Niños latinos en las escuelas públicas en Estados Unidos: qué derechos tienen y por qué no deben dejar de asistir
Decenas de miles de niños latinos han dejado de ir a la escuela en los primeros meses de 2026. La matrícula del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles cayó un 4% en el ciclo 2025-26, según datos del propio distrito. En tanto, en Massachusetts, GBH News documentó que Lynn Public Schools perdió más de 600 estudiantes entre enero de 2025 y enero de 2026.
Pero lejos de considerarse una “crisis” educativa, la verdadera razón procede de un tema migratorio: una encuesta del Urban Institute encontró que el 10% de los adultos de familias inmigrantes reportó no enviar a sus hijos a clases por miedo a operaciones de ICE.
Sin embargo, hay una distinción legal que muchas de esas familias desconocen. Desde 1982, una sentencia de la Corte Suprema garantiza a todos los menores, con o sin documentos, el derecho a la educación pública gratuita de kindergarten a doceavo grado. Esa garantía sigue vigente, pero lo que cambió en enero de 2025 generó una confusión que tiene consecuencias directas en la asistencia escolar.
¿Qué derechos tienen los niños inmigrantes en las escuelas públicas?
El fallo Plyler v. Doe estableció que negar educación pública a un menor por su condición migratoria viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, según explica el National Immigration Forum (Forum). Ninguna escuela puede rechazar la inscripción de un niño por carecer de documentos, exigir número de Seguro Social como condición de ingreso ni preguntar sobre el estatus migratorio del estudiante o su familia.
Los distritos con alumnos de dominio limitado del inglés también tienen la obligación de comunicarse con los padres en un idioma comprensible, incluyendo reportes de calificaciones y cualquier proceso relacionado con el menor.
Aunado a lo anterior, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), prohíbe que las escuelas compartan información personal de los estudiantes con terceros, incluido ICE, según documenta la organización NILC. Un agente migratorio no puede llegar a un plantel y exigir expedientes de alumnos ni usar los datos del distrito para identificar familias. Los maestros y directores tampoco están obligados a responder preguntas de ICE sobre sus estudiantes, y hacerlo podría exponer al distrito a consecuencias legales.
Ambos marcos legales — Plyler y FERPA — siguen siendo ley federal vigente y hasta ahora ningún decreto ejecutivo los ha modificado. Organizaciones como el National Immigration Forum y NILC ofrecen guías en español sobre estos derechos, disponibles de forma gratuita en sus sitios web.
¿Qué cambió con la administración Trump y qué no cambió?
El 21 de enero de 2025, la administración eliminó la política que designaba escuelas, iglesias y hospitales como “lugares sensibles” donde ICE debía evitar operar, según confirmaron PBS News y K-12 Dive. Bajo esa política anterior, los agentes evitaban actuar en recintos educativos salvo circunstancias extraordinarias. Su eliminación no otorgó nuevos poderes legales a ICE, pero quitó una restricción que funcionaba en la práctica como barrera.
Para entrar a espacios privados como salones de clase, ICE sigue necesitando una orden judicial federal firmada por un juez, no una orden administrativa, según la firma legal de Fisher Phillips en su guía para distritos escolares. Los directores y el personal escolar no están obligados a abrir esas áreas si los agentes no presentan ese documento.
Los efectos del cambio se sintieron de inmediato en varias comunidades del país. CNN reportó que en Minneapolis un niño de cinco años de origen ecuatoriano fue detenido mientras regresaba de la escuela con su padre, y que en Minnesota más de 50 estudiantes no volvieron a clases tras las vacaciones de invierno. El Proyecto Marshall documentó en abril de 2026 que durante el segundo mandato de Trump más de 6,200 menores han sido detenidos por autoridades migratorias, incluyendo al menos 20 infantes.
¿Por qué quedarse en casa puede ser más riesgoso que ir a la escuela?
Pese a todo lo anterior, lo cierto es que el ausentismo prolongado tiene consecuencias que van mucho más allá del rezago académico. Un niño que deja de asistir pierde continuidad escolar, eleva su riesgo de abandono definitivo y en muchos casos también pierde acceso a servicios de salud mental, alimentación y apoyo psicológico que el plantel provee. Para las familias de bajos ingresos, la escuela es frecuentemente la única red de contención disponible para los menores.
Brookings Institution advierte en un análisis reciente que el ausentismo masivo en comunidades inmigrantes está generando daños educativos que tomarán años en revertirse, independientemente de cómo evolucione la política migratoria.
The 74 Million documentó cómo miles de estudiantes inmigrantes abandonaron las escuelas del LAUSD tras las primeras semanas de operativos, y varios maestros del área reportaron un aumento visible en problemas emocionales y de conducta entre los alumnos que sí permanecieron.
¿Hasta cuándo estará vigente la sentencia que los protege?
Legisladores de al menos seis estados — Idaho, Indiana, Nueva Jersey, Oklahoma, Tennessee y Texas — han presentado proyectos de ley para prohibir que niños sin documentos asistan a escuelas públicas o para obligar a los distritos a verificar el estatus migratorio de sus alumnos, según documentó Education Week. La Fundación Heritage, vinculada al Proyecto 2025, ha impulsado esas iniciativas con el objetivo explícito de llegar a la Corte Suprema y lograr que revoque Plyler v. Doe. Hasta ahora, ninguno de esos proyectos se ha convertido en ley.
Mientras eso no ocurra, la ley protege a todos los niños. Los abogados especializados recomiendan que las familias conserven los registros de inscripción, eviten firmar documentos escolares que soliciten información migratoria y conozcan de antemano cómo contactar a una organización de defensa legal si algún plantel les exige información que no están obligados a dar.
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