Nueva York gana a Trump: sus leyes santuario siguen en pie
Juez desestima demanda de Trump y mantiene las leyes santuario de Nueva York
Un juez federal desechó la demanda con la que el gobierno de Donald Trump buscaba anular las leyes santuario de la ciudad de Nueva York. Esas normas limitan cuánto pueden colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la policía, las cárceles y otras dependencias municipales. El juez Ramón E. Reyes Jr., del tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, concluyó que el gobierno no tenía base para demandar a la ciudad y ordenó cerrar el caso, de acuerdo con el fallo publicado en el expediente judicial.
El Departamento de Justicia había presentado la demanda en julio de 2025, cuando el alcalde todavía era Eric Adams. En ella sostenía que las protecciones de la ciudad dejaban libres a delincuentes peligrosos y obstruían a los agentes de inmigración.
“Si la ciudad de Nueva York no defiende la seguridad de sus ciudadanos, nosotros lo haremos”, dijo la fiscal general Pam Bondi, según el comunicado del Departamento de Justicia. El caso de Nueva York es uno de casi una docena de demandas recientes contra leyes santuario, y en todas las anteriores el gobierno federal perdió.
El fallo, fechado el 15 de octubre de 2026, rechazó la demanda y además declaró inconstitucionales dos leyes federales que el gobierno invocaba para exigir que la ciudad compartiera información sobre los inmigrantes. Ese punto abre otra batalla legal, porque la administración Trump todavía puede apelar ante un tribunal superior que en el pasado defendió esas mismas leyes.
¿Qué decidió el juez Reyes y por qué el gobierno de Trump no tenía base para demandar?
El gobierno pedía al tribunal que declarara inválidas las leyes de la ciudad y que prohibiera aplicarlas, pero el juez razonó que, aunque las anulara, las autoridades federales no ganarían nada en la práctica. En 2018, un tribunal de apelaciones del estado resolvió que la policía de Nueva York no puede arrestar a nadie por faltas migratorias civiles, como permanecer en el país sin permiso.
Esa prohibición seguiría en pie aunque desaparecieran las reglas de la ciudad, y cambiarla solo les toca a la legislatura estatal o al Congreso. Ese fallo de 2018 es también la base de la negativa de Nueva York a retener personas por solicitud de ICE.
El juez llegó a una conclusión parecida al revisar las leyes federales que prohíben a los gobiernos locales impedir que sus empleados compartan el “estatus migratorio” de una persona.
Según su lectura, esa expresión se refiere a la situación legal de alguien y no a datos como su fecha de salida de la cárcel, así que las normas de la ciudad no chocan con la ley federal. Reyes escribió que, aun si el gobierno tuviera derecho a presentar la demanda, “y no lo tiene”, sus argumentos de que la ley federal se impone sobre la local igual fracasarían.
En otra parte del fallo, el juez subrayó que no hay nada en la ley federal que obligue a los estados a participar en la aplicación de las leyes de inmigración. También rechazó la idea de que las reglas de la ciudad invadan terreno federal, porque no deciden a quién se arresta o se detiene, sino cómo se usan el personal y los recursos municipales.
¿Qué protegen las leyes santuario de Nueva York y en qué casos la ciudad sí entrega a una persona a ICE?
Lejos de impedir que ICE trabaje en la ciudad, las leyes santuario regulan lo que hacen las dependencias municipales cuando la agencia federal les pide ayuda. Se aplican sobre todo en las cárceles, en el Departamento de Policía (NYPD) y en el Departamento de Probation, que supervisa a las personas sentenciadas a libertad a prueba. El fallo describe estas protecciones principales:
- Las cárceles, el Departamento de Probation y la policía no retienen a una persona solo porque ICE lo solicite
- La ciudad no puede usar su personal ni sus recursos para aplicar la ley migratoria
- Los policías tienen prohibido avisar a las autoridades de inmigración dónde se encuentra una persona
- ICE no puede usar las instalaciones del Departamento de Correcciones como oficinas
- Las cárceles no comparten con las autoridades federales datos como fechas de salida o de audiencias, aunque sí pueden informar sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de alguien
¿Qué excepciones hay?
Las normas tienen excepciones. Para que la ciudad atienda una solicitud de ICE, la agencia necesita presentar una orden firmada por un juez, que no es lo mismo que una orden administrativa firmada por un agente de ICE. Además, la persona debe cumplir con alguna de estas condiciones:
- Haber sido condenada por un delito violento o grave
- Aparecer como posible coincidencia en la base de datos federal de terrorismo
- En el caso del NYPD, tener una condena por delito violento o grave y haber vuelto a entrar al país después de una deportación. En ese supuesto, la policía puede retenerla mientras llega la orden judicial
Si esa orden no llega en 48 horas, el NYPD debe liberar a la persona sin avisar a las autoridades migratorias. Una de las normas aclara que nada en ella impide a los empleados de la ciudad cumplir con la ley federal. La ciudad tampoco ha firmado acuerdos que permitirían a ICE instalar oficinas en terrenos del Departamento de Correcciones, y para el juez esa negativa es un ejercicio de su propia voluntad, no una violación de la ley federal.
¿Qué cambia y qué no para los inmigrantes en Nueva York?
Para quienes viven en la ciudad, el fallo mantiene las reglas tal como estaban, sin quitar ni agregar protecciones. Las cárceles y la policía siguen sin retener a nadie para ICE salvo en los casos previstos, y la información que comparte la ciudad sigue con los mismos límites.
“Esta es una victoria para los neoyorquinos y un reproche a la agenda de deportaciones de ICE”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani en un comunicado oficial.
ICE puede seguir operando en Nueva York por su propia cuenta, ya que el mismo fallo recuerda que los agentes federales pueden arrestar con órdenes administrativas y detener a personas que esperan una decisión sobre su deportación.
El propio gobierno reconoció en el caso que puede apoyarse en sus propias fuentes de información. Por eso, conocer los derechos ante un agente, distinguir una orden judicial de una administrativa y tener a la mano los contactos de líneas gratuitas y organizaciones de asesoría legal migratoria en Nueva York siguen siendo las mejores herramientas de protección.
La pelea en tribunales tampoco está cerrada, porque el Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters y no se sabe si apelará. Las reglas federales de apelación le dan alrededor de dos meses para hacerlo cuando el gobierno de EE. UU. es parte del caso. Una eventual apelación iría al Segundo Circuito, el mismo tribunal que en 1999 respaldó las leyes federales que Reyes declaró inconstitucionales.
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