Ley para reducir el uso de efectivo en México: especialista advierte riesgos y costos

La propuesta legislativa que busca impulsar los pagos digitales y reducir gradualmente el uso del dinero en efectivo en México podría generar costos adicionales para consumidores y comerciantes, además de dificultades para millones de personas que no tienen acceso a servicios bancarios, advirtió Ana Cortés, especialista en finanzas personales, para Uno TV.

En entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta, la experta cuestionó que se pretenda avanzar hacia una mayor digitalización de los pagos sin resolver primero los problemas de inclusión financiera, acceso a servicios bancarios y seguridad de los datos personales.

Cortés señaló que países como Brasil, Suecia e India han avanzado en la adopción de medios electrónicos de pago mediante procesos de educación financiera y ampliación del acceso a la banca, en lugar de imponer el abandono del efectivo.

¿Por qué Ana Cortés cuestiona la reducción del efectivo en México?

Durante la entrevista, la especialista aseguró que 37% de la población mexicana de entre 18 y 70 años no está bancarizada, situación que, a su consideración, representa uno de los principales obstáculos para implementar medidas que favorezcan los pagos exclusivamente digitales.

Explicó que muchas personas carecen de acceso a sucursales bancarias, cajeros automáticos o herramientas tecnológicas para realizar operaciones electrónicas.

Por ello, cuestionó qué medidas adoptará el Gobierno para facilitar el acceso a estos servicios antes de establecer nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes.

También expresó preocupación por las facultades que tendría la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores o actividades en los que se utilizarían exclusivamente medios electrónicos de pago.

¿Los pagos digitales podrían encarecer productos y servicios?

Uno de los principales riesgos señalados por Cortés es el posible traslado de los costos de las terminales bancarias a los consumidores.

Según explicó, algunos dispositivos y servicios de cobro electrónico aplican comisiones de entre 3% y 5% por operación, lo que podría representar gastos adicionales para los pequeños establecimientos.

La especialista considera que los comerciantes podrían incorporar estos costos al precio final de sus productos o servicios.

“Quienes vamos a terminar pagando esta modernización, pues vamos a ser todos los consumidores”.

Además, señaló que los bancos y las empresas que administran sistemas de pago e información financiera podrían beneficiarse de una mayor utilización de estos servicios.

Inclusión financiera y seguridad, los principales desafíos

Ana Cortés también mencionó las dificultades que enfrentan habitantes de entidades como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde, según explicó, existen comunidades con acceso limitado a infraestructura bancaria.

Agregó que algunas personas enfrentan problemas relacionados con documentos de identidad, lo que puede complicar la apertura de cuentas y el acceso a servicios financieros.

La especialista sostuvo que la modernización de los sistemas de pago debería comenzar por la educación financiera, los servicios básicos y la seguridad, antes de establecer medidas que reduzcan las posibilidades de utilizar efectivo.

Asimismo, expresó preocupación por el tratamiento de los datos personales y consideró que la digitalización podría facilitar una mayor fiscalización de las operaciones económicas.

Finalmente, Cortés pidió a ciudadanos y comerciantes mantenerse atentos a las disposiciones que se publiquen oficialmente y a los sectores que podrían quedar sujetos a nuevas obligaciones de pago electrónico.

Para la especialista, avanzar hacia una economía con menor uso de efectivo requiere garantizar primero que la población cuente con las herramientas necesarias para participar en el sistema financiero.

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