Trump quiere excluir a inmigrantes del Censo 2030
El gobierno de Donald Trump propuso en septiembre de 2026 cambiar las reglas del Censo de Estados Unidos de 2030 para excluir a millones de inmigrantes que no tengan una tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card. La iniciativa también plantea modificar las preguntas demográficas y los criterios de residencia, con posibles consecuencias para la representación política y los recursos federales de las comunidades del país.
¿A qué inmigrantes busca excluir Trump del Censo 2030?
La propuesta del Departamento de Comercio va más allá de los inmigrantes indocumentados. Según el análisis publicado por el Brennan Center for Justice, la medida limitaría el conteo a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.
Eso significa que también podrían quedar fuera personas que viven legalmente en el país, pero que todavía no tienen una Green Card. Entre ellas podrían estar solicitantes de asilo y trabajadores con visas H-1B, dependiendo de cómo se aplique la regla.
El cambio supondría una ruptura con la práctica histórica del censo estadounidense, que desde 1790 ha contado a la población residente sin distinguir entre ciudadanos y no ciudadanos.
La iniciativa fue publicada por el Departamento de Comercio el 10 de septiembre y abrió un periodo de comentarios públicos que concluyó el 13 de octubre. La propuesta no equivale a una regla definitiva: su implementación y sus posibles impugnaciones legales siguen siendo cuestiones centrales.
¿Cómo podría afectar el Censo 2030 a los fondos federales?
El censo no sirve únicamente para saber cuántas personas viven en Estados Unidos. Sus resultados también ayudan a determinar cómo se distribuyen miles de millones de dólares en recursos federales y cómo se organiza la representación política.
El Brennan Center advierte que excluir a millones de residentes podría distorsionar los datos utilizados para financiar hospitales, escuelas, carreteras, programas de alimentación y servicios para niños. El efecto podría sentirse especialmente en estados y ciudades con grandes comunidades inmigrantes.
La razón es sencilla: las necesidades de una comunidad no desaparecen porque el gobierno deje de contar a parte de sus habitantes. Una ciudad puede seguir necesitando aulas, transporte y atención médica aunque sus cifras oficiales de población ya no reflejen a todos sus residentes.
American Community Media también señaló que la propuesta podría alterar la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y los límites de los distritos electorales. Los estados con poblaciones inmigrantes numerosas podrían perder peso político si sus residentes dejan de contabilizarse para esos cálculos.
¿Qué pasaría con las preguntas sobre raza y origen étnico?
La propuesta también plantea eliminar preguntas sobre raza, origen étnico y orientación sexual del cuestionario censal. De acuerdo con American Community Media, el cambio dificultaría conocer con precisión cómo viven los distintos grupos de población y cuáles son sus necesidades.
Estos datos ayudan a investigadores, gobiernos locales y organizaciones comunitarias a estudiar desigualdades en educación, vivienda, salud y empleo. Sin ellos, sería más difícil identificar dónde hacen falta recursos o medir si determinados programas están funcionando.
Para las comunidades latinas, la preocupación no se limita al número de personas que aparecerían en el recuento. También está en juego la capacidad de contar con información fiable sobre su situación económica y social.
¿Es legal excluir a los inmigrantes del Censo de Estados Unidos?
El Brennan Center sostiene que la iniciativa contradice la Constitución y la legislación federal, que establecen el recuento de las personas que viven en el país, independientemente de su ciudadanía. La organización anticipa impugnaciones judiciales si el gobierno intenta ponerla en práctica.
La Constitución ordena realizar un recuento de la población de los estados para determinar la representación en el Congreso. La Ley del Censo de 1929 también constituye una pieza importante del marco legal que regula este proceso.
La administración Trump ya intentó introducir cambios relacionados con la ciudadanía durante el censo de 2020, pero aquella iniciativa enfrentó obstáculos judiciales.
El futuro del Censo 2030 dependerá ahora de los siguientes pasos regulatorios y de los posibles litigios. Para millones de familias inmigrantes, la discusión tiene una consecuencia muy concreta: quién aparece en las estadísticas oficiales también influye en cómo el país distribuye recursos y representa a sus comunidades.
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