¿Quiénes son los 21 sancionados por EE. UU. ligados al Cártel de Sinaloa?

Estados Unidos sancionó este martes a 21 personas y 25 entidades que señala como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre los nombres aparecen Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, operadores en Tijuana y Mexicali y personas que tuvieron cargos públicos o vínculos políticos en Baja California.

Tras la medida de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Hacienda precisó que se trata de una medida preventiva y que no implica acreditar responsabilidad.

¿Quién es quién entre los sancionados por EE. UU.?

Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”. Hijo de Ismael “Mayo” Zambada. El Tesoro estadounidense lo identifica actualmente como cabeza de Los Mayos. Nació en Anaheim, California, en 1982, y fue acusado en 2014 en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Hildegardo Gastélum García, “Aldo”. OFAC lo describe como uno de los principales asesores de “Mayito Flaco” y propietario de un negocio hotelero en Culiacán. También fue sancionada Servicios Hoteleros Gastélum.

Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”. El Tesoro afirma que anteriormente trabajó para el “Mayo”, controló territorio en Baja California y ahora encabeza la seguridad de Los Mayos. Su hermano, Francisco Javier Mendoza Uriarte, habría sido secretario del “Mayo”.

Lorenzo Castillo Maldonado. OFAC lo ubica como operador de “Güero Chompas” y encargado de proporcionar protección a “Mayito Flaco”.

Los operadores señalados en Tijuana

En Tijuana aparecen Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, la “Rana”. Ambos ya habían sido sancionados por OFAC en 2023 y ahora fueron redesignados. Estados Unidos los identifica como responsables de la plaza de Tijuana.

También aparecen Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, el “Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, el “Ranchero”, señalados como lugartenientes de los Arzate. Ilia Elizabeth Félix Rivera es identificada como facilitadora financiera mediante una casa de cambio en Tijuana.

Otros sancionados son Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, Carlos Villela Gómez Santelices, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala. OFAC los relaciona con redes empresariales, lavado de dinero o apoyo al Cártel de Sinaloa.

¿Quiénes tuvieron vínculos con el Gobierno de Baja California?

Aquí aparecen tres nombres relevantes por sus antecedentes políticos o como servidores públicos.

Carlos Alberto Torres Torres. Es exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. OFAC lo describe como un operador político vinculado al Cártel de Sinaloa y aliado del “Ruso”, y afirma que utilizaba influencia política para facilitar actividades del grupo y protegerlo de intervenciones gubernamentales. El Tesoro señala que el Departamento de Estado le retiró la visa estadounidense en mayo de 2025 por lo que describe como su afiliación y trabajo en favor del Cártel de Sinaloa.

Pedro Ariel Mendívil García. El propio Tesoro lo identifica como exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. OFAC sostiene que recibió sobornos del “Ruso” a cambio de permitir influencia del Cártel de Sinaloa sobre la Policía municipal.

Rafael Buenrostro Martín. Según OFAC, fue funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del Gobierno de Baja California. Estados Unidos lo acusa de utilizar influencia política en beneficio de José Ángel Rivera Zazueta a cambio de sobornos.

También fue sancionado Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres. OFAC afirma que recibía sobornos y lavaba fondos ilícitos mediante empresas y campañas políticas. El comunicado, sin embargo, no lo identifica como funcionario del Gobierno de Baja California.

México bloquea a las 21 personas y 25 entidades

La UIF informó que analizó la información financiera disponible en México tras la designación de OFAC y encontró, entre algunos de los sujetos, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Por ello incorporó a los 21 individuos y 25 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas.

Hacienda subrayó que esta inclusión es una medida preventiva de carácter administrativo y “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”. Los afectados pueden ejercer los medios de defensa previstos por la legislación mexicana.

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