ASE detecta triangulación de más de 2 mil mdp en despacho ligado a Samuel García
Se documentaron 786 transferencias por mil 696.6 millones de pesos provenientes de empresas proveedoras del gobierno estatal hacia el despacho.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Nuevo León detectó un presunto esquema de triangulación de recursos públicos por 2 mil 115.4 millones de pesos (mdp) que habría beneficiado directamente al despacho jurídico y fiscal ligado al gobernador Samuel García y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, tras concluir la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.
Se documentaron 786 transferencias bancarias al despacho
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el titular de la ASE, Alejandro Reynoso Gil, documentó un total de 786 transferencias bancarias por mil 696.6 millones de pesos provenientes de empresas proveedoras del Gobierno estatal hacia dicho despacho, a las que se suman 418.8 millones de pesos por presuntos rendimientos financieros generados por ese mismo capital.
El auditor superior detalló que el órgano fiscalizador identificó rutas de desvío a través de constructoras, comercializadoras de alimentos, consultorías y distribuidoras, advirtiendo que las indagatorias están en su recta final para proceder legalmente:
“Estas observaciones pasan a la siguiente etapa que es la etapa de investigación y seguimiento, en la cual algunas observaciones, dependiendo su carácter, se van al órgano de control del ente o nos las quedamos en la unidad de investigación donde empezamos a requerir en dos semanas, a esos entes, para que nos hagan llegar la papelería correspondiente y empezar las comparecencias donde se determina si hay o no hay responsabilidad como tal”, dijo.
Resaltan irregularidades y desvíos en el DIF Nuevo León
Dentro del desglose presentado por Reynoso Gil, resaltaron graves irregularidades y desvíos en el DIF Nuevo León por un monto total de mil 953 millones de pesos bajo observación, incluyendo 23.2 millones de pesos triangulados directamente hacia el despacho familiar a través de cinco empresas filiales vinculadas a una proveedora de alimentos.
Además, el informe de la ASE exhibió en el DIF estatal sobreprecios injustificados —como la compra de chayote a 300 pesos el kilo y aguacate a 250 pesos—, la adquisición de medicamentos contra el cáncer sin acreditar su entrega, el pago de nóminas privadas a servidores públicos e incluso transferencias de dólares hacia Estados Unidos.
En el balance general de la Cuenta Pública 2025, el auditor reportó 8 mil 902 observaciones sin solventar por más de 61 mil millones de pesos, de los cuales 59 mil 533 millones corresponden al Gobierno estatal y sus organismos paraestatales, información que las bancadas de oposición adelantaron que integrarán al juicio político abierto contra el mandatario.
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