La vía legislativa que podría darle a miles de beneficiarios del TPS un camino a la residencia permanente
La Corte Suprema despejó en junio el camino para que el gobierno terminara con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de países como Haití y Siria, el cual, finalmente, llegó a la fecha límite: el 27 de julio.
Desde entonces la protección de miles de personas se sostiene solo mediante prórrogas cortas ordenadas por tribunales, sin garantía de que se repitan. Frente a ese escenario, un grupo bipartidista de legisladores presentó una petición para forzar una votación sobre una ley que podría convertir esa protección temporal en residencia permanente: la American Dream and Promise Act.
Detrás del esfuerzo están las demócratas Sylvia Garcia y Delia Ramirez, junto con la republicana María Elvira Salazar, co-líder original de la iniciativa. La petición necesita el respaldo de 218 representantes —la mayoría de los 435 asientos de la Cámara— para obligar a que el proyecto se someta a votación, un umbral que todavía no alcanza.
¿Qué es una petición de descargue y qué la activó en este caso?
Una petición de descargue es un mecanismo del reglamento de la Cámara de Representantes que permite a un grupo de legisladores forzar una votación sobre un proyecto de ley, sin necesidad de que la dirigencia del Congreso decida llevarlo al pleno.
La representante Sylvia Garcia presentó formalmente la petición el 20 de julio de 2026, con el respaldo de Ramirez y Salazar, para forzar un voto sobre el American Dream and Promise Act, conocido formalmente como H.R. 1589.
“Esto no es una advertencia sobre lo que podría pasar. Los dreamers están perdiendo sus empleos, siendo detenidos y deportados en este momento. Quienes tienen TPS y han vivido aquí durante décadas están recibiendo instrucciones de prepararse para irse. El Congreso tiene el poder de detener esto”, dijo Garcia en el comunicado conjunto de su oficina con Ramirez, al reclamar que no hay excusa para “escudarse” detrás del presidente de la Cámara, Mike Johnson, mientras las familias son separadas.
El proyecto no es nuevo, pues Ramirez lo reintrodujo en febrero de 2025 junto con más de 200 legisladores, y la Cámara ya lo había aprobado con respaldo bipartidista en 2019 y 2021, sin que llegara a convertirse en ley.
¿Qué ganarían los beneficiarios del TPS y los dreamers si el proyecto avanza?
El American Dream and Promise Act combina el Dream Act y el American Promise Act en un solo paquete. Según el comunicado de la representante Salazar, co-líder republicana del proyecto, la ley haría lo siguiente para cada grupo:
- Para beneficiarios del TPS: establecería una vía hacia la residencia permanente legal, protegería a los solicitantes de la deportación mientras su trámite esté pendiente, y reemplazaría la protección humanitaria temporal por un estatus fijado en una ley del Congreso.
- Para los dreamers: establecería una vía ganada hacia la residencia permanente condicional, con protección durante el trámite, y exigiría haber llegado al país antes de los 18 años, cumplir requisitos educativos y de antecedentes, y completar estudios superiores, servicio militar o una trayectoria laboral para eliminar la condicionalidad del estatus.
Para los beneficiarios de TPS, el cambio central sería sustituir una protección temporal y revisable por un estatus permanente fijado en una ley del Congreso. “Dreamers didn’t choose how they got here, but they chose what to do once they arrived”, dijo Salazar en el mismo comunicado, al explicar por qué firmó la petición pese a pertenecer al partido que controla la Cámara.
¿Por qué creció la presión detrás de esta petición?
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema falló, por seis votos contra tres, que las decisiones del Ejecutivo para terminar el TPS no pueden ser revisadas por los tribunales, según LeadingAge y el Servicio de Investigación del Congreso. El fallo le retiró a los tribunales la posibilidad de frenar las terminaciones de TPS, y dejó ese futuro casi enteramente en manos del gobierno.
Haití es de los casos más visibles: casi 350 mil personas dependen de esa protección y desde el fallo su TPS se sostiene solo mediante prórrogas cortas ordenadas por tribunales. La más reciente, confirmada el 24 de julio, extendió la autorización hasta el 27 de julio, mientras el litigio de fondo sigue abierto en una corte federal de Washington D.C.
Hondureños y nicaragüenses ya perdieron por completo su TPS, mientras salvadoreños conservan protección vigente aunque con fecha de vencimiento cercana. El mismo patrón de incertidumbre afecta a los venezolanos que aún mantienen su estatus gracias a una orden judicial aparte.
¿Cuántas firmas hacen falta?
Al corte más reciente del registro oficial de la Cámara, la petición acumulaba 210 firmas, ocho menos de las 218 necesarias, con la última registrada el 23 de julio a nombre del republicano Brian Fitzpatrick.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
