Cómo el DMV de California empezó a compartir datos de inmigrantes con el Gobierno federal y qué pueden hacer
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California está a punto de entregar a una organización privada los registros de más de un millón de personas indocumentadas que obtuvieron su licencia bajo la ley AB 60.
La decisión, confirmada por funcionarios del estado al medio independiente CalMatters, responde a una exigencia federal: si California no comparte esos datos, el Departamento de Seguridad Nacional podría dejar de aceptar las licencias californianas como identificación en aeropuertos. Ante esto, grupos de defensa de inmigrantes han llamado a la acción como “una traición”.
El punto más delicado no es qué información se comparte sino cómo queda registrada. Según un manual interno obtenido por CalMatters, la base de datos incluirá los últimos cinco dígitos del número de seguro social de cada titular, y a quienes no tienen número el sistema les asignará el código sustituto “99999”, lo que en la práctica convierte ese campo en un marcador de estatus migratorio.
¿Por qué California decidió compartir estos datos ahora?
La presión viene de la Real ID Act de 2005, que establece requisitos mínimos para que los estados puedan usar sus identificaciones en instalaciones federales. California lleva décadas emitiendo licencias a personas sin documentos bajo la premisa de que esa información nunca sería utilizada para determinar ciudadanía o procesar deportaciones.
Cumplir con la normativa rompe ese compromiso, según los activistas que participaron en una reunión con el DMV y la oficina del gobernador Gavin Newsom. La información iría al sistema State-to-State Verification de la American Association of Motor Vehicle Administrators, una organización sin fines de lucro cuyos directivos son funcionarios de DMVs de todo el país.
Para ejecutar la transferencia, la Legislatura de California tendría que aprobar $55 millones y posiblemente modificar una ley existente que hoy prohíbe compartir números de seguro social del DMV para fines distintos a deudas fiscales, multas o pensión alimentaria.
¿Qué tan real es el riesgo de que ICE acceda a estos datos?
La organización de administradores aseguró que las búsquedas masivas están prohibidas y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza no tendrán acceso al sistema. Pero los defensores no están convencidos. “Una vez que estos datos estén en manos de la AAMVA, quedan fuera del control de California”, advirtió Ed Hasbrouck, del grupo The Identity Project en San Francisco.
El problema son las órdenes judiciales acompañadas de cláusulas de confidencialidad — en esos casos, la organización no podría siquiera notificar a California que los datos fueron solicitados.
CalMatters documentó en 2025 y 2026 casos en que agencias locales de seguridad compartieron datos con ICE y la Patrulla Fronteriza violando la ley estatal. Que algo esté explícitamente prohibido no ha sido garantía suficiente.
Mientras el proceso legislativo sigue abierto, quienes tienen una licencia AB 60 pueden considerar algunas opciones:
- Verificar si viven en una ciudad o condado santuario con políticas activas de no cooperación con ICE.
- Obtener un pasaporte — la alternativa de identificación más sólida para trámites federales. Más del 60% de los californianos ya cuentan con uno.
- Consultar con un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión sobre su licencia o documentación.
- Solicitar la cancelación voluntaria de la licencia, opción que el DMV reconoce, aunque hay que considerar que conducir sin licencia es ilegal en California.
Tracy Rosenberg, directora de defensa de Oakland Privacy, fue directa al evaluar la decisión: “Les dijimos a los titulares de licencias AB 60 que esto nunca ocurriría, pero está ocurriendo. Es una traición directa.”
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