Juez frena cambio de USCIS que afectaba a asilados y beneficiarios de TPS
Un juez federal de Massachusetts ordenó el pasado 21 de julio una suspensión de emergencia contra cuatro políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que amenazaban con dejar sin autorización de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La orden llegó apenas un día antes de que una de esas reglas, la que recortaba las extensiones automáticas de permiso para tres nacionalidades de TPS (El Salvador, Sudán y Ucrania), empezara a aplicarse este mismo 22 de julio, según confirmó Democracy Forward, el despacho legal que representa a las organizaciones que demandaron a la agencia.
El caso, presentado el 1 de julio ante la Corte de Distrito de Massachusetts bajo el número 1:26-cv-13038, fue promovido por la Asociación Venezolana de Massachusetts, la Alianza Nacional de TPS y otras tres organizaciones contra la USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Pese a lo anterior, el juez Nathaniel M. Gorton no bloqueó una de las medidas más señaladas del paquete: la tarifa anual que ya cobra USCIS a quienes piden asilo.
¿Qué políticas de USCIS quedaron congeladas por el fallo?
La demanda explica que las cuatro medidas forman parte de la manera en que USCIS decidió aplicar la ley conocida como H.R. 1, aprobada en 2025. Según ese documento, la agencia impuso los cambios sin abrir un periodo formal de comentarios públicos, paso que exige la Ley de Procedimiento Administrativo antes de modificar reglas que afectan derechos ya adquiridos:
- El aviso del Registro Federal de julio de 2025, que creó la tarifa anual para solicitantes de asilo y limitó a un año los permisos de trabajo del TPS
- La política del tope retroactivo de julio de 2025, que aplicó ese límite incluso a quienes ya tenían una renovación de permiso en trámite antes de que la regla existiera
- La actualización de marzo de 2026, que acortó con efecto retroactivo las extensiones automáticas de permiso de trabajo para beneficiarios de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania
- La regla final interina del 29 de abril de 2026, que ordenó rechazar de forma automática cualquier solicitud de asilo con la tarifa vencida, sin posibilidad de apelar
La tercera de esas medidas era la que golpeaba con más urgencia. Según la demanda, ponía en riesgo la autorización de trabajo de miles de beneficiarios de TPS de esos tres países desde este mismo 22 de julio, justo un día después de que el juez emitiera su orden.
¿Por qué la tarifa de asilo se volvió tan riesgosa de no pagar?
La ley H.R. 1 obliga a los solicitantes de asilo a pagar una tarifa anual mientras su caso siga abierto, fijada en 100 dólares por la propia norma, según el texto de la demanda, que cita directamente la sección 1808(b)(1) de esa ley. Para el año fiscal 2026 esa cifra ya subió a 102 dólares por el ajuste inflacionario. El problema, según los demandantes, no era la tarifa en sí, sino lo que activaba no pagarla a tiempo.
La regla del 29 de abril de 2026, la más reciente de las cuatro, ordenaba a USCIS rechazar de forma automática cualquier solicitud de asilo cuya tarifa no se hubiera pagado, incluso si la persona nunca hubiera recibido el aviso de cobro.
Ese rechazo, según la demanda, cancela de inmediato el permiso de trabajo, no puede apelarse y, al haber pasado ya el plazo de un año para pedir asilo, tampoco permite volver a presentar la solicitud. El propio documento advierte que quienes se quedan sin estatus legal después de un rechazo así pueden enfrentar un proceso acelerado de deportación.
¿Qué tan definitivo es este alivio judicial?
La orden firmada el martes por el juez Gorton es, en términos legales, una suspensión administrativa de emergencia bajo la sección 705 de la Ley de Procedimiento Administrativo, no un fallo definitivo sobre el fondo del caso.
El juez permitió que USCIS siga cobrando la tarifa anual de asilo, pero congeló las consecuencias de no pagarla a tiempo, es decir, el rechazo automático de la solicitud de asilo, la cancelación del permiso de trabajo y el inicio de un proceso de deportación por falta de pago, según reportó Bloomberg Law tras revisar directamente la orden judicial.
La suspensión estará vigente hasta que Gorton decida si concede una medida cautelar de más largo plazo, decisión que el propio juez adelantó para el 5 de agosto.
“Esta decisión protege a miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS de un daño inmediato e irreparable mientras el caso avanza. Sin este alivio, familias que han cumplido con la ley y confiado en protecciones humanitarias de larga data habrían enfrentado la pérdida repentina de su autorización de empleo y de su capacidad para mantenerse, sin ninguna culpa propia”, señaló la coalición demandante, integrada por Democracy Forward, el National Day Laborer Organizing Network y ASAP, en su comunicado conjunto del 21 de julio.
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