La propuesta en el Congreso para proteger de ICE a quienes viajan en trámite migratorio
La representante demócrata Rashida Tlaib presentó esta semana un proyecto de ley para prohibir que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) siga compartiendo datos de pasajeros con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La iniciativa busca frenar arrestos migratorios ocurridos dentro de aeropuertos estadounidenses contra personas que se encuentran en medio de un trámite de residencia, visa o estatus legal, de acuerdo con un boletín de su oficina. Detrás de la propuesta hay una investigación que documentó cientos de arrestos derivados de ese intercambio de información.
¿Qué encontró la investigación detrás de esta propuesta?
ICE arrestó a más de 800 personas entre enero de 2025 y febrero de 2026 con base en pistas que le compartió la TSA, de acuerdo con datos internos de la propia agencia revisados por Reuters. Esas pistas salieron del Programa Vuelo Seguro (Secure Flight) de la TSA, que le entregó a ICE registros de más de 31 mil viajeros para posibles acciones migratorias.
Ese programa se creó en 2007 con un propósito distinto: identificar a personas en listas de vigilancia por amenazas terroristas, no perseguir infracciones migratorias, según la propia regulación que lo sustenta.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió preguntas puntuales sobre el intercambio de información con ICE, aunque aseguró que la TSA busca mejorar “la resiliencia, la seguridad y la eficiencia” de todo el sistema.
¿Qué reveló el acuerdo secreto entre TSA e ICE?
Una demanda por transparencia de la organización American Oversight obligó al gobierno a entregar el memorando de acuerdo entre ambas agencias, firmado en mayo de 2025. El documento establece que la TSA comparte elementos específicos de datos con ICE y que esta última los almacena en su propio repositorio, aunque los anexos que detallan exactamente qué información se comparte llegaron casi completamente censurados.
Ese memorando contradice el testimonio bajo juramento que la entonces administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, dio ante el Congreso, cuando aseguró que la agencia no le “envía” información a ICE, sino que solo “ayuda a ICE a verificar” contra su propia base de datos.
Meses después, durante su audiencia de confirmación en el Senado, el aspirante a administrador de la TSA, David Cummins, se negó a detallar qué información comparte la agencia con ICE, pese a que el senador demócrata Gary Peters se lo pidió directamente.
ICE conserva autoridad legal para actuar en prácticamente cualquier lugar del país, algo que refleja un patrón más amplio de expansión de la cooperación migratoria este año, similar al que adoptó la policía de Dallas con ICE en Texas.
¿Qué haría exactamente el proyecto de ley de Tlaib?
El proyecto, registrado oficialmente como H.R. 10040 ante la Cámara de Representantes, busca dos cosas concretas. Primero, prohibir que el DHS use la información de pasajeros de la TSA para funciones de control fronterizo o de ICE. Segundo, impedir que el DHS revoque, como forma de represalia política, el estatus de alguien en los programas de Viajero Confiable, como TSA PreCheck o Global Entry.
Esa segunda parte responde a otro señalamiento de Tlaib: tres ciudadanos estadounidenses demandaron al DHS después de perder su membresía de Global Entry por haber grabado en video actividades de ICE, según la oficina de la legisladora.
El proyecto fue presentado el 3 de agosto y ya suma 25 copatrocinadores, todos demócratas, de acuerdo con el registro oficial del Congreso.
¿Qué posibilidades tiene de convertirse en ley?
La iniciativa fue turnada a tres comités de la Cámara —Seguridad Nacional, Judicial, y Medios y Arbitrios— el mismo día en que se presentó. Ninguno de sus 25 copatrocinadores pertenece al Partido Republicano, que mantiene el control de la Cámara de Representantes.
En la práctica, eso hace poco probable que la propuesta avance pronto. Es un patrón que se ha repetido este año con buena parte de las iniciativas migratorias impulsadas por la oposición demócrata, que carecen de los votos necesarios para llegar a un debate en el pleno.
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