Trump demanda a California por 20 mil presuntos votantes no ciudadanos

A menos de tres semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a California para impedir que se cuenten boletas por correo de unas 20 mil personas que considera posibles no ciudadanas. La disputa, que comenzó con una memoria USB entregada a funcionarios electorales de Los Ángeles, enfrenta al Gobierno de Donald Trump con las autoridades estatales por la verificación de los votantes.

¿Por qué Trump demandó a California por los votos de presuntos no ciudadanos?

El Departamento de Justicia sostiene que más de 20 mil personas que podrían no tener ciudadanía estadounidense aparecen registradas para votar en California. Por eso, pidió a un tribunal federal que ordene separar sus boletas por correo y que no se cuenten hasta confirmar su elegibilidad.

En un comunicado, el organismo aseguró que trabajó con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para comparar registros públicos de votantes con información federal. Según la demanda, el análisis detectó indicios de que esas personas podrían ser extranjeras y estar inscritas para votar en elecciones federales.

Hay una precisión fundamental: la cifra de 20 mil corresponde a personas señaladas por el Gobierno, no a 20 mil casos de voto ilegal comprobado. La propia demanda plantea que su ciudadanía debe verificarse.

La legislación federal prohíbe que los no ciudadanos voten en elecciones federales. Sin embargo, determinar si una persona cumple los requisitos exige pruebas sobre su situación particular, no solo una sospecha derivada de bases de datos.

¿Qué tiene que ver una memoria USB con la demanda contra California?

El conflicto escaló después de que funcionarios federales entregaran una memoria USB protegida con contraseña que supuestamente contenía los nombres de las personas cuestionadas.

Según informó CNN, el Departamento de Justicia había dado a funcionarios electorales de Los Ángeles un plazo de 48 horas para revisar la lista y actuar sobre las boletas de quienes no pudieran demostrar su ciudadanía. La negativa a cumplir esa exigencia precedió a la demanda federal.

El registrador electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, expresó dudas sobre el manejo seguro de la información y la falta de datos suficientes para comprobar las acusaciones. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, también cuestionó la solicitud federal.

La objeción no es menor. Una lista puede contener errores, registros desactualizados o personas cuya ciudadanía cambió desde que se recopilaron los datos. Si una persona se naturalizó estadounidense, por ejemplo, su situación actual no puede determinarse únicamente a partir de un registro migratorio antiguo.

El Gobierno afirma que sus métodos permitieron identificar posibles casos de registro irregular. California exige información verificable antes de alterar el proceso electoral.

¿California puede negarse a revisar los nombres de la lista federal?

Las autoridades estatales sostienen que no pueden retirar votantes ni excluir sus boletas basándose en información que consideran insuficientemente verificada.

La disputa plantea dos cuestiones diferentes: la obligación de impedir que personas no elegibles voten en elecciones federales y los límites legales para modificar los registros electorales a pocas semanas de los comicios.

La demanda busca que un juez ordene separar las boletas de las personas identificadas por el Gobierno hasta que se determine su ciudadanía. Eso no significa que un tribunal ya haya ordenado excluir esos votos. La solicitud del Departamento de Justicia debe distinguirse de una resolución judicial definitiva.

En su cobertura del caso, CNN en Español recogió críticas de expertos legales que consideran débil la estrategia federal. Los cuestionamientos se centran tanto en la solidez de las pruebas como en la posibilidad de intervenir en procedimientos electorales estatales tan cerca de la votación.

¿Qué significa la disputa para los votantes latinos en California?

Para los ciudadanos estadounidenses de origen latino, el caso plantea una preocupación concreta: que una revisión basada en datos incompletos termine poniendo bajo sospecha a personas que sí tienen derecho a votar.

Tener un apellido hispano, haber nacido en otro país o haber obtenido la ciudadanía mediante naturalización no convierte a nadie en votante ilegal. La elegibilidad debe evaluarse de forma individual y con información actualizada.

La demanda tampoco demuestra que las boletas cuestionadas hayan sido emitidas ilegalmente. Su objetivo es impedir que se cuenten hasta resolver las dudas sobre la ciudadanía de las personas identificadas.

Los residentes que estén inscritos para votar y tengan dudas sobre su registro pueden consultar la información oficial de la Secretaría de Estado de California. No deberían asumir que perdieron su derecho al voto por una noticia sobre una lista federal.

¿Qué puede pasar antes de las elecciones del 3 de noviembre?

El resultado dependerá de las decisiones del tribunal federal y de las pruebas que presenten ambas partes. Si el juez concede la solicitud del Gobierno, podrían imponerse restricciones sobre las boletas identificadas mientras se verifica la ciudadanía de los votantes. Si la rechaza, California podría continuar aplicando sus procedimientos habituales, sujeto a otras decisiones judiciales.

La batalla llega en un momento delicado. Las autoridades electorales deben garantizar que las personas elegibles puedan votar y que los votos se cuenten conforme a la ley. Hacerlo exige investigar posibles irregularidades, pero también evitar que acusaciones no demostradas terminen privando del voto a ciudadanos legítimos.

La pregunta decisiva no es solamente cuántos nombres aparecen en una memoria USB. Es cuántos casos pueden comprobarse con pruebas fiables y qué autoridad tiene el Gobierno federal para exigir que un estado aparte boletas antes de terminar esa verificación.

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