Llamadas al 911 desde centros migratorios podrían hacerse públicas en California
La SB 423, conocida como Detention Facility Transparency Act, modifica la Ley de Registros Públicos de California para establecer determinadas comunicaciones
Para una persona detenida, una llamada al 911 puede ser mucho más que un registro administrativo: puede dejar constancia de una emergencia, una agresión o un problema médico dentro de una instalación a la que el público difícilmente tiene acceso. En California, la SB 423 podría cambiar qué ocurre con esos registros. El proyecto ya pasó por la Legislatura y Gavin Newsom tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para decidir si lo firma o lo veta.
¿Qué cambiaría con las llamadas al 911 desde centros migratorios?
La SB 423, conocida como Detention Facility Transparency Act, modifica la Ley de Registros Públicos de California para establecer que determinadas comunicaciones relacionadas con incidentes ocurridos en centros privados de detención no sean consideradas confidenciales.
El texto aprobado contempla que las agencias estatales o locales entreguen, cuando una persona lo solicite:
- Grabaciones y transcripciones de llamadas que reporten un incidente.
- Comunicaciones escritas relacionadas con esos hechos.
- Determinados documentos policiales vinculados con el reporte, investigación o conclusiones del incidente.
La medida no obliga directamente a ICE ni a las empresas privadas que administran los centros a publicar sus archivos. La obligación recae sobre las agencias públicas que conservan esos registros.
Y aquí está uno de los detalles que conviene no perder de vista: la definición de “incidente” es amplia. Incluye enfermedades o lesiones físicas o mentales, intentos de suicidio, presuntos delitos y otras emergencias.
¿La SB 423 permitiría publicar toda la información sin filtros?
No. El proyecto establece protecciones específicas.
Una agencia podría reservar determinados documentos escritos de una investigación activa cuando entregarlos pudiera interferir sustancialmente con la pesquisa, incluso si existe riesgo para un testigo o una fuente confidencial.
Pero la excepción tiene un límite importante: esa disposición no permite retener las grabaciones, transcripciones de las llamadas ni las comunicaciones escritas que reporten el incidente.
También habría que eliminar nombres o números identificativos de determinadas víctimas. La protección puede extenderse a denunciantes, testigos o informantes cuando exista una razón concreta para considerar que revelar su identidad representa un peligro significativo para su seguridad física.
Es decir, el proyecto busca ampliar el acceso a los registros sin convertirlos en una ventana abierta a los datos personales de quienes aparecen en ellos.
¿Por qué California quiere hacer públicas estas llamadas?
La propuesta de la senadora estatal Lena Gonzalez, demócrata de Long Beach, surgió después de una investigación de CalMatters sobre denuncias de agresiones sexuales en el Centro de Detención de Otay Mesa, en el condado de San Diego.
CalMatters informó que obtuvo registros que mostraban llamadas de servicio relacionadas con el centro, pero encontró dificultades para conseguir las grabaciones de audio y otros documentos. En 2025 hubo 159 llamadas de servicio al establecimiento y 21 estuvieron relacionadas con la ley federal PREA sobre abuso sexual en instalaciones de detención; siete correspondían a denuncias de violación, según el medio.
El caso puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué tan pública puede ser una emergencia ocurrida dentro de una instalación privada que alberga personas bajo custodia migratoria?
La propia SB 423 señala que el acceso a estos registros permitiría conocer la frecuencia y el contenido de las llamadas de asistencia realizadas por o en nombre de personas vulnerables detenidas en instalaciones privadas.
¿Qué falta para que las llamadas al 911 sean públicas en California?
La SB 423 ya superó la Legislatura. El documento oficial indica que fue aprobada en la Asamblea el 30 de agosto, en el Senado el 31 de agosto, quedó enrolada el 4 de septiembre y fue presentada al gobernador el 9 de septiembre de 2026.
Ahora la decisión está en manos de Newsom.
El calendario legislativo de California establece el 30 de septiembre de 2026 como último día para que el gobernador firme o vete este tipo de proyectos.
Si se convierte en ley, la modificación afectaría la manera en que las agencias públicas responden a las solicitudes de registros sobre emergencias ocurridas en centros privados de detención. La fecha prevista de entrada en vigor es el 1 de enero de 2027.
Mientras tanto, la SB 423 sigue siendo una propuesta aprobada por la Legislatura, pero todavía no una ley vigente. Ese matiz importa, especialmente para los familiares de personas detenidas y para quienes intentan conocer qué ocurre dentro de estos centros.
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