ICE obligará a usar cámaras corporales en paradas de tráfico tras muertes
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) exigirá que al menos un agente porte una cámara corporal encendida durante cada parada de tráfico, según confirmó el fin de semana el zar fronterizo Tom Homan en entrevista con el programa Face the Nation de CBS.
La orden llega después de que dos operativos vehiculares terminaran con la muerte de sendos inmigrantes en menos de una semana, uno en Texas y otro en Maine. Homan dijo que quiere que los agentes graben “porque exoneran a los agentes con más frecuencia de la que los incriminan” y que busca que el público vea exactamente lo que vieron los oficiales al momento de actuar.
Respecto a la fecha o momento de implementación, Homan aseguró que ICE ya compró las cámaras y que ahora entrena a los instructores que después capacitarán a los agentes de campo, pero no dio una fecha límite.
¿Qué exige la nueva política de cámaras corporales del ICE?
Según Homan, el director interino de ICE ya instruyó a los agentes para que usen una cámara corporal “siempre que sea posible” durante las paradas vehiculares. La medida se apoya en un programa que ICE arrancó en 2021 por mandato del Congreso.
Según la propia evaluación de impacto a la privacidad que ICE publicó en dhs.gov, la prueba piloto original se hizo en Atlanta, Los Ángeles y Salt Lake City para la división de arrestos y deportaciones, y en Houston, Nueva York y Newark para la de investigaciones criminales.
Para 2024, una actualización del mismo documento confirmó que el programa ya operaba a nivel nacional por áreas geográficas. En concreto, la política nueva contempla lo siguiente.
- Al menos un integrante de cada equipo de arresto debe portar una cámara encendida durante la parada.
- El material grabado podrá usarse como evidencia en investigaciones internas y en solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
- Los instructores reciben capacitación antes de que el equipo se distribuya a las oficinas regionales.
- El 9 de julio, tras el caso de Houston, un vocero del DHS dijo que la mitad de las oficinas de campo ya contaba con cámaras y que el resto las recibiría en 60 días.
Ese plazo se cumpliría apenas unos días después del anuncio de Homan, pero ni ICE ni DHS han confirmado si la meta se alcanzó. Homan responsabilizó a los legisladores demócratas del retraso, al vincularlo con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que duró 76 días entre febrero y abril, además de otro cierre de gobierno de 43 días a finales de 2025.
Los congresistas demócratas habían condicionado el financiamiento del DHS a que se impusieran controles sobre ICE y la Patrulla Fronteriza, entre ellos las cámaras corporales, luego de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero.
Con la reconciliación presupuestaria, los republicanos ya habían destinado 175 mil millones de dólares al DHS para la aplicación de la ley migratoria, y tras el cierre reciente aprobaron otros 75 mil millones para ICE y la Patrulla Fronteriza vigentes hasta septiembre de 2029.
¿Cómo se llegó hasta aquí: la pausa que duró apenas dos días?
Todo se aceleró el 13 de julio, cuando agentes de ICE intentaron detener el vehículo de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años con autorización de trabajo vigente, en Biddeford, Maine.
El DHS afirmó que el vehículo intentó huir y que un oficial disparó por temor a la seguridad pública, sin aportar evidencia que respalde esa versión. El propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo primero al senador Angus King que Durán Guerrero era el objetivo de una orden de arresto, y unas tres horas más tarde corrigió esa versión para decir que en realidad buscaban a otra persona.
Al día siguiente, la oficina de King confirmó que el DHS pausaría la mayoría de las paradas vehiculares no urgentes, después de que la senadora Susan Collins también le pidiera a Mullin frenarlas. Pero la calma duró apenas 48 horas: el 16 de julio, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que las paradas continuaban, horas después de que el propio presidente Trump escribiera en Truth Social que ICE no podía renunciar a “una de sus herramientas más importantes contra el crimen”.
Leavitt explicó que ya se había dado instrucción verbal a todas las oficinas del DHS en el país para retomarlas.
La pausa, de hecho, nunca cubrió a toda la agencia. Sólo aplicaba a Enforcement and Removal Operations (ERO), la división que ejecuta arrestos y deportaciones, no a Homeland Security Investigations (HSI), la división de investigaciones criminales.
Esa distinción quedó expuesta un día después de que se anunciara la pausa, cuando un hombre murió atropellado por un camión con remolque en una gasolinera de St. Augustine, Florida, mientras huía de un encuentro con agentes de ICE y de HSI.
¿Qué se sabe de las dos muertes que detonaron la crisis?
La primera ocurrió el 7 de julio en Houston, cuando agentes le dispararon a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que llevaba más de tres décadas viviendo en EE. UU. y que, según su familia, estaba cerca de conseguir un permiso de trabajo; ese día conducía a una cuadrilla de construcción rumbo a una obra.
El DHS reconoció después que Salgado Araujo no era el objetivo de la vigilancia: los agentes habían identificado antes furgonetas blancas en la dirección que vigilaban, y al ver la suya con alguien que se parecía al sospechoso, iniciaron la parada.
La agencia sostiene que intentó embestir a un oficial, que disparó en defensa propia, pero familiares y defensores de derechos civiles disputan parte de esa versión, y ninguna cámara registró lo ocurrido porque esa oficina de campo todavía no tenía el equipo asignado.
El caso dejó además detenidos al hermano de Salgado Araujo y a otras dos personas que viajaban con él ese día. La organización LULAC ofrece 5 mil dólares de recompensa a testigos que aporten información sobre lo ocurrido, y la fiscalía del condado de Harris abrió una investigación propia, en consulta con fiscales de Minneapolis que ya llevaron un caso similar contra agentes federales.
Un exfuncionario de la propia agencia puso el caso en contexto legal. Paul Hunker, quien fue abogado principal de ICE en Dallas, recordó que la política del DHS sobre uso de la fuerza sólo permite disparar contra un vehículo en fuga cuando representa una amenaza real de muerte o lesión grave para el agente o para terceros, no únicamente para evitar que la persona escape. Ni en Houston ni en Maine hubo un video que confirmara esa amenaza.
Sarah Saldaña, quien dirigió ICE durante el gobierno de Obama, calificó la pausa —mientras duró— como “una medida muy práctica” para que la agencia entrene mejor a sus oficiales. Lauren Bonds, directora del National Police Accountability Project, fue más allá y advirtió que sin cámaras es casi imposible exigirle cuentas a ICE cuando el único relato disponible es el de la propia agencia.
Ese reclamo no es nuevo: agentes federales de inmigración han disparado contra 22 personas y matado a seis, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, desde que comenzó la segunda administración Trump.
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