Hoy entra en vigor: Cambian las reglas para la inversión extranjera en México
Las adquisiciones en sectores estratégicos estarán sujetas a nuevos criterios de revisión y autorización, según lo publicado en DOF.

Este 20 de noviembre entran en vigor las reformas a la Ley de Inversión Extranjera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece un filtro de seguridad para adquisiciones extranjeras en sectores estratégicos de empresas mexicanas.
El decreto establece que las inversiones extranjeras que busquen adquirir más del 49% del capital social de una sociedad mexicana deberán obtener una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando el valor de sus activos supere el monto que determine este organismo y sus actividades correspondan a sectores considerados estratégicos.
La reforma incorpora un nuevo Título Sexto Bis a la ley, dedicado a la seguridad nacional en las inversiones extranjeras. Con ello, se establece un procedimiento específico para evaluar operaciones que puedan representar riesgos o amenazas en esta materia.
¿Qué sectores estarán sujetos a revisión?
El nuevo artículo 30 Bis contempla cinco grupos de actividades económicas que podrán quedar sujetas a este mecanismo:
- Infraestructuras estratégicas: incluye instalaciones físicas o virtuales relacionadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, sector aeroespacial, defensa e instalaciones sensibles.
- Tecnologías críticas y productos de doble uso: como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología.
- Suministro de insumos fundamentales: particularmente energía, materias primas y seguridad alimentaria.
- Acceso a información sensible: especialmente datos personales o la capacidad de controlar esa información.
- Otras actividades similares: sectores económicos que la Comisión determine mediante una resolución general.
El requisito de autorización obligatoria considera tanto el porcentaje de participación extranjera como el valor de los activos de la empresa. Si este último no supera el umbral establecido por la Comisión, pero la participación extranjera que se pretende adquirir es mayor al 49%, la presentación de la solicitud será voluntaria.
¿Cómo funcionará la autorización?
La solicitud deberá presentarse ante la Secretaría Técnica de la Comisión y tendrá que ser realizada conjuntamente por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero.
La Comisión contará con un plazo de 45 días hábiles, a partir de la presentación de la solicitud, para emitir su resolución y comunicarla a las partes interesadas.
De acuerdo con el artículo 30 Quinquies, existen tres posibles resultados:
- Autorizar la adquisición: cuando la evaluación determine que no existen riesgos o amenazas a la seguridad nacional.
- Establecer condiciones: cuando sea necesario modificar el proyecto de adquisición para mitigar los riesgos identificados. Estas medidas estarán a cargo de las partes involucradas.
- Impedir la operación: cuando la Comisión determine que la adquisición representa un riesgo para la seguridad nacional.
Las autorizaciones favorables y las que estén sujetas a medidas de mitigación podrán incluir condiciones específicas, como reportes periódicos y evaluaciones sobre el cumplimiento del orden jurídico nacional.
Además, cuando se analicen asuntos de seguridad nacional, las personas integrantes de la Comisión no podrán abstenerse de votar. Las decisiones se tomarán por mayoría.
Nuevas multas y posibilidad de desinversión
La reforma también incorpora sanciones para las operaciones que incumplan el nuevo procedimiento.
Las sociedades mexicanas que transmitan, cedan o transfieran participaciones accionarias a un inversionista extranjero sin contar previamente con una resolución favorable de la Comisión, o pese a haber recibido una negativa, podrán recibir multas de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El mismo rango de sanciones aplicará cuando se incumplan las medidas de mitigación de riesgos establecidas por la Comisión.
Adicionalmente, el organismo podrá determinar la desinversión de los activos adquiridos. Para ello, se contempla un plazo de 90 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la notificación de la sanción, con posibilidad de una prórroga por un periodo igual.
También cambian las obligaciones de la Comisión
Entre las modificaciones adicionales, la reforma establece que la Comisión deberá presentar al Congreso de la Unión un informe estadístico cuatrimestral sobre el comportamiento de la inversión extranjera en México, con información sobre los sectores económicos y las regiones donde se concentra.
También deberá enviar semestralmente un informe sobre su gestión en materia de seguridad nacional y, cuando corresponda, comparecer ante las comisiones legislativas competentes.
Asimismo, se amplía la integración de la Comisión con representantes de distintas dependencias federales. Cuando se aborden asuntos de seguridad nacional, serán invitadas permanentes las personas titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes tendrán voz, pero no voto.
¿Cuándo se aplicarán los nuevos criterios?
El decreto establece que la reforma entra en vigor el día siguiente a su publicación en el DOF. Por ello, al haberse publicado el 19 de noviembre, sus disposiciones comienzan a aplicarse este 20 de noviembre de 2026.
Sin embargo, uno de los elementos necesarios para operar el nuevo mecanismo todavía deberá definirse: el monto mínimo del valor de los activos que activará la revisión obligatoria.
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tendrá un plazo máximo de 180 días naturales, contado a partir del día siguiente a la publicación del decreto, para emitir y publicar en el DOF la resolución general que establezca ese umbral.
Por otra parte, los asuntos que ya se encontraban en trámite antes de la entrada en vigor de la reforma serán atendidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.
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