Veinticinco estados de EE. UU. demandan a Trump para frenar nuevos aranceles
Una coalición de 25 estados de Estados Unidos, encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas, presentó una nueva demanda contra la administración del presidente Donald Trump para intentar frenar la entrada en vigor de los aranceles generalizados impuestos a decenas de socios comerciales.
Los demandantes sostienen que el Gobierno federal excedió sus facultades legales al imponer gravámenes de entre 10% y 12.5% a decenas de países bajo el argumento de combatir el uso de trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales.
Cuestionan el fundamento legal de los aranceles
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y se dirige contra la política anunciada por la Casa Blanca el pasado 23 de julio.
Los estados argumentan que las investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, fueron utilizadas para justificar una política arancelaria que no tiene relación directa con el objetivo declarado por el gobierno.
En el documento judicial, los demandantes afirman que:
“No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados”.
Aunque señalaron que respaldan el combate al trabajo forzado, consideran que ese problema no puede utilizarse como justificación para imponer gravámenes a gran escala.
Tercera batalla judicial contra la política comercial de Trump
Los fiscales generales sostienen que es la tercera ocasión en que recurren a los tribunales para intentar bloquear medidas arancelarias impulsadas por Trump.
Según los demandantes, previamente los tribunales ya habían frenado otras estrategias utilizadas por la administración para imponer tarifas comerciales, primero mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y posteriormente a través de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Ahora aseguran que la Casa Blanca recurrió a la Sección 301 para restablecer una política similar.
La demanda acusa que las investigaciones realizadas por la USTR fueron:
“Un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones”.
Trump defiende los aranceles
La administración republicana sostiene que varios socios comerciales de Estados Unidos no mantienen estándares equivalentes para combatir el trabajo forzado y que los aranceles son una herramienta legítima para presionar cambios en esas prácticas.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha convertido los aranceles en uno de los principales instrumentos de su política comercial, con el argumento de que otros países se han beneficiado durante años del mercado estadounidense en condiciones desfavorables para Washington.
Los nuevos aranceles se aplican a más de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, y sustituyeron al arancel global del 10% que expiró el pasado 24 de julio.
Advierten impacto en consumidores y empresas
Los estados demandantes también argumentan que las nuevas tarifas terminarán trasladándose a los consumidores estadounidenses mediante aumentos de precios.
Entre los promotores de la demanda se encuentran los fiscales generales de Arizona, California y Oregón, además de otros 22 estados gobernados por demócratas y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Los demandantes sostienen que los aranceles podrían encarecer productos de consumo cotidiano y aumentar los costos operativos de empresas estadounidenses, especialmente en sectores que dependen de insumos importados.
El caso será analizado ahora por el Tribunal de Comercio Internacional, que deberá determinar si la administración Trump actuó dentro de las facultades que le otorga la legislación comercial estadounidense.
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