernos por la lucha antidrogas, la ausencia de extradiciones y el denominado narcoescándalo que sacudía entonces la política colombiana.
Narendra Modi y una visa negada antes de llegar al poder
En 2005, Narendra Modi, entonces ministro principal del estado indio de Gujarat y dirigente del Bharatiya Janata Party (BJP), solicitó una visa para ingresar a Estados Unidos. La petición fue rechazada.
La decisión estuvo rodeada por las críticas derivadas de los disturbios de Gujarat de 2002, episodio en el que murieron alrededor de mil musulmanes y que generó cuestionamientos sobre la actuación de su administración estatal.
Años después, el escenario cambió radicalmente. Tras convertirse en primer ministro de India en 2014, Modi fue recibido oficialmente en Washington, invitado a la Casa Blanca y convocado a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso estadounidense.
El caso se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de cómo una restricción migratoria aplicada a un dirigente extranjero puede modificarse completamente tras un cambio en las circunstancias políticas y diplomáticas.
Costa Rica y la ola de cancelaciones de 2025
Durante 2025 se acumuló una serie de revocaciones de visas estadounidenses contra políticos y funcionarios costarricenses. Las primeras afectadas fueron las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Ambas recibieron la notificación de la cancelación de sus visas por medio de comunicaciones enviadas desde la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.
La decisión se produjo semanas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtiera sobre posibles sanciones contra funcionarios costarricenses que colaboraran con actores extranjeros considerados una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.
Las dos legisladoras habían cuestionado la exclusión de empresas chinas de los procesos relacionados con el despliegue de redes 5G en Costa Rica.
Más legisladores y funcionarios bajo sanción
El 4 de marzo de 2025 se informó de la cancelación de la visa del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado. El legislador expresó sorpresa por la medida y señaló que mantenía una relación de colaboración con la anterior embajadora estadounidense en Costa Rica.
Un mes después, la diputada Vanessa de Paul Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), confirmó que también había sido notificada de la revocación de su visa.
Las cancelaciones alcanzaron igualmente a otras figuras públicas costarricenses. Entre los nombres reportados aparecen el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez; la auditora del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca, y diversos funcionarios vinculados al sector de telecomunicaciones.
La polémica se desarrolló en medio del debate sobre la participación de empresas chinas en proyectos de infraestructura tecnológica y del decreto que condicionó la participación en concursos para redes 5G a que los países de origen de las compañías fueran signatarios del Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia.
La medida llegó al Poder Judicial y al Congreso costarricense
Las restricciones estadounidenses también alcanzaron a figuras de los más altos niveles institucionales, ya que el 9 de julio de 2025 se conoció que Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y el magistrado constitucional Paul Rueda habían sido notificados sobre el retiro de sus visas de turista.
Arias afirmó que desconocía una razón objetiva que justificara la decisión. La Sala Constitucional confirmó, por su parte, que Rueda había sido informado por las autoridades correspondientes.
Consultada sobre el caso, la Embajada de Estados Unidos recordó que el Departamento de Estado posee amplias facultades para revocar visas cuando considera que una persona puede resultar inadmisible, representar amenazas para la seguridad pública o cuando su ingreso sea contrario a los intereses de política exterior estadounidenses.
Gustavo Petro y la protesta propalestina en Nueva York
Otro episodio de alto impacto involucró al expresidente colombiano Gustavo Petro. El 26 de septiembre de 2025, Estados Unidos anunció la revocación de la visa del mandatario tras acusarlo de actos considerados temerarios e incendiarios durante una manifestación propalestina celebrada en Nueva York al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Petro llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia.
Videos difundidos por medios mostraron al mandatario participando en la protesta junto al músico británico Roger Waters y pronunciando consignas contra las políticas del presidente Donald Trump.
Mahmud Abbas y la disputa por el reconocimiento palestino
En agosto de 2025, Estados Unidos negó la visa al presidente palestino Mahmud Abbas y a otros 80 funcionarios palestinos.
Washington argumentó que la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina habían incumplido compromisos previos, impulsado acciones ante tribunales internacionales y promovido el reconocimiento unilateral de un Estado palestino.
La decisión coincidió con los preparativos de varios países para anunciar durante la Asamblea General de la ONU el reconocimiento de Palestina como Estado.
La Autoridad Palestina consideró la medida una violación del derecho internacional y del Acuerdo sobre la Sede de la ONU de 1947, mientras que Naciones Unidas expresó su expectativa de resolver la situación mediante el diálogo.
Sudáfrica, Israel y el caso Naledi Pandor
Las tensiones derivadas de la ofensiva jurídica sudafricana contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia también tuvieron consecuencias diplomáticas.
El 21 de noviembre de 2025 se informó de la revocación de la visa estadounidense de Naledi Pandor, quien había sido ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica entre 2019 y 2024.
Pandor fue identificada como una de las principales impulsoras del caso presentado por Pretoria contra Israel por presunto genocidio en Gaza.
La exfuncionaria afirmó que desconocía los motivos formales de la cancelación, aunque consideró que podía estar relacionada con su trabajo sobre Palestina. También señaló que otros sudafricanos habrían sido objeto de medidas similares.
La decisión se produjo en un contexto de creciente presión diplomática entre Washington y Pretoria a raíz de las acciones sudafricanas ante la Corte Internacional de Justicia.
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