Cómo la ley HR-1 redujo el acceso a permisos de trabajo para parolees y solicitantes de asilo: qué opciones hay
El Gobierno federal encareció de golpe, desde enero de 2026, el trámite del permiso de trabajo para miles de solicitantes de asilo y beneficiarios de parole.
El cambio llegó de la mano de la ley HR-1, la “One Big Beautiful Bill Act“, firmada el 4 de julio de 2025, que creó tarifas nuevas para el Formulario I-765, el documento que permite obtener el permiso de empleo conocido como EAD.
Antes de esta ley, pedir el primer permiso de trabajo mientras un caso de asilo seguía pendiente no costaba nada. Ahora sí, y el monto varía según la categoría migratoria de cada solicitante, algo que muchos abogados de inmigración todavía están explicando caso por caso a sus clientes.
¿Qué cambió exactamente con la ley HR-1 en las tarifas de los permisos de trabajo?
La tarifa estándar del Formulario I-765 se mantiene en 520 dólares por correo o 470 dólares en línea para la mayoría de las categorías, según el tarifario oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) (Formulario G-1055). Pero HR-1 creó un esquema paralelo de cobros que ya no depende de ese monto general.
- Los solicitantes de asilo con caso pendiente ante USCIS ahora pagan 550 dólares por el permiso inicial y 275 dólares por cada renovación, un cobro que antes no existía.
- Quienes tienen un permiso de parole deben pagar 275 dólares tanto para el trámite inicial como para la renovación, con una particularidad: si la persona pide su primer EAD junto con una extensión de parole, USCIS le cobra automáticamente la tarifa de renovación aunque nunca haya tenido un permiso previo.
- Los beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) que tramitan su primer permiso pagan 550 dólares, más una tarifa biométrica de 30 dólares, y ese permiso ahora solo es válido por 1 año o por lo que reste de la designación de TPS de su país, lo que sea más corto.
- Presentar la solicitud de asilo misma, el Formulario I-589, dejó de ser gratuito y ahora cuesta 100 dólares, un cobro que USCIS conserva aunque la solicitud termine siendo rechazada por errores de forma.
Todas estas tarifas se ajustan cada mes de enero según la inflación, de acuerdo con el análisis publicado por Lighthouse, un despacho especializado en trámites migratorios que sigue de cerca los cambios de USCIS.
¿Por qué el golpe es distinto para quienes piden asilo y para quienes tienen parole?
La diferencia está en el punto de partida de cada grupo. Los solicitantes de asilo pasaron de no pagar nada por su primer permiso a desembolsar 550 dólares, mientras que los beneficiarios de parole enfrentan una tarifa más baja pero con la trampa de la “renovación automática”. Para ambos grupos, estas tarifas nuevas no pueden combinarse en un solo pago con la cuota estándar de USCIS, así que cada trámite exige instrumentos de pago separados.
El impacto llega en un momento en que los tiempos de espera para una simple entrevista de asilo ya son largos en varias regiones del país.
Para los beneficiarios de TPS, la nueva ley se combina además con un panorama legal que ya empezó a moverse: la Corte Suprema falló el 25 de junio a favor de terminar el TPS de Haití y Siria.
Para los beneficiarios del TPS venezolano, la protección también terminó en la práctica. Cerca de 250 mil venezolanos ya se quedaron sin TPS, y otros 350 mil lo perderán en octubre, después de que el Departamento de Seguridad Nacional canceló las designaciones de 2021 y 2023.
Hay, sin embargo, una variable que todavía no se resuelve: los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio y dejaron más de 1,700 muertos abrieron la posibilidad de una designación de TPS completamente nueva, motivada por el desastre natural y no por el litigio en curso. Organizaciones como Hispanic Federation ya pidieron esa redesignación, pero ni el Departamento de Seguridad Nacional ni USCIS se habían pronunciado al respecto hasta el momento.
¿Qué opciones existen para quienes no pueden pagar la nueva tarifa?
No todas las puertas están cerradas, aunque las opciones son más limitadas que antes.
- Verificar si el caso califica como parte de la clase del acuerdo Ms. L., ya que desde el 5 de febrero de 2026 USCIS pausó el cobro de estas tarifas de HR-1 para esas personas y sus familiares calificados. La consulta se hace en together.gov
- Confirmar con un abogado si la categoría migratoria específica permite la exención automática, como ocurre con los refugiados con parole bajo la sección (a)(4), que no pagan nada por su EAD inicial ni por la renovación.
- Recordar que la exención por dificultad económica del Formulario I-912 solo aplica a la tarifa estándar de USCIS, no a los cobros creados por HR-1, así que no sirve para reducir el costo del permiso de asilo o de parole.
- Presupuestar el pago en instrumentos separados desde el inicio, porque una combinación incorrecta de cheques o tarjetas es motivo automático de rechazo de todo el paquete.
Para quienes no logran cubrir el monto, la recomendación de los especialistas consultados es acudir a organizaciones de ayuda legal migratoria antes de presentar cualquier formulario, ya que un error en la categoría de elegibilidad puede terminar costando más caro que la tarifa misma.
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