TPS para venezolanos, salvadoreños y hondureños en 2026: qué está pasando y qué debes hacer ahora
La Corte Suprema resolvió, el 25 de junio, la pregunta que tenía en vilo al Estatus de Protección Temporal (TPS) de medio continente.
El fallo, en los casos combinados Trump v. Miot y Mullin v. Dahlia Doe, determinó que el Poder Ejecutivo sí puede terminar designaciones de TPS sin que los tribunales revisen esa decisión, con una votación de seis contra tres. La decisión resolvió directamente los casos de Haití y Siria, pero sus efectos ya se sienten en Venezuela, Honduras y El Salvador, cada uno en un punto distinto del proceso.
Por lo anterior, ningún país quedó en la misma situación que el otro. Venezuela ya perdió el TPS salvo para un grupo específico, Honduras lo perdió con un litigio que sigue abierto hasta noviembre, y El Salvador todavía lo conserva, aunque el Gobierno ya se saltó la fecha límite legal para anunciar qué hará con él.
¿Qué cambió con el fallo de la Corte Suprema?
La Corte determinó que la ley que creó el TPS le impide a los tribunales revisar las decisiones del secretario de Seguridad Nacional para terminar una designación, según reportó SCOTUSblog.
Esto no sólo definió el destino de Haití y Siria: también debilitó el argumento legal que Honduras, Nicaragua y Nepal venían usando en sus propias demandas, porque ese argumento dependía de que un tribunal pudiera cuestionar la decisión del Gobierno, de acuerdo con el análisis de la firma Fragomen.
¿Cómo quedó el TPS de Venezuela tras el fallo?
Las dos designaciones de TPS para Venezuela ya estaban terminadas antes de este fallo: la de 2021, por un aviso administrativo del DHS efectivo desde el 7 de noviembre de 2025, y la de 2023, desde el 3 de octubre de ese mismo año, después de que la Corte Suprema permitiera con una orden de emergencia que esa terminación específica entrara en vigor.
Sólo un grupo puntual conserva protección vigente: quienes recibieron un documento de TPS —EAD, Formulario I-797 o I-94— en o antes del 5 de febrero de 2025, con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, gracias a una orden separada de un juez del Distrito Norte de California.
Quien haya presentado a tiempo una renovación del EAD (Formulario I-765) antes de que venciera su documento puede tener, además, una extensión automática de hasta 540 días desde la fecha impresa en la tarjeta, siempre que pueda mostrar el EAD vencido junto con el aviso de recibo del USCIS que confirma la renovación.
Pese a lo anterior, los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de mil 943 muertos según el último conteo disponible a finales de ese mes, reavivaron la presión política a favor de Venezuela. Congresistas como María Elvira Salazar pidieron una nueva designación de TPS para los afectados, pero ni el DHS ni el USCIS han confirmado ningún cambio de política a raíz de la tragedia.
¿Por qué Honduras y El Salvador están en situaciones tan distintas?
Honduras perdió el TPS el 8 de septiembre de 2025. Un juez anuló esa terminación el 31 de diciembre, pero el Noveno Circuito revirtió la anulación el 9 de febrero de 2026, así que la protección sigue sin vigencia mientras el caso continúa.
El fallo final del Noveno Circuito no se espera antes de noviembre de 2026, y el litigio que aún sigue en pie ya perdió parte de su base legal por el fallo de la Corte Suprema de junio.
El Salvador, en cambio, todavía tiene TPS activo hasta el 9 de septiembre de 2026. La ley obliga al Gobierno a anunciar si lo extiende o lo termina al menos 60 días antes del vencimiento —es decir, a más tardar el 11 de julio—, y esa fecha ya pasó sin ningún anuncio público.
El secretario Mullin sí respondió cartas de congresistas el 2 de julio mencionando “vías alternativas” para que los beneficiarios permanezcan en el país, sin confirmar qué pasará con la designación en sí. Cuando el Gobierno no cumple ese plazo, la ley prevé que el TPS se extienda automáticamente por un periodo adicional, aunque hasta ahora no hay confirmación de que el DHS haya reconocido o activado esa extensión para El Salvador.
¿Qué alternativas legales existen mientras tanto?
Según Ilabaca Law y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, éstas son algunas alternativas para quienes aún cuentan con TPS:
- Asilo, para quienes tienen temor fundado de persecución en su país, generalmente dentro del primer año de su última entrada a EE. UU.
- Retención de remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura, que se puede pedir ante un juez de inmigración sin el límite de un año que aplica al asilo
- Peticiones familiares (Formulario I-130), si un cónyuge, padre o hijo mayor de 21 años tiene ciudadanía o residencia permanente
- Cancelación de remoción, para quienes acumulan al menos 10 años de presencia continua y pueden demostrar que su deportación causaría un daño extremo a un familiar ciudadano o residente
- Visa U o VAWA, para víctimas de delitos que cooperaron con las autoridades o sufrieron abuso de un familiar ciudadano o residente
Ninguna de estas opciones sustituye de forma inmediata al TPS, y elegir la correcta depende de la situación migratoria de cada persona.
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