Los liberan de ICE, pero no pueden volver a trabajar: la demanda por documentos retenidos durante meses
Siete inmigrantes demandaron a ICE porque siguen sin recuperar sus documentos. Conoce cómo la retención de permisos e identificaciones afecta sus vidas
Salir de un centro de detención migratoria debería permitir recuperar cierta estabilidad. Pero siete inmigrantes en Estados Unidos aseguran que su libertad llegó sin documentos esenciales para trabajar, conducir o identificarse. En octubre de 2026 presentaron una demanda colectiva federal en Washington, D.C., contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que acusan de retener sus pertenencias durante más de cinco meses después de liberarlos.
¿Por qué siete inmigrantes demandaron a ICE por retener sus documentos?
La demanda, respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostiene que ICE mantiene una práctica de retener documentos y objetos personales incluso cuando ya no existe una razón válida para conservarlos.
Según la información publicada por The Wall Street Journal, entre los artículos que los demandantes aseguran no haber recuperado figuran pasaportes, tarjetas del Seguro Social, permisos de trabajo, licencias de conducir, teléfonos celulares y llaves de automóviles. En uno de los casos, la lista incluye incluso un anillo de matrimonio.
La denuncia señala que esta situación no es un simple inconveniente administrativo. Para alguien que necesita demostrar su identidad o acreditar su autorización laboral, perder el acceso a esos documentos puede convertirse en un obstáculo que se prolonga mucho después de salir de custodia.
Los siete demandantes viven en distintos estados, entre ellos Florida, Indiana, Maine y California. La acción judicial busca que el caso pueda representar a otras personas que aseguran haber enfrentado circunstancias similares.
¿Cómo afecta la retención de documentos al trabajo y la vida diaria?
El caso de Vladimir Izmailov ilustra el alcance del problema. Este solicitante de asilo ruso afirma que ICE no le ha devuelto su documentación de autorización laboral ni otras pertenencias desde su liberación en abril de 2026.
La ACLU de Washington, D.C., explicó que Izmailov no ha podido conseguir un empleo significativo sin sus documentos de autorización de trabajo. También ha tenido que pedir dinero prestado para pagar el alquiler de su familia.
Otro demandante, Rolando Ramírez Fuentes, residente de Tampa, sostiene que la retención de su licencia de conducir y su tarjeta del Seguro Social le impidió conseguir trabajo y contribuyó a dejarlo sin hogar, según informó El País.
La libertad física no resuelve automáticamente los problemas que deja una detención. Sin la documentación necesaria, una persona puede tener dificultades para incorporarse al mercado laboral, realizar trámites y sostener económicamente a su familia.
Eso no significa que todos los documentos sean indispensables para cada contratación o trámite. Los requisitos varían según el procedimiento y la situación migratoria. Sin embargo, cuando se retienen documentos que una persona necesita para demostrar su identidad o autorización laboral, las consecuencias pueden ser importantes.
¿Qué reclama la demanda colectiva contra ICE?
Los demandantes argumentan que la retención prolongada de sus pertenencias vulnera la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra registros e incautaciones irrazonables. También sostienen que ICE incumple sus propias directrices sobre la conservación de bienes personales.
La demanda pide que el tribunal reconozca el caso como una acción colectiva, ordene devolver los artículos retenidos sin justificación y establezca medidas para evitar que otras personas enfrenten el mismo problema.
La denuncia no implica que un juez ya haya determinado que ICE actuó ilegalmente. Se trata de acusaciones que deberán evaluarse durante el proceso judicial.
Según The Wall Street Journal, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no habían respondido públicamente a las acusaciones cuando se publicó su información.
La pregunta de fondo va más allá de la devolución de un pasaporte o una tarjeta. Si el Gobierno libera a una persona, pero conserva durante meses documentos que necesita para reconstruir su vida, ¿qué mecanismos tiene esa persona para recuperarlos?
La demanda busca que un tribunal responda esa pregunta y determine si las prácticas denunciadas deben cambiar.
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