Iniciativa para despenalizar injurias y difamación podría quedar fuera si no se vota antes del 12 de noviembre en Nuevo León
La propuesta podría perder vigencia el próximo 12 de noviembre si no es votada en el pleno.
Integrantes del colectivo Despenalizando la Palabra exigieron al Congreso de Nuevo León dictaminar con urgencia la iniciativa que busca eliminar del Código Penal estatal los delitos contra el honor, de injurias, difamación y calumnia, debido a que la propuesta podría perder vigencia el próximo 12 de noviembre si no es votada en el pleno.
Iniciativa podría caducar por segunda ocasión
La propuesta, registrada bajo el expediente 18951/LXXVII, plantea trasladar la resolución de estos conflictos exclusivamente a la vía civil mediante la reparación del daño moral. El objetivo es evitar que el aparato penal sea utilizado contra periodistas, activistas y ciudadanos por expresiones relacionadas con asuntos de interés colectivo.
De acuerdo con el colectivo, si las comisiones legislativas no procesan la iniciativa antes del plazo establecido, sería la segunda ocasión consecutiva en que pierde vigencia por inacción parlamentaria.
Los integrantes señalaron que Nuevo León mantiene estos delitos pese a que, desde 2007, la Suprema Corte despenalizó los delitos contra el honor a nivel federal, al considerar que podían resultar desproporcionados frente a la libertad de expresión.
Más de 15 mil carpetas de investigación
Durante la última década se han abierto en Nuevo León más de 15 mil 600 carpetas de investigación por delitos contra el honor, de las cuales cerca de 630 continúan activas por injurias, difamación y calumnias.
Liliana Cavazos, integrante del colectivo y de la Red de Periodistas del Noreste, advirtió que estos delitos pueden generar efectos de censura: “Una denuncia puede utilizarse para presionar, desgastar o incluso también desalentar una publicación de asuntos de interés colectivo”.
Tras reunirse con la presidenta del Congreso, Perla Villarreal, las organizaciones señalaron que la iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y respaldo de la CEDH, la Fiscalía y la ONU-DH.
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