No sólo sanciones: esto puede hacer EE. UU. contra grupos designados terroristas

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra organizaciones criminales transnacionales al designar a varios cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). La medida no sólo implica sanciones económicas, sino que activa una serie de facultades legales para perseguir sus operaciones.

El tema volvió a cobrar relevancia este martes, luego de que el Departamento de Estado confirmara la designación de Los Viagras y el Cártel de Juárez bajo estas figuras. De acuerdo con la legislación estadounidense, estas clasificaciones permiten bloquear recursos financieros, imponer restricciones migratorias y perseguir penalmente a quienes colaboren con estas organizaciones.

¿Qué implica que un grupo sea designado como organización terrorista?

De acuerdo con el Departamento de Estado, una designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) se realiza tras un proceso de evaluación en el que participan el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro.

Para ello, la autoridad estadounidense debe determinar que:

• La organización es extranjera
• Ha cometido actos de terrorismo o mantiene la capacidad y voluntad de cometerlos
• Sus actividades representan una amenaza para ciudadanos o para la seguridad nacional de Estados Unidos

Antes de hacerse pública, la designación debe notificarse al Congreso estadounidense.

Congelamiento de bienes y bloqueo financiero

Una de las principales consecuencias es el bloqueo de todos los bienes y activos que las organizaciones designadas tengan en Estados Unidos o que se encuentren bajo control de ciudadanos o instituciones estadounidenses.

Además, los bancos y demás instituciones financieras tienen la obligación de inmovilizar esos recursos y reportarlos al Departamento del Tesoro, mientras que quedan prohibidas prácticamente todas las transacciones económicas con los grupos sancionados.

La medida también alcanza a personas y empresas que pretendan realizar operaciones para evadir estas restricciones.

También puede perseguirse a quienes apoyen a estos grupos

La designación no sólo afecta a las organizaciones.

La legislación estadounidense establece que constituye un delito federal proporcionar de manera consciente apoyo material, financiero, tecnológico o logístico a una organización catalogada como terrorista.

Las sanciones pueden aplicarse tanto a personas como a empresas que faciliten recursos, servicios o financiamiento a estos grupos.

Restricciones migratorias para integrantes y colaboradores

Otra consecuencia es el endurecimiento de las medidas migratorias.

Los integrantes y representantes extranjeros de una Organización Terrorista Extranjera pueden ser declarados inadmisibles en Estados Unidos y, en determinados casos, ser expulsados del país.

En el caso de las designaciones como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), también pueden imponerse restricciones para viajar y nuevas sanciones contra personas o empresas que colaboren con las organizaciones ya designadas.

¿Qué diferencia existe entre una FTO y una SDGT?

Aunque ambas figuras permiten el congelamiento de activos, existen diferencias importantes.

La designación como FTO incorpora consecuencias penales y migratorias adicionales, ya que convierte en delito brindar apoyo material a la organización y limita el ingreso de sus integrantes a territorio estadounidense.

Por su parte, la figura de SDGT, creada mediante la Orden Ejecutiva 13224, otorga al Departamento del Tesoro facultades para ampliar las sanciones a personas físicas o morales que financien, respalden o actúen en beneficio de las organizaciones ya designadas, incluso si originalmente no formaban parte del grupo.

¿La designación permite una intervención militar?

La designación como Organización Terrorista Extranjera no autoriza por sí misma el uso de la fuerza militar contra un grupo criminal.

Su principal efecto consiste en ampliar las herramientas legales, financieras, migratorias y penales con las que cuenta el Gobierno estadounidense para perseguir a las organizaciones, bloquear sus recursos económicos y sancionar a quienes colaboren con ellas.

Cualquier otra acción, incluida una eventual operación militar, dependería de decisiones políticas y jurídicas distintas a la propia designación como organización terrorista.

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