Ley de Economía Digital: especialistas advierten posible inconstitucionalidad por restricciones al efectivo
Los especialistas advierten sobre las implicaciones legales de otorgar a Hacienda facultades para restringir los pagos en efectivo en ciertos sectores.
La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos abrió un debate sobre las facultades que tendría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar en qué sectores y actividades los pagos digitales serían la única forma de pago permitida.
Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu analizaron algunos de los puntos más controvertidos de la legislación y advirtieron sobre una posible inconstitucionalidad, debido a que, desde su perspectiva, el Congreso habría dejado en manos de una autoridad administrativa decisiones que podrían restringir el uso de efectivo.
El Senado aprobó la ley el 20 de octubre de 2026 y la turnó al Ejecutivo federal. Al momento de esta revisión, el registro legislativo consultado no acreditaba su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que su entrada en vigor depende de ese paso.
¿Qué establece la nueva Ley de Economía Digital?
La legislación tiene como objetivo promover la adopción de medios de pago digitales y electrónicos en México. Entre sus disposiciones contempla que las autoridades y los proveedores de bienes y servicios habiliten la infraestructura necesaria para recibir estos pagos.
Sin embargo, uno de los puntos centrales se encuentra en los artículos 13 a 16, que contemplan la posibilidad de que la SHCP determine los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago aceptada.
Esto significa que, en las actividades que sean incluidas bajo ese esquema, los establecimientos podrían dejar de aceptar dinero en efectivo, de acuerdo con las reglas que se emitan para su implementación.
La legislación no establece una eliminación general del efectivo en todo el país. La restricción dependerá de los sectores y actividades que determine Hacienda y de las disposiciones que emitan las autoridades competentes.
¿Cuándo se definirían los sectores en los que no se aceptaría efectivo?
De acuerdo con los plazos contemplados en el proyecto aprobado, la SHCP tendría 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor para determinar los sectores y actividades incluidos en el esquema.
Posteriormente, las autoridades responsables de cada sector tendrían otros 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las reglas correspondientes. Estas disposiciones podrían establecer condiciones de operación y plazos para una transición gradual hacia los pagos digitales.
La legislación también contempla una excepción: cuando una contingencia impida recibir pagos digitales o electrónicos, se permitiría temporalmente el uso de efectivo o cheque, conforme a las condiciones aplicables.
¿Por qué especialistas advierten una posible inconstitucionalidad?
Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu consideran que algunos aspectos de la legislación podrían contravenir principios constitucionales. Sus argumentos se concentran en las facultades que tendría Hacienda, la falta de criterios específicos para seleccionar los sectores y los posibles efectos de restringir el efectivo.
Estas observaciones corresponden a su análisis jurídico; no constituyen una resolución judicial que haya declarado inconstitucional la ley.
1. El Congreso debería establecer los límites de la restricción
Uno de los cuestionamientos consiste en que la ley no identifica directamente los sectores, actividades, operaciones o montos a partir de los cuales dejaría de aceptarse efectivo.
Desde la perspectiva de los especialistas, una restricción de esta naturaleza podría afectar la libertad de comercio protegida por el artículo 5 de la Constitución, por lo que consideran que el Congreso debería establecer parámetros más precisos y no delegar decisiones tan amplias en una autoridad administrativa.
Como referencia, señalan que la legislación antilavado establece operaciones y límites específicos para restringir el uso de efectivo en determinados supuestos.
2. La SHCP tendría un margen amplio de decisión
Otro de los argumentos se refiere a la falta de criterios detallados para determinar qué debe entenderse por un “sector estratégico” o una “actividad relevante”.
Los especialistas advierten que, sin parámetros legales claros, la selección de los sectores podría quedar sujeta a un margen de discrecionalidad de la autoridad administrativa.
Aunque las autoridades pueden emitir disposiciones técnicas para aplicar una ley, el cuestionamiento consiste en si la legislación establece suficientes bases y límites para orientar esas decisiones.
3. Los pagos digitales podrían excluir a algunas personas
Snipeliski y Uruchurtu también consideran que la restricción podría resultar desproporcionada si se aplica a operaciones pequeñas o a actividades en las que algunas personas no cuentan con una cuenta bancaria, tarjeta o conexión a internet.
En esos casos, la obligación de pagar exclusivamente por medios digitales podría dificultar el acceso a determinados bienes y servicios, especialmente para quienes enfrentan barreras de inclusión financiera o conectividad.
La preocupación se centra en que la transición a los pagos electrónicos considere las condiciones de acceso a la infraestructura digital y no genere obstáculos para realizar transacciones cotidianas.
4. La excepción por contingencia podría generar dudas
La legislación permite recurrir al efectivo o al cheque cuando una contingencia impida utilizar medios digitales. No obstante, los especialistas cuestionan si las condiciones para aplicar esa excepción son suficientemente claras.
Entre las dudas que plantean están cómo se acreditaría una contingencia, quién determinaría su existencia y qué ocurriría cuando la falla provenga de una institución bancaria, una terminal de pago o un proveedor de internet.
La definición de estos procedimientos será relevante para establecer cómo deberán actuar los comercios y las autoridades ante interrupciones del servicio.
5. Supervisión y sanciones
Otro punto de preocupación es la necesidad de establecer con claridad quién vigilará el cumplimiento de las obligaciones y cuáles serán las consecuencias de incumplirlas.
Los especialistas consideran que estos aspectos deben contar con sustento legal suficiente, particularmente cuando pueden derivar en obligaciones para los establecimientos y restricciones en las formas de pago que aceptan.
¿Qué sigue para la Ley de Economía Digital?
Después de la aprobación del Senado, el decreto fue turnado al Ejecutivo federal. Para conocer el inicio de su vigencia, es necesario revisar su publicación en el DOF y las disposiciones transitorias correspondientes.
Posteriormente, uno de los pasos relevantes será conocer la lista de sectores y actividades que determine la SHCP, así como las reglas que emitan las autoridades competentes para su aplicación.
De acuerdo con los puntos precisados, este tipo de disposiciones permitirán precisar qué establecimientos podrían estar obligados a aceptar exclusivamente pagos digitales, cuáles serán los plazos de transición y cómo se aplicarán las excepciones por contingencia.
Mientras tanto, el debate jurídico planteado por Snipeliski y Uruchurtu se concentra en determinar si las facultades previstas en la legislación tienen límites suficientes y si las restricciones al uso de efectivo respetan los principios constitucionales aplicables.
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