Denuncias, cartas y un portazo: así escaló el choque entre México y EE. UU. por las muertes ligadas a ICE
El gobierno de Estados Unidos rechazó esta semana los reclamos formales que México había presentado por la muerte de 17 connacionales relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y le pidió a la Cancillería mexicana apegarse a los canales diplomáticos de siempre.
A través de un mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental publicó en redes sociales, Michael Kozak, alto funcionario de la misma dependencia, devolvió al embajador mexicano Roberto Lazzeri las cartas porque, según dijo, pretendían dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos.
La embajada mexicana respondió el mismo día que sus comunicaciones se apegaron a un tratado internacional que ambos países ya firmaron, aunque no aclaró qué pasará con las 20 denuncias penales que México ya había presentado por esas muertes.
¿Por qué México le escribió al gobierno de EE. UU.?
Desde que inició el segundo mandato de Donald Trump, 17 mexicanos han muerto en hechos relacionados con el ICE: 14 bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La carta que EE. UU. rechazó era justamente una de “cese y desistimiento” dirigida al centro de detención de Adelanto, en California, operado por la empresa privada GEO Group, donde han muerto cuatro connacionales. El objetivo, según la SRE, era exigir que se detuvieran de inmediato las prácticas que llevaron a esas muertes, como negar el acceso rápido a atención médica.
La embajada de México aclaró después que la carta no buscaba intervenir en las funciones de las autoridades estadounidenses, sino pedirle a la empresa que opera el centro que cumpla sus propios protocolos y garantice los derechos humanos de las personas detenidas.
¿Qué otras acciones legales ya tomó México?
Además de esa carta, el gobierno mexicano ha impulsado:
- Veinte denuncias penales ante fiscalías estatales y de condado en ocho estados: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas
- Una denuncia directa ante el Departamento de Justicia de EE. UU., preparada junto con la Fiscalía General de la República
- Una comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidiéndole investigar si estos hechos violan tratados internacionales
Uno de los casos que detonó esta ofensiva legal fue el de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, baleado por un agente del ICE el 7 de julio en Houston. El DHS dijo que actuó en defensa propia porque Salgado intentó atropellarlo durante lo que llamó un “operativo dirigido”. Pero ese mismo día, la congresista Sylvia García confirmó que Salgado en realidad no era el objetivo del operativo. Su familia asegura que llevaba unos 35 años viviendo en el país y que estaba en trámite para obtener un permiso de trabajo.
¿Qué puede esperar México sobre estas denuncias?
No todos ven estas acciones de México con el mismo optimismo. Ilan Katz, abogado penalista y presidente de la Fundación Barra Mexicana, le dijo a Courthouse News que, en la práctica, México tiene poco margen legal real para forzar a Estados Unidos a actuar, y que la ONU tampoco tiene jurisdicción sobre el caso. Aun así, señaló que el gesto tiene peso político puertas adentro.
Con la carta ya rechazada y sin respuesta clara sobre las otras 20 denuncias, la pregunta que queda abierta es si el Departamento de Justicia estadounidense siquiera va a abrir las investigaciones que México pidió.
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