Asilo sin entrevista: la nueva regla que cambia por completo el proceso para miles de solicitantes en EE. UU.

El gobierno federal eliminó la entrevista de asilo para miles de personas que solicitan protección en Estados Unidos (EE. UU.) y ahora puede enviar sus casos directamente a un juez de inmigración.
La nueva regla, publicada este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite a los oficiales de asilo de USCIS saltarse la entrevista cuando consideran que un caso está vencido por el plazo de un año para solicitar, no califica para una decisión favorable o no cumple los requisitos legales.
La medida entró en vigor de inmediato y sólo dejará una ventana de 60 días para que el público envíe comentarios antes de que se convierta en una regla definitiva.
El cambio no aplica para todos por igual. Quienes no tienen impedimentos legales y podrían obtener una respuesta favorable seguirán pasando por la entrevista de siempre, la misma que hasta ahora se ofrecía a cualquier solicitante sin excepción. Lo que cambia de fondo es a quién le toca ahora explicar su caso frente a un juez en lugar de frente a un oficial de asilo.
¿A quiénes deja de aplicarles la entrevista de asilo?
De acuerdo con el documento publicado en el Federal Register, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) puede referir un caso a un juez de inmigración sin entrevista cuando:
- El solicitante presentó su solicitud fuera del plazo de un año desde su llegada al país
- Existe una causa legal que le impide recibir asilo
- El oficial considera que no merece una decisión favorable de manera discrecional
- No cumple los requisitos legales del caso
El DHS calcula que hasta 444 mil 724 solicitudes de las 1.4 millones que forman el rezago actual de asilo afirmativo podrían quedar dentro de este grupo. Hacia adelante, la dependencia estima que unas 132 mil 167 personas al año podrían perder la entrevista bajo este nuevo esquema.
Ese trámite sin entrevista sólo afecta al llamado asilo afirmativo, la vía que usan las personas que llegaron al país de forma legal, por ejemplo con una visa, y piden protección ante USCIS mientras mantienen un estatus válido. Es distinto del asilo defensivo, que solicitan quienes ya están en un proceso de deportación y presentan su caso directamente ante un juez, sin pasar antes por un oficial de asilo.
El gobierno defiende el cambio como una forma de aliviar el rezago y enfocar mejor sus recursos limitados. Entre las razones que expone el propio documento oficial destacan las siguientes:
- Liberar tiempo de los oficiales de asilo para atender primero los casos con mayores probabilidades de aprobarse
- Identificar más rápido a personas que la agencia considera un riesgo para la seguridad pública y enviarlas a un proceso de deportación
- Reducir el trabajo duplicado que representa entrevistar a alguien que de todos modos terminará frente a un juez
- Evitar que la solicitud de asilo se use, según el gobierno, como una vía para obtener permiso de trabajo sin una intención real de pedir protección
USCIS ya transfería miles de casos a las cortes de inmigración antes de esta regla. Solo en la primera mitad del año fiscal 2026, la agencia envió 31 mil 454 casos a un juez, una cifra que iba camino a superar los 40 mil 932 casos transferidos en todo el año fiscal 2025. Con la nueva regla, ese número podría crecer todavía más rápido.
¿Por qué preocupa el cambio a los defensores de inmigrantes?
El director de USCIS, Joseph Edlow, defendió la medida en un comunicado oficial, según reportó Los Angeles Times. Según Edlow, durante mucho tiempo el sistema de asilo se explotó con fines de retraso y para obtener autorización de trabajo, no para presentar reclamos legítimos de protección, y agregó que el sistema existe para proteger a quienes de verdad temen ser perseguidos, no para quienes buscan usarlo como un atajo.
La entrevista de asilo ante un oficial se hace en un cuarto privado, sin fiscales de por medio, y el oficial está entrenado para entender las condiciones del país de origen del solicitante. La corte de inmigración funciona distinto, con un fiscal del gobierno presente y sin el derecho a que el Estado asigne un abogado gratuito, algo que en materia penal sí existe.
Esa diferencia toma más peso todavía en momentos donde a los solicitantes ya les cuesta más obtener información directa de la agencia.
Las cortes de inmigración, además, arrastran un rezago propio de 3 millones de casos, según reportó Los Angeles Times. El cambio llega, de hecho, después de que la administración despidió a más de 100 jueces de inmigración y los sustituyó por abogados militares y exfiscales del gobierno, muchos de los antiguos jueces habían sido nombrados durante el gobierno de Biden o antes ejercieron como abogados de inmigrantes.
Doris Meissner, exdirectora del Servicio de Inmigración y Naturalización y hoy especialista del Migration Policy Institute, cuestionó la lógica del cambio: “trasladar casos de una agencia con rezago a otra agencia con más rezago no tiene sentido”, dijo, y agregó que el objetivo real parece ser negar la mayor cantidad de casos posible, sin importar qué tan justa sea la decisión.
El golpe llega, además, encima de otro costo que ya enfrentan los solicitantes de asilo. Desde este año, USCIS cobra una tarifa anual a quienes tienen una solicitud de asilo pendiente, un pago que se suma ahora al riesgo de perder la entrevista y terminar frente a un juez sin haber cometido ningún error en su trámite.
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