Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de aviones en 1996
La orden contra Raúl Castro señala una presunta conspiración por el derribo de dos aviones civiles en 1996, en el que murieron cuatro estadounidenses.
Las autoridades de Florida, Estados Unidos, obtuvieron una orden de arresto estatal contra Raúl Castro Ruz por presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado, en relación con el derribo de dos aviones civiles el 24 de febrero de 1996, un hecho en el que murieron cuatro estadounidenses sobre aguas internacionales.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la medida y explicó que la Oficina de la Fiscalía Estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida participaron en la investigación. Según las autoridades, el caso fue reabierto el año pasado por instrucción del fiscal general.
La orden contempla un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, considerado un delito grave de primer grado bajo la legislación estatal. El tribunal no fijó una fianza y el caso continúa abierto, por lo que podrían presentarse cargos adicionales.
¿De qué acusan a Raúl Castro en Florida?
De acuerdo con la declaración jurada que sustenta la orden, Castro ocupaba entonces los cargos de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y primer vicepresidente del país. Las autoridades estadounidenses lo señalan como uno de los responsables de la cadena de mando que autorizó el derribo.
El documento sostiene que Castro dio instrucciones permanentes a altos mandos militares para derribar las aeronaves cuando aparecieran en el mar, sin necesidad de consultar a otras autoridades.
La acusación se refiere a la operación del 24 de febrero de 1996, cuando dos aviones civiles Cessna fueron destruidos por misiles aire-aire lanzados desde aeronaves MiG cubanas. Los cuatro ocupantes murieron.
¿Qué ocurrió con los aviones civiles en 1996?
Según la declaración jurada, tres aviones Cessna desarmados despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, el 24 de febrero de 1996.
Después de que las aeronaves cruzaron el paralelo 24 hacia el sur, fuera de las aguas territoriales cubanas, dos fueron derribadas por los MiG. El documento señala que volaban lejos de Cuba y que no recibieron advertencias, pese a que habían mantenido contacto con el control de tráfico aéreo de La Habana.
Las cuatro víctimas fueron identificadas como Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. El caso está relacionado con Brothers to the Rescue, organización en la que, según las autoridades, se infiltraron agentes de inteligencia cubanos para obtener información sobre los planes de vuelo.
Florida sostiene que hubo una operación de inteligencia
La declaración jurada indica que agentes de la Dirección de Inteligencia de Cuba, que operaban como parte de la llamada Red de Avispas en los condados de Miami-Dade y Monroe, se infiltraron en Brothers to the Rescue y transmitieron información sobre sus vuelos.
Las autoridades sostienen que esos datos respaldaron la Operación Escorpión y formaron parte de la conspiración investigada. También señalan que algunos de los actos relacionados con la recopilación y transmisión de información ocurrieron en los condados de Miami-Dade y Monroe.
La Oficina de la Fiscalía Estatal asumirá la jurisdicción sobre la investigación de la presunta conspiración criminal que abarca varios circuitos judiciales. La orden fue firmada por la jueza principal Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial.
Autoridades de Florida prometen continuar la búsqueda de justicia
James Uthmeier afirmó que el objetivo es buscar responsabilidades por la muerte de los cuatro estadounidenses. Por su parte, la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, calificó la orden como un paso importante para las familias de las víctimas y para la comunidad cubanoamericana, que durante décadas ha reclamado justicia.
El agente especial del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Michael Stein, también destacó que el paso del tiempo no debe detener la investigación.
En tanto, representantes de la fiscalía federal señalaron que la acusación federal presentada anteriormente sentó las bases para avanzar con el proceso estatal y afirmaron que continuarán explorando las vías legales disponibles.
La investigación permanece activa. La orden de arresto constituye una acusación dentro del proceso judicial y no equivale, por sí misma, a una sentencia que determine la culpabilidad de Raúl Castro.
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