San Antonio, la ciudad que no quiere un centro de detención de ICE
San Antonio demanda para frenar centro de ICE sin revisión ambiental
La ciudad de San Antonio demandó al gobierno federal para frenar el plan del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de convertir un enorme almacén del lado este de la ciudad en un centro de detención para inmigrantes. La demanda, presentada el 13 de octubre de 2026 ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Texas, pide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su agencia migratoria detengan cualquier obra en el edificio hasta que se haga una revisión ambiental, según el comunicado de la ciudad de San Antonio.
El rechazo al proyecto no es nuevo en San Antonio. En abril, la alcaldesa Gina Ortiz Jones escribió al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que “mi comunidad no tiene interés en albergar un centro de procesamiento de ICE”, de acuerdo con la carta difundida por la alcaldía. En esa misma carta contó que una petición anterior, firmada en febrero junto con congresistas y autoridades del condado de Bexar, nunca tuvo respuesta.
La ciudad acudió a los tribunales después de enviar cinco cartas a lo largo del año, recibir una promesa de coordinación que ICE no cumplió y enterarse de que la agencia ya había contratado a una empresa para acondicionar el almacén. San Antonio sostiene que el gobierno federal se saltó un paso que la ley le exige, y su demanda enumera riesgos de salud y de infraestructura que, según la ciudad, nadie ha evaluado.
¿Qué tipo de centro de detención planea ICE en San Antonio y para cuántas personas?
El edificio en disputa es el almacén Oakmont 410, ubicado en el 542 S.E. Loop 410, con 639 mil 595 pies cuadrados sobre un terreno de 39 acres. Según la demanda presentada por la ciudad, el inmueble se diseñó para guardar y mover mercancías, no para alojar personas, y ICE planea transformarlo en un centro con hasta mil 500 camas para inmigrantes detenidos, sin contar al personal.
La ciudad asegura que ICE pagó 66.1 millones de dólares por la propiedad, pese a que su valor tasado era de 37 millones. También señala que el 28 de agosto se enteró de que la agencia había entregado un contrato de 17 millones de dólares a GardaWorld Federal Services, una empresa de seguridad, para preparar el almacén. El proyecto se suma a otros planes de ICE en Texas, entre ellos un posible centro de procesamiento en Los Fresnos y dos megacentros de detención en Hutchins y El Paso, en un momento en que la agencia acumula meses seguidos de récord de arrestos.
¿Por qué San Antonio dice que ICE violó la ley al no consultar ni medir el impacto?
La demanda se apoya en la Ley Nacional de Política Ambiental, conocida como NEPA, que obliga a las agencias federales a estudiar el impacto de un proyecto antes de ejecutarlo. Para la ciudad, ese paso nunca se dio, y en la demanda afirma que no se hizo ningún proceso de revisión ambiental ni antes ni después de la compra del almacén. Tampoco hubo consultas con otras agencias federales que tienen conocimiento técnico sobre agua, drenaje o salud.
Los funcionarios municipales enviaron cinco cartas al DHS e ICE a lo largo del año. En su comunicado, la ciudad explicó que la agencia prometió mantenerla informada y coordinar esfuerzos, pero no se ha comunicado con ella desde junio. La demanda añade que ICE no ha presentado la solicitud del permiso de pretratamiento de aguas residuales, que debe pedirse al menos 180 días antes de cualquier descarga, y que el DHS tendría que firmar un acuerdo de servicios públicos con la ciudad.
“Esta acción busca asegurar que se cumplan los requisitos legales aplicables”, dijo el abogado de la ciudad, Andy Segovia, en el comunicado oficial. San Antonio no es la única que ha ido a los tribunales por esta razón, ya que Colorado también demandó a ICE para frenar un centro de detención para mil 200 personas con un argumento ambiental muy parecido.
¿Qué riesgos de salud señala la demanda contra ICE?
Gran parte de la demanda describe problemas que la ciudad cree que un centro de este tamaño causaría en un edificio que no se construyó para albergar personas. El almacén tiene tuberías de 6 pulgadas y un medidor de agua de 2 pulgadas, y la ciudad calcula que alojar a mil personas multiplicaría casi 15 veces el uso del drenaje. Entre los riesgos que enumera están estos:
- Descargas sin tratar al drenaje público, que podrían incluir sangre, antibióticos, materiales médicos con fluidos corporales y otros patógenos, además de detergentes, petróleo y gasolina
- Desbordes o retrocesos de aguas residuales por la falta de capacidad de las tuberías
- Brotes de enfermedades contagiosas, como el de sarampión que hubo en febrero en un centro de ICE en Dallas o el de tuberculosis que llevó en julio a un centro de la agencia en Colorado a aplicar medidas de cuarentena
- Presión sobre las ambulancias y los especialistas en salud pública de la ciudad
- Riesgo de inundación, porque el almacén está junto a una zona clasificada como de inundación de 100 años
- Productos químicos de limpieza, como solventes y desengrasantes, que podrían terminar en el drenaje, además de más tráfico por el traslado de detenidos
La ciudad también estima que solo las tarifas para conectar el edificio a la red de drenaje costarían entre 1.5 y 2 millones de dólares. Con esos datos, San Antonio argumenta que nadie ha evaluado los riesgos que el centro implicaría para los detenidos y para los vecinos del lado este.
¿Qué sigue en el caso y cómo pueden las familias saber si un ser querido está detenido en Texas?
San Antonio pidió al juez que declare que ICE violó la ley ambiental federal, que anule la decisión de seguir con el proyecto y que lo suspenda con una orden temporal y otra permanente hasta que se complete la revisión. Presentar la demanda no detiene por sí solo las obras, porque eso solo ocurre si el tribunal dicta una orden. La ciudad informó que dará más detalles conforme avance el proceso.
Mientras el caso se resuelve, ICE sigue deteniendo a personas en otros centros de Texas, y muchas familias no saben a dónde fue trasladado un ser querido. La herramienta principal para ubicarlo es el Sistema Localizador de Detenidos en Línea de ICE, disponible en ice.gov/locator, que funciona de dos maneras según el folleto oficial de ICE en español.
- Con el número A, de nueve dígitos, y el país de nacimiento de la persona
- Con el nombre, el apellido y el país de nacimiento. Si no hay resultados, conviene probar variantes del nombre
¿Qué se puede hacer en caso de un arresto?
El sistema solo muestra a quienes están bajo custodia de ICE en ese momento y no incluye a menores de 18 años. Una persona arrestada hace poco puede tardar en aparecer, y algunas no aparecen por razones de seguridad. En esos casos, el paso siguiente es llamar a la oficina local de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE, cuyos contactos están en el directorio de la agencia. Otras vías, como el consulado y la consulta de casos en la corte de inmigración, están explicadas en esta guía sobre cómo localizar a un familiar detenido por ICE, y siempre conviene buscar a un abogado de inmigración antes de firmar cualquier documento.
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