Ser ciudadano ya no es garantía: el plan que amenaza a miles de inmigrantes naturalizados
El gobierno de Donald Trump multiplicó en cuestión de semanas el ritmo con el que pide a los tribunales que le retiren la ciudadanía a inmigrantes ya naturalizados. Durante décadas, el promedio histórico de este tipo de demandas fue de menos de una al mes a más de una decena en la actualidad.
Solo en mayo pasado, se presentaron 15, y en la primera quincena de junio ya sumaban 18 más, según un conteo del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el centro de investigación de la Universidad de Syracuse que revisa caso por caso en las cortes federales.
La cifra contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando la administración apenas presentó ocho demandas de este tipo en todo el año. Para 2026 la meta es distinta: de acuerdo con el Migration Policy Institute, el gobierno ya había identificado 384 casos potenciales para abril y planea llegar a 250 procesos formales para octubre.
¿Qué puede hacer que alguien pierda una ciudadanía ya obtenida?
Perder la ciudadanía por la vía de la desnaturalización no depende de una sola causa ni ocurre de forma automática. Existen tres caminos legales para que un tribunal federal revoque una naturalización ya otorgada, y el gobierno decidió usarlos con más frecuencia que en cualquier otro momento desde la década de 1960:
- No haber cumplido en realidad los requisitos para naturalizarse, incluida la llamada “buena conducta moral” en los 5 años previos a la solicitud (3 si la residencia se obtuvo por matrimonio con una persona ciudadana).
- Haber ocultado un hecho relevante o mentido de forma deliberada durante el trámite, por ejemplo esconder un vínculo con una organización terrorista o un gobierno totalitario.
- Haber obtenido la ciudadanía por servicio militar, pero recibir después una baja deshonrosa antes de completar 5 años en filas.
En agosto de 2025, Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) endureció justo el primero de esos criterios, según un memorando interno de la agencia que ahora exige un análisis más riguroso del cumplimiento fiscal, el nivel educativo y la participación comunitaria del solicitante.
Ese mismo año, el Departamento de Justicia (DOJ) ya había fijado la desnaturalización como una de sus prioridades civiles, en un memorando de junio de 2025 firmado por el fiscal general adjunto de la División Civil, Brett Shumate.
Ese documento enlista 10 categorías de casos a perseguir, entre ellas:
- Amenazas a la seguridad nacional
- Vínculos con cárteles
- Delitos graves no declarados durante el trámite migratorio previo
Aunado a lo anterior, el propio memorando aclara que la división “conserva la discreción para perseguir casos fuera de estas categorías” cuando lo considere pertinente. Esa cláusula es, para organizaciones como el Migration Policy Institute, la que más preocupa a quienes ya tienen pasaporte estadounidense.
¿Qué pasa si a alguien realmente le quitan la ciudadanía?
La mayoría de estos procesos se tramita por la vía civil, no penal, lo que cambia las reglas del juego para la persona acusada. En un juicio civil de desnaturalización no hay derecho a un abogado pagado por el gobierno ni un estándar de prueba tan estricto como en lo penal, a diferencia de la vía criminal, que sí exige probar los hechos más allá de toda duda razonable y otorga derecho a jurado.
Quien pierde el proceso no solo deja de ser ciudadano: regresa al estatus migratorio que tenía justo antes de naturalizarse, ya sea de residente permanente u otro, y desde ahí puede quedar sujeto a un proceso de deportación como cualquier otro inmigrante. Es un desenlace similar al que ya enfrentan otras personas detenidas por el ICE mientras prueban su estatus legal ante un juez.
Entre los casos ya presentados por el DOJ está el de un exmarine nacido en Ghana, dado de baja de forma deshonrosa antes de cumplir 5 años de servicio, tras ser condenado en consejo de guerra por intentar abusar sexualmente de quien creyó que era una menor de 14 años.
¿Por qué esto no se veía desde hace más de medio siglo?
Antes de 1967, desnaturalizar a alguien era relativamente común: se registraron más de 22 mil casos entre 1907 y ese año, muchos dirigidos contra presuntos anarquistas o comunistas. Ese patrón cambió con el caso Afroyim vs. Rusk, cuando la Suprema Corte determinó que la Decimocuarta Enmienda le impide al Congreso quitarle la ciudadanía a alguien salvo en casos de fraude comprobado. Desde entonces y hasta 2017, menos de 150 personas perdieron su ciudadanía en total.
Ese freno histórico es justo lo que la actual administración busca superar, aunque el propio Migration Policy Institute advierte que buena parte del objetivo real podría no ser lograr miles de desnaturalizaciones, sino sembrar incertidumbre entre inmigrantes que llevan años con pasaporte estadounidense.
Dos iniciativas en el Senado —la SCAM Act y la Fraud Accountability Act— buscan además facilitar todavía más ese camino legal, surgidas después de un escándalo de fraude a servicios sociales vinculado a inmigrantes somalíes en Minnesota.
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