Cifras oficiales de delitos podrían estar subestimando la violencia en México, alerta Causa en Común

Las cifras oficiales de delitos pueden no mostrar toda la violencia que ocurre en México, de acuerdo con un análisis de Causa en Común, organización que identificó variaciones atípicas, posibles reclasificaciones y discrepancias entre registros de distintas autoridades.

Para este análisis, Causa en Común consultó al periodista Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, quien compartió el seguimiento que su medio realiza sobre la violencia en Sinaloa y explicó algunas de las diferencias encontradas entre sus registros y las cifras oficiales.

¿Qué encontró Causa en Común en las cifras de delitos?

Causa en Común analizó 10 delitos considerados relevantes para la población y la discusión pública. En todos encontró alertas relacionadas con variaciones estadísticas atípicas; además, identificó señales de posible reclasificación en homicidio, feminicidio y secuestro, así como posibles casos de subregistro en estos delitos, extorsión, trata de personas, robo de vehículos con violencia y robo a transportistas.

Entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, algunas entidades presentaron cambios superiores al 50%.

Por ejemplo, Aguascalientes reportó 94% menos extorsiones, mientras Chihuahua registró un aumento de 2 mil 325%. En feminicidio, Nayarit tuvo una reducción de 82%, frente a un incremento de 600% en Zacatecas.

También hubo diferencias en homicidio y narcomenudeo. San Luis Potosí reportó 82% menos homicidios, mientras Guanajuato registró 50% menos casos de narcomenudeo y Veracruz un aumento de 132%.

Causa en Común señala que estas variaciones no significan por sí mismas que las cifras sean falsas, pero considera que cambios de esta magnitud requieren una explicación por parte de las autoridades.

Posibles reclasificaciones: ¿qué ocurre con los delitos que cambian de categoría?

Otra de las alertas está relacionada con la manera en que algunos hechos son clasificados.

En Morelos, por ejemplo, se reportaron 514 víctimas de homicidio durante el primer semestre de 2026, 9% menos que en el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, la categoría de “otros delitos contra la vida” registró 659 víctimas, un aumento de 114%.

En Ciudad de México se reportaron cinco víctimas de secuestro, pero mil 737 víctimas fueron clasificadas dentro de “otros delitos contra la libertad”.

También hay diferencias en los registros de violencia contra las mujeres. Campeche reportó 40% menos feminicidios, pero un aumento de 100% en mujeres víctimas de homicidio doloso. En Hidalgo, los feminicidios disminuyeron 82%, mientras los homicidios dolosos de mujeres aumentaron 33%.

Causa en Común advierte que estos datos no demuestran por sí mismos una reclasificación deliberada, pero considera necesario preguntar qué explica que una categoría disminuya mientras otra relacionada aumenta.

Sinaloa: cuando los registros oficiales no coinciden con el seguimiento periodístico

El caso de Sinaloa muestra otra de las diferencias señaladas por el análisis.

Noroeste mantiene un seguimiento diario de la violencia en el estado mediante información oficial, fuentes periodísticas y datos de colectivos. En junio, el medio documentó 159 homicidios, mientras que la Fiscalía reportó 116.

Adrián López Ortiz explicó que parte de las diferencias pueden encontrarse en la clasificación de los casos. El periodista señaló que en algunos hechos las actas de defunción establecen que la muerte ocurrió por proyectil de arma de fuego, mientras que esos casos no aparecen contabilizados como homicidios por la Fiscalía.

El seguimiento periodístico también ha encontrado diferencias relacionadas con cuerpos localizados en fosas clandestinas. De acuerdo con López Ortiz, los colectivos de búsqueda encuentran un promedio de más de 20 cuerpos al mes, mientras que en algunos periodos los registros oficiales reportan menos hallazgos de los que han sido documentados públicamente.

Desapariciones: otro dato que debe considerarse

Causa en Común también plantea que la reducción de homicidios debe analizarse junto con las cifras de personas desaparecidas y no localizadas.

En Nuevo León, durante el primer semestre de 2026 se registraron 225 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 49% menos que en el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, se contabilizaron 338 desapariciones, un aumento de 56%.

La organización aclara que una persona desaparecida no puede considerarse automáticamente víctima de homicidio y que no se puede asumir que detrás de cada desaparición existe una muerte violenta.

Sin embargo, considera que ambos fenómenos deben analizarse de manera conjunta para entender si la estadística de homicidios representa toda la violencia letal.

En Sinaloa, López Ortiz explicó que desde 2017 las desapariciones superaron a los homicidios y que esta situación se mantiene. El seguimiento de Noroeste también ha buscado identificar qué ocurre con las personas desaparecidas y qué relación existe entre este fenómeno y la violencia registrada.

¿Las cifras de seguridad son suficientes para medir la violencia?

Para Causa en Común, las estadísticas pueden presentar problemas en tres momentos: cuando se registra un delito, cuando se clasifica y cuando se comunica.

Por ello, la organización insiste en que una alerta estadística no constituye una prueba de manipulación. El punto, señala, es que cuando aparecen señales en prácticamente todos los delitos analizados, las autoridades deben explicar qué las origina y permitir que los datos sean verificados.

¿Qué propone Causa en Común para mejorar las cifras?

La organización plantea tres medidas: auditorías independientes y periódicas de los registros delictivos; homologar los criterios para que las fiscalías registren y clasifiquen los delitos de la misma manera, y aumentar la transparencia cuando existan variaciones extraordinarias o discrepancias entre fuentes.

La discusión, plantea Causa en Común, no se limita a las estadísticas. Detrás de cada registro existen víctimas y familias, por lo que conocer cómo se construyen las cifras resulta necesario para evaluar la violencia y las políticas de seguridad.

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