Sheinbaum enviará al Congreso ley contra feminicidio con sanciones más altas y persecución de oficio

Este martes 24 de marzo fue presentada la ley de feminicidio en México, la cual plantea penas de hasta 70 años de prisión, incorpora agravantes y establece que el delito se investigue de oficio.

En Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó la iniciativa, que será enviada al Congreso por la mandataria.

Ley de feminicidio en México: qué propone la iniciativa

La propuesta consiste en una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

El objetivo es establecer un marco jurídico único que permita homologar:

• El tipo penal de feminicidio
• Las sanciones aplicables
• Los protocolos de investigación
• La coordinación entre autoridades

De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa busca que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento.

Penas por feminicidio: hasta 70 años de prisión

La iniciativa contempla sanciones específicas para este delito.

Entre las principales medidas se encuentran:

• Pena de 40 a 70 años de prisión
• Sanción por tentativa con entre la mitad y dos terceras partes de la pena
• Multas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Estas sanciones buscan establecer un criterio uniforme en todo el país.

Agravantes en la ley de feminicidio

El proyecto incorpora 21 agravantes que pueden incrementar la sanción.

Entre los casos considerados destacan:

• Cuando la víctima sea niña, adolescente o persona adulta mayor
• Si la víctima está embarazada o vive con discapacidad
• Cuando el delito se comete frente a hijas o hijos
• Si la víctima es periodista o defensora de derechos humanos
• Cuando existe relación de poder o subordinación
• En casos de violencia previa o incomunicación

También se incluyen situaciones como la pertenencia a pueblos originarios o condición de movilidad migrante.

Feminicidio se investigará de oficio

La propuesta establece que el delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio.

Además, plantea que:

• La acción penal no prescriba
• La sanción tampoco prescriba
• La reparación del daño sea imprescriptible

Esto significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de denuncia y sin límite de tiempo.

Pérdida de derechos para responsables

La iniciativa también contempla consecuencias adicionales para quienes cometan feminicidio.

Entre ellas:

• Pérdida de derechos sucesorios sobre bienes de la víctima
• Pérdida de la patria potestad
• Pérdida de la tutela, guarda y custodia
• Pérdida de beneficios legales relacionados con la víctima
• Destitución e inhabilitación para cargos públicos

Estas medidas aplican tanto en relación con víctimas directas como indirectas.

Protocolos y coordinación institucional

El proyecto plantea homologar los protocolos de investigación en todo el país, con el objetivo de fortalecer la actuación de las autoridades.

Se contempla:

• Incorporar la perspectiva de género en todas las etapas
• Aplicar debida diligencia reforzada
• Analizar el contexto de violencia
• Preservar indicios de forma adecuada
• Coordinar a instituciones de seguridad y justicia

Además, se prevé que las fiscalías cuenten con unidades especializadas, integradas por personal capacitado en investigación de feminicidio y atención a víctimas.

Participación de fiscalías y ministerios públicos

La iniciativa establece que las fiscalías deben garantizar continuidad en las investigaciones.

Esto implica que:

• El Ministerio Público participe en todas las etapas del proceso
• No haya interrupciones por cambios de turno
• Se asegure la continuidad procesal

También se propone que el personal sea certificado para integrarse a estas unidades especializadas.

Envío de la iniciativa al Congreso

Durante la conferencia del martes 24 de marzo, se informó que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa al Senado.

La propuesta retoma un modelo de investigación aplicado previamente a nivel local y busca extenderlo a todo el país mediante una ley general.

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