El Departamento de Justicia lanza un histórico despliegue de desnaturalizaciones: “el mayor de la historia”
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó 25 demandas de desnaturalización entre el 20 de julio y el 3 de agosto, dirigidas contra personas acusadas de delitos como intento de homicidio, abuso sexual infantil y fraude, según un comunicado publicado por la propia dependencia.
El fiscal general interino, Todd Blanche, lo describió como el esfuerzo coordinado de desnaturalización más grande en la historia del Departamento, aunque advirtió que “apenas es el comienzo”.
Según el mismo comunicado, el DOJ acumula 123 demandas civiles de desnaturalización desde enero de 2025, más que en cualquier otro periodo del que se tenga registro. El fiscal general adjunto de la División Civil, Brett Shumate, afirmó que la dependencia “se mueve a una velocidad récord” para retirar la ciudadanía a quienes, según él, engañaron al gobierno federal para obtenerla.
¿Qué cambió en los criterios para quitarle la ciudadanía a alguien?
La desnaturalización es el proceso mediante el cual el gobierno le retira la ciudadanía a una persona que la obtuvo por naturalización, si logra demostrar ante un juez que fue obtenida de forma ilegal o mediante el ocultamiento de un hecho relevante.
A diferencia de una deportación, que aplica a quien nunca tuvo la ciudadanía, aquí primero se le quita ese estatus a alguien que ya lo tenía, y después esa persona puede, bajo ciertas condiciones, volver a quedar sujeta a las leyes migratorias.
El 11 de junio de 2025, Brett Shumate firmó un memo interno que fijó cinco prioridades para la División Civil del DOJ, siendo la desnaturalización la última de ellas. El memo ordena a los abogados de la división “priorizar y perseguir al máximo posible los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por evidencia”.
Antes de ese memo, el DOJ solo priorizaba tres categorías de casos:
- amenazas a la seguridad nacional
- crímenes de guerra
- delitos graves no revelados durante el trámite
El nuevo documento amplió esas prioridades a diez categorías, entre ellas el fraude en términos generales, y ya no exige que el delito haya ocurrido antes de la naturalización, según el mismo análisis legal.
¿Por qué preocupa que estos casos se resuelvan en cortes civiles?
El gobierno tramita estas demandas por la vía civil y no penal, una decisión que la profesora de derecho Cassandra Robertson, de la Universidad Case Western Reserve, señaló como un punto clave en entrevista con NPR. De acuerdo con Robertson, en un proceso civil la persona no tiene derecho a un abogado pagado por el gobierno, y el estándar de prueba que debe alcanzar la fiscalía es más bajo que en un caso penal, lo que acelera las resoluciones.
Sameera Hafiz, directora de política del Immigrant Legal Resource Center, dijo a NPR que la estrategia busca, en cierta forma, “crear una segunda clase de ciudadanos estadounidenses”: quienes nacieron en el país y quienes se naturalizaron.
Hans von Spakovsky, investigador de la Heritage Foundation, defendió el esfuerzo del DOJ ante el mismo medio. Dijo que no le parece relevante si el delito ocurrió antes o después de la naturalización, porque la ciudadanía es “un gran privilegio” que se pierde al abusar de él, y agregó que ningún proceso civil garantiza representación pagada por el gobierno, ni siquiera entre ciudadanos.
Steve Lubet, profesor emérito de Northwestern University, fue más allá y le dijo a NPR que “muchas de las categorías son tan vagas que no tienen sentido”, al punto de no quedar claro si realmente se relacionan con fraude en el trámite migratorio.
Lubet también advirtió sobre el riesgo para los hijos de personas naturalizadas cuya ciudadanía deriva de sus padres, un riesgo que la propia ley migratoria respalda: según documenta una guía legal del Immigrant Legal Resource Center (ILRC), si la naturalización de un padre o madre se revoca por ocultamiento o falsedad, los hijos que obtuvieron la ciudadanía a partir de esa naturalización también pueden perderla.
Una herramienta vieja que vuelve
La herramienta no es nueva, pero su uso ha variado radicalmente a lo largo de las décadas, según distintas fuentes consultadas para esta nota:
- Durante la era McCarthy, a finales de los años 40 e inicios de los 50, EE. UU. presentaba unos 22 mil casos de desnaturalización al año, según explicó Robertson a NPR.
- Una decisión de la Corte Suprema en 1967 calificó esa práctica masiva como incompatible con la democracia estadounidense, por crear dos niveles de ciudadanía; después de ese fallo, los casos cayeron a un puñado por año durante décadas.
- Entre 1990 y 2017, el DOJ presentó en promedio 11 demandas de desnaturalización al año, según documenta la guía legal del ILRC.
- Desde enero de 2025, el conteo ya llega a 123 demandas, la cifra más alta jamás registrada.
Quien pierde la ciudadanía por esta vía no se vuelve automáticamente indocumentado. Según explica la guía del ILRC con base en la ley migratoria, la persona regresa al estatus que tenía justo antes de naturalizarse —casi siempre el de residente permanente— como si la ciudadanía nunca se hubiera otorgado.
La misma norma tiene, sin embargo, un límite importante: un delito cometido después de haberse naturalizado no puede usarse, por sí solo, como motivo para deportar a alguien una vez que pierde la ciudadanía.
El proceso de remoción, si llega a iniciarse, solo puede apoyarse en causas que ya existían antes de la naturalización, y normalmente arranca con la entrega de un Notice to Appear. El trámite original para convertirse en ciudadano, del que parte toda esta discusión, cuesta actualmente entre 710 y 760 dólares dependiendo de si se hace en línea o en papel.
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