Bajo la lupa del Congreso: el negocio que cobra miles de dólares por dar a luz en EE. UU. y así obtener la ciudadanía
El Congreso de Estados Unidos investiga a clínicas y médicos que cobran miles de dólares a mujeres extranjeras por dar a luz en el país, bajo la promesa de una ciudadanía estadounidense automática para sus hijos.
Wladimir Lorentz, fundador y director médico de la clínica “Have My Baby in Miami” (“Ten a tu bebé en Miami”), fue citado bajo subpoena y compareció el 1 de septiembre de 2026 ante un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes encabezado por el republicano Brandon Gill, según confirmó la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.
¿Qué es el turismo de nacimiento y cuál es su impacto?
El sitio web de Lorentz, ya desactivado, promocionaba más de 2,000 partos atendidos a pacientes internacionales, una cifra que el propio Gill le confrontó directamente durante el interrogatorio.
La práctica se conoce como “turismo de nacimiento” y consiste en viajar a Estados Unidos con el único propósito de dar a luz, para que el hijo nazca con la ciudadanía que protege la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868.
La audiencia contra Lorentz llega en medio de una ofensiva más amplia del gobierno de Trump contra esta práctica, que combina nuevas órdenes ejecutivas con un fallo reciente de la Corte Suprema sobre los límites mismos de la ciudadanía por nacimiento. La Casa Blanca enmarcó esa ofensiva como una defensa “del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, título textual del comunicado oficial que acompañó las nuevas órdenes ejecutivas.
Cada año nacen en el país unos 8,700 bebés de madres extranjeras con domicilio en el exterior, de acuerdo con el análisis de datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que presentó ante el comité Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración (CIS).
Esa cifra puede llegar a cerca de 26,000 nacimientos al año si se cuenta a todas las mujeres que dan a luz con visa de turista, según el registro oficial de la audiencia difundido por la Comisión de Supervisión. El propio Camarota calculó que la atención médica de esos partos le cuesta al erario decenas de millones de dólares al año, y señaló a ciudadanos de Rusia, China, Turquía y Brasil, entre otros países, como los principales usuarios del esquema.
¿Qué encontró el Congreso sobre la clínica de Miami?
Durante el interrogatorio, Lorentz se acogió a la Quinta Enmienda —el derecho constitucional a no autoincriminarse— cada vez que un legislador le preguntó si su clínica facilitaba viajes de turismo de nacimiento, si había atendido a miembros del Partido Comunista Chino que buscaban la ciudadanía para sus hijos, si tenía vínculos con organizaciones como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha (MS-13), o por qué modificó el contenido de su sitio web después de recibir cartas de investigación en mayo de 2026, de acuerdo con el resumen de la audiencia publicado por la Comisión de Supervisión.
El presidente del comité, Brandon Gill, fue el más insistente y le recordó al médico, frente a su negativa a responder, que su propio sitio presumía la cifra de más de 2,000 partos (“tu sitio dice que ha habido más de 2,000 entregas de pacientes internacionales, así que creo que podemos asumir que son más de 2,000”, le dijo).
El presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, cuestionó de forma más directa quién paga por un procedimiento tan costoso, mientras que el representante Michael Cloud advirtió que los países menos amistosos con Estados Unidos parecen ser los que más aprovechan el esquema, de acuerdo con la transcripción de la audiencia difundida por el comité.
A la par de Lorentz, el comité también identificó a Julio César Novoa, director médico y propietario de otra clínica de Miami llamada International Maternity Services, quien recibió una invitación para testificar en la misma audiencia, según el anuncio original de la Comisión de Supervisión.
¿Cómo planea el gobierno frenar estas clínicas?
Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, testificó ante el comité con una serie de recomendaciones concretas para cerrar el negocio, basadas en usar las mismas leyes de fraude migratorio que ya existen en vez de crear una prohibición nueva. Sus propuestas, recogidas en el resumen oficial de la audiencia, incluyen:
- Procesar a las turistas de nacimiento bajo las leyes de fraude de visa ya existentes
- Instruir a los oficiales consulares para que pregunten directamente sobre intenciones de embarazo o parto al momento de solicitar la visa
- Excluir a las mujeres embarazadas de la elegibilidad para visas de turista
- Implementar protocolos de revisión en los puntos de entrada al país
Ninguna de estas medidas requiere una ley nueva del Congreso, y por eso el gobierno de Trump ya empezó a aplicar varias de ellas por la vía de órdenes ejecutivas y directrices administrativas, sin esperar una votación legislativa.
¿Sigue naciendo con ciudadanía un bebé de padres extranjeros?
La Corte Suprema confirmó, en un fallo de seis votos contra tres emitido el 30 de junio de 2026 en el caso Trump contra Barbara, que los hijos de padres extranjeros nacidos en territorio estadounidense siguen naciendo con la ciudadanía que protege la Enmienda 14, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Con esa decisión, la Corte tumbó la orden ejecutiva 14160, con la que Trump había intentado eliminar ese derecho desde su primer día del segundo mandato, según el propio fallo publicado por la Corte Suprema.
Semanas después, el 6 de agosto de 2026, Trump firmó dos nuevas órdenes ejecutivas que no buscan revertir esa ciudadanía ya otorgada, sino cerrar la puerta antes de que el bebé nazca.
La primera identifica categorías específicas de hijos de extranjeros sin derecho a la ciudadanía automática, dentro de las excepciones que la propia Corte reconoció como válidas; la segunda ordena a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional frenar directamente las prácticas de turismo de nacimiento, según el comunicado oficial de la Casa Blanca.
En la práctica, esto significa que el gobierno persigue a las clínicas y a los viajes fraudulentos antes del parto —por la vía de visas negadas o revocadas y cargos de fraude migratorio—, no la ciudadanía del bebé una vez que ya nació en suelo estadounidense.
¿Es la primera vez que se persigue este tipo de negocio?
En enero de 2019, mucho antes de que el caso Lorentz llegara al Congreso, fiscales federales ya habían acusado a 19 personas por operar tres redes de “casas de maternidad” en el sur de California —You Win USA, USA Happy Baby Inc. y Star Baby Care— que ofrecían a mujeres chinas embarazadas alojamiento, transporte y coordinación de partos en hospitales estadounidenses a cambio de sumas que iban de los 40,000 a los 100,000 dólares por cliente, de acuerdo con el comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Solo Star Baby Care llegó a atender a unas 8,000 mujeres embarazadas a lo largo de sus operaciones, según la misma fuente.
Los operadores instruían a sus clientas para mentir en sus solicitudes de visa sobre la duración y el propósito real del viaje, y algunas fueron dirigidas a entrar por Hawái en lugar de Los Ángeles para evitar inspecciones fronterizas más estrictas, detalló entonces la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California. Las acusaciones formales incluyeron:
- Conspiración para cometer fraude migratorio.
- Fraude de visa.
- Lavado internacional de dinero.
- Robo de identidad.
- Fraude fiscal y fraude matrimonial.
“El estilo de vida estadounidense no está en venta”, dijo en ese momento Joseph Macias, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, parte de ICE), quien advirtió que la agencia perseguiría “de forma agresiva” a quienes buscaran burlar las leyes migratorias de esta manera, según el mismo comunicado de ICE.
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