SCJN obliga a municipios a destinar 10% de obras a comunidades indígenas
Municipios de México deberán destinar recursos directos a pueblos indígenas y afromexicanos tras una resolución de la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, a partir del ejercicio fiscal 2026, los municipios de todo México deberán destinar al menos 10% de sus fondos de infraestructura social directamente a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Al resolver 12 controversias constitucionales promovidas por distintos municipios, entre ellos la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el Pleno avaló que estos recursos sean administrados y ejercidos directamente por las comunidades para atender sus necesidades y decidir sobre su desarrollo.
SCJN establece recursos directos para pueblos indígenas
Las controversias fueron presentadas por municipios que argumentaron que la Secretaría de Bienestar invadía su autonomía al buscar intervenir en el manejo de sus finanzas.
Sin embargo, el Pleno de la Corte respaldó el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, que establece que el reconocimiento simbólico de los derechos de los pueblos originarios no es suficiente y que los tres niveles de Gobierno deben hacerlos efectivos.
“No basta con discursos u otro tipo de reconocimientos simbólicos. Los tres niveles de Gobierno están obligados constitucional y convencionalmente a hacer eficaces los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”,
Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la SCJN
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel destacó la importancia de que estas poblaciones cuenten con recursos propios para administrarlos y ejercerlos directamente, atender sus necesidades y decidir sobre su desarrollo.
El 10% es un piso mínimo, señala la Corte
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, calificó la resolución como un momento histórico para el país y para el máximo tribunal.
A su juicio, la decisión representa el cierre de una etapa en la que, dijo, los pueblos y comunidades indígenas solo habían alcanzado el reconocimiento como comunidades de hecho en el ámbito agrario, pese al despojo de tierras.
Los ministros precisaron que el 10% de los fondos de infraestructura social es un piso mínimo, no un límite máximo. Por ello, las autoridades municipales mantienen la obligación de realizar aportaciones económicas adicionales para estas comunidades.
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