Ciudadanos estadounidenses detenidos por el ICE: cómo está pasando, qué derechos tienen y cómo documentar una detención ilegal
Tener la ciudadanía estadounidense no siempre es una garantía inmediata frente a un operativo de ICE. Y es que cargar una identificación válida, hablar inglés o llevar años trabajando en el mismo lugar no ha evitado que personas terminen esposadas o retenidas durante un operativo, simplemente por su apariencia, su acento o el lugar donde se encontraban en ese momento.
- Una investigación de ProPublica ya documentó más de 170 casos de este tipo en los primeros nueve meses de la actual administración.
Parte de esto tiene respaldo legal. La Corte Suprema autorizó este año que los agentes de inmigración en el área de Los Ángeles consideren la apariencia física como parte de sus operativos, bajo el argumento de que, si la persona resulta ser ciudadana, simplemente “la dejarán ir”. Para muchas familias latinas, la preocupación no es sólo si un operativo puede llegar a su comunidad, sino qué hacer en esos primeros minutos.
¿Cómo es que un ciudadano estadounidense termina detenido por ICE?
De acuerdo con el análisis de ProPublica, los casos se dividen en dos grandes grupos. El primero incluye a más de 50 personas que fueron retenidas después de que los agentes cuestionaron su ciudadanía, casi todas de origen latino. El segundo grupo, de alrededor de 130 personas, corresponde a quienes fueron arrestados por presuntamente interferir o agredir a los oficiales durante redadas o protestas, entre ellos más de una docena de funcionarios electos.
Uno de los casos documentados es el de Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción en Alabama que fue detenido en dos ocasiones distintas pese a mostrar su REAL ID, una identificación que ese estado sólo entrega a personas con estatus legal.
Según su relato, los agentes descartaron el documento como falso ambas veces. En otro caso, George Retes, un veterano del Ejército, fue retenido durante tres días sin poder comunicarse con su familia tras un operativo en una granja de California, aunque los propios agentes sabían que era ciudadano.
En muchos de estos casos nunca se presentaron cargos formales, o los jueces los desecharon después. Eso ocurrió, por ejemplo, con Andrea Velez, una mujer de Los Ángeles acusada de agredir a un oficial durante una redada a vendedores ambulantes, cuyo caso fue desechado por un juez federal.
¿Qué dice la ley sobre cuánto tiempo pueden retener a alguien?
Los agentes de inmigración tienen autoridad legal para detener a una persona si tienen “sospecha razonable” de que se encuentra ilegalmente en el país. Esa sospecha no siempre se confirma de inmediato, y ahí es donde varios ciudadanos han quedado retenidos por horas o incluso días mientras se verifica su estatus.
Según un precedente de la propia Corte Suprema, dos días son, en términos generales, el límite que las autoridades federales pueden mantener a alguien detenido sin presentar cargos formales. En la práctica, ProPublica encontró que cerca de dos docenas de ciudadanos estuvieron retenidos más de un día sin poder llamar a un abogado o a sus familiares, y al menos uno permaneció así más de dos días.
¿Qué derechos tiene una persona durante un encuentro con ICE?
Estos derechos aplican a cualquier persona en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio. Entre los más relevantes están los siguientes.
- Derecho a permanecer en silencio y a no responder preguntas sobre el lugar de nacimiento, el estatus migratorio o cómo se entró al país
- Derecho a no firmar ningún documento sin que un abogado lo revise primero
- Derecho a solicitar hablar con un abogado, aunque la persona deba localizarlo por su cuenta
- Para quienes no son ciudadanos, derecho a contactar al consulado de su país de origen
Ejercer estos derechos no es evidencia de culpabilidad ni debería usarse como tal, aunque varios de los casos documentados muestran que en la práctica los agentes no siempre los respetan en el momento.
¿Cómo documentar una detención para presentar una queja o demanda?
La Primera Enmienda protege el derecho a fotografiar o grabar a agentes de ICE mientras realizan su trabajo en espacios públicos, siempre que la persona no interfiera físicamente con el operativo. De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), si alguien no está bajo arresto, un agente necesita una orden judicial para confiscar su teléfono o revisar su contenido sin su consentimiento.
Para que un video o una foto sirva después en una queja o demanda, conviene capturar información específica como el número de placa del vehículo, el tipo de chaleco o uniforme de los agentes, cualquier número de identificación visible y la hora exacta del incidente. El gobierno no puede borrar ese material bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si la persona es arrestada, aunque sí puede retener el dispositivo con una orden.
Organizaciones como el Instituto de Justicia y la ACLU han representado a varios de los ciudadanos detenidos en estos casos, y varias de esas demandas siguen activas en cortes federales.
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