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    ¿ICE podría acceder a datos de cámaras que leen matrículas? La preocupación crece en Los Ángeles

    17 noviembre, 2026 | 10:00 | Luz Santacruz | Uno TV US

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    Las cámaras que leen matrículas generan dudas entre los migrantes en California. Así funciona el acceso a los datos y qué puede hacer ICE
    Cámaras que leen matrículas en Los Ángeles
    Cámaras que leen matrículas en Los Ángeles. Foto: Envato.

    La posibilidad de que una cámara registre la matrícula de un automóvil y que esa información termine en manos de autoridades migratorias preocupa a comunidades latinas de Los Ángeles. El debate volvió a tomar fuerza en noviembre de 2026, después de que autoridades locales frenaran un proyecto para instalar 18 cámaras en una zona de la ciudad. La pregunta es inevitable: ¿ICE puede utilizar estos registros para localizar a personas migrantes?

    La respuesta requiere una distinción importante: estas cámaras no identifican automáticamente el estatus migratorio de una persona, pero la información que recopilan sí puede revelar dónde estuvo un vehículo y cuándo pasó por determinado lugar. El problema está en quién puede consultar esos registros y con qué propósito.

    ¿Cómo funcionan las cámaras que leen matrículas?

    Los dispositivos se conocen como ALPR (Automated License Plate Readers) y utilizan tecnología para fotografiar las placas de los vehículos que circulan por calles y carreteras.

    El sistema convierte la matrícula en información digital y registra datos como la ubicación, la fecha y la hora del avistamiento. Después, las autoridades pueden consultar esos registros para localizar automóviles robados o relacionados con investigaciones policiales.

    Sin embargo, hay algo que muchas personas desconocen: no necesitan conocer el nombre de un conductor para reconstruir parte de sus movimientos. Si un mismo vehículo aparece registrado en distintos puntos de una ciudad, los datos pueden ayudar a establecer sus recorridos.

    Eso explica por qué organizaciones comunitarias y defensores de la privacidad cuestionan el alcance de esta tecnología, especialmente en lugares con una importante población inmigrante.

    ¿ICE puede utilizar los datos de las cámaras para localizar migrantes?

    El temor no es que una cámara pueda consultar por sí sola el expediente migratorio de una persona. No funciona así. La preocupación está en que ICE pueda obtener información sobre los movimientos de un vehículo mediante acuerdos de intercambio de datos o consultas realizadas por otras agencias.

    La empresa Flock Safety, uno de los principales proveedores de esta tecnología, sostiene que no tiene un contrato con ICE ni le concede acceso directo a sus sistemas. En su explicación sobre el tema, publicada el 6 de enero de 2026, señala que el acceso de agencias federales depende de una autorización expresa de las instituciones locales que controlan la información.

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    Es decir, el punto vulnerable no necesariamente está en la cámara, sino en las decisiones de las autoridades que administran sus registros.

    La propia empresa reconoce que las agencias participantes pueden establecer acuerdos para compartir información cuando la legislación lo permite. Por eso, aunque no exista un acceso automático de ICE, tampoco sería correcto afirmar que los datos jamás podrían llegar a manos de autoridades federales.

    California tiene leyes que limitan el intercambio de información

    La preocupación también tiene un componente legal. California cuenta con la SB 34, una legislación que establece reglas para recopilar, almacenar y compartir información obtenida mediante cámaras lectoras de matrículas.

    En una guía publicada por la Fiscalía General de California, el organismo explica que las agencias policiales estatales y locales no pueden compartir estos registros con dependencias federales o de otros estados. La restricción busca evitar que información recopilada por autoridades locales termine en bases de datos ajenas a la jurisdicción estatal.

    A esto se suma la SB 54, conocida como California Values Act, que limita el uso de recursos policiales estatales y locales para colaborar con operativos federales de inmigración, salvo excepciones previstas por la ley.

    Pero tener restricciones legales no significa que hayan desaparecido todos los riesgos. El cumplimiento de las normas, los controles de acceso y la supervisión de quienes utilizan estos sistemas siguen siendo fundamentales.

    Los Ángeles suspendió las cámaras Flock y cuestionó el acceso a los datos

    El caso de Los Ángeles muestra por qué el asunto genera tanta discusión.

    En julio de 2026, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) suspendió el uso de las cámaras de Flock Safety. La decisión llegó después de cuestionamientos sobre el almacenamiento de información y la posibilidad de que otras agencias consultaran los registros.

    La alcaldesa Karen Bass también pidió terminar la relación con la compañía. Según informó Los Angeles Times el 6 de agosto, Bass consideró que Flock había perdido la confianza de los habitantes de la ciudad debido a las preocupaciones sobre el uso de sus datos por parte de autoridades federales.

    El problema no era menor. El sistema tenía 138 cámaras instaladas en postes de la ciudad. Aunque el LAPD dejó de tener acceso regular a esos registros, la información seguía almacenada en la nube mientras se discutía el futuro del contrato.

    El propio Distrito 13 del Ayuntamiento de Los Ángeles ofreció otro dato relevante en su actualización del 27 de octubre: antes de la suspensión, el sistema permitía compartir información con 15 agencias externas y las búsquedas podían revisar registros de hasta dos años atrás.

    La situación reportada entonces era distinta: ya no había cámaras Flock transmitiendo datos al LAPD, se había suspendido el intercambio con agencias externas y el periodo de consulta habitual se había reducido a 90 días. El distrito también cuestionó que más de 4 mil policías tuvieran acceso a las búsquedas sin revisiones periódicas suficientes.

    Los Ángeles frena otras 18 cámaras lectoras de matrículas

    La discusión no terminó con Flock Safety.

    El 15 de noviembre, Los Angeles Times informó que el Distrito 13 rechazó una donación de cámaras de Axon Enterprise que el LAPD planeaba instalar sobre Western Avenue, entre Olympic Boulevard y Santa Monica Boulevard.

    El proyecto contemplaba 18 dispositivos con reconocimiento de matrículas y monitoreo en vivo. La policía argumentaba que ayudarían a combatir la trata sexual y localizar a personas relacionadas con delitos contra menores.

    Sin embargo, el concejal Hugo Soto-Martínez y representantes comunitarios cuestionaron la instalación de tecnología ALPR en esa zona. El distrito ahora analiza utilizar cámaras convencionales que no lean las placas de los automóviles.

    La decisión no significa que Los Ángeles haya prohibido todas las cámaras de vigilancia. Tampoco elimina el programa de reconocimiento de matrículas que el LAPD busca desarrollar con Axon. De hecho, el Ayuntamiento no consiguió los votos necesarios para bloquear ese programa, según la actualización del Distrito 13 del 3 de noviembre.

    ¿Qué deben saber los conductores latinos en Estados Unidos?

    Para quienes viven en California, conviene entender que una cámara lectora de matrículas no determina si el propietario de un automóvil tiene documentos migratorios ni puede consultar por sí sola su historial con ICE.

    Lo que sí puede hacer es registrar la presencia de un vehículo en determinados lugares y horarios. Esa información puede convertirse en un dato sensible si alguien accede a ella sin autorización o la utiliza para fines distintos a los permitidos.

    Hay tres cuestiones que vale la pena tener presentes:

    • Una matrícula no revela el estatus migratorio: el sistema registra información del vehículo, no la situación legal de su propietario
    • El acceso no es automático: depende de los permisos, las políticas de cada agencia y las restricciones legales aplicables
    • Las reglas de California importan: la SB 34 limita el intercambio de registros ALPR con agencias federales y de otros estados

    La discusión en Los Ángeles deja una pregunta que va más allá de las cámaras: ¿quién vigila a quienes tienen acceso a la información de los ciudadanos? Para las familias latinas, el asunto no es solamente tecnológico. También tiene que ver con la tranquilidad de conducir, trabajar y trasladarse por su propia comunidad sin sentir que cada movimiento puede convertirse en información utilizada fuera de su propósito original.

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