Trump cancela $567 millones para programas que atienden a inmigrantes, refugiados y niños no acompañados
La medida forma parte de una rescisión de fondos federales por más de 800 millones de dólares

La administración de Donald Trump ordenó retirar 567 millones de dólares en fondos federales destinados a programas que brindan servicios a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y niños no acompañados.
La decisión formó parte de un paquete de rescisión de más de 800 millones de dólares anunciado por la Casa Blanca.
El gobierno sostiene que estos recursos fueron utilizados en programas que considera vinculados con la inmigración irregular, mientras que la medida enfrenta cuestionamientos sobre la autoridad presidencial para cancelar fondos aprobados por el Congreso.
La Casa Blanca anunció la decisión el viernes 25 de septiembre y explicó que el presidente Trump recurrió a una figura conocida como “pocket rescission”, mediante la cual busca impedir que determinados recursos federales continúen disponibles al acercarse el final del año fiscal.
La medida abarca fondos de diferentes agencias, entre ellas el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Educación, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento de Justicia.
¿Qué programas para inmigrantes perderían los $567 millones?
De acuerdo con la Casa Blanca, los 567 millones de dólares correspondientes al HHS estaban destinados anteriormente a programas de inmigración y a organizaciones no gubernamentales que proporcionaban servicios a refugiados, personas con asilo y otros no ciudadanos.
La administración Trump también señaló que parte de estos recursos estaba relacionada con servicios para niños no acompañados que llegan a Estados Unidos sin sus padres o un tutor legal.
La Casa Blanca cuestionó el uso de esos fondos y afirmó que algunos de los programas ponían a estos menores en situaciones de riesgo.
Los registros oficiales del HHS muestran que durante el año fiscal 2026se han otorgado recursos a organizaciones que participan en el programa para niños no acompañados.
HHS registra 130 millones 367 mil 375 dólares en recursos durante el año fiscal 2026 para servicios residenciales de niños no acompañados. Por otro lado, muestra una adjudicación nueva de $65 millones 183 mil 688 en abril de 2026 y un suplemento de 65 millones 183 mil 687 en agosto
La decisión anunciada por la administración no significa, por sí misma, que todos los programas relacionados con inmigrantes hayan dejado de recibir recursos federales.
El anuncio se refiere específicamente a los fondos incluidos dentro del paquete de rescisión presentado por la Casa Blanca.
Trump enfrenta cuestionamientos por los fondos para inmigrantes
El mecanismo utilizado por la administración también abrió un debate sobre los límites de la autoridad presidencial para retirar recursos que fueron aprobados previamente por el Congreso.
La Government Accountability Office (GAO) sostiene que las llamadas “pocket rescissions” no están permitidas por la Impoundment Control Act.
Según la agencia, el presidente puede solicitar al Congreso la rescisión de fondos, pero si el Legislativo no aprueba la cancelación, los recursos deben permanecer disponibles para ser obligados antes de que expiren.
La GAO explica que el Congreso dispone de un periodo de 45 días para responder a una propuesta formal de rescisión.
El problema surge cuando los fondos pueden expirar antes de que ese proceso termine, porque, de acuerdo con el análisis de la agencia, el presidente no puede utilizar ese mecanismo para evitar unilateralmente que el dinero sea utilizado.
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que retirar los recursos sin aprobación del Congreso representa una violación de la ley.
La Casa Blanca, por su parte, defiende la medida como parte de la estrategia de Trump para reducir lo que considera gasto gubernamental innecesario o perjudicial.
En su anuncio, el gobierno señaló que la política busca utilizar las facultades presidenciales disponibles para retirar fondos que, según su criterio, no benefician a los ciudadanos estadounidenses.
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