Trabajadoras embarazadas en Texas: corte bloquea ley de protección por cómo se votó en 2022 en el Congreso
El fallo limita la aplicación de una norma federal que exige adaptaciones laborales durante el embarazo

Un tribunal federal de apelaciones determinó que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó de manera inconstitucional un paquete de gastos de 1.7 billones de dólares en diciembre de 2022, debido a que permitió que legisladores votaran a distancia mediante representantes.
La decisión tiene una consecuencia directa para las trabajadoras embarazadas en Texas, pues mantiene bloqueada la aplicación de una disposición federal que les garantiza protecciones y adaptaciones en sus lugares de trabajo.
El fallo fue emitido el viernes 20 de noviembre de 2026 por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans. La decisión, adoptada por una mayoría de nueve jueces frente a ocho, respaldó una medida que el entonces fiscal general de Texas, Ken Paxton, consiguió para impedir que determinadas autoridades federales hicieran cumplir esa protección laboral dentro del estado.
Sin embargo, la resolución no elimina las protecciones para las trabajadoras embarazadas en todo Estados Unidos. Su alcance es más limitado, ya que impide que el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) hagan cumplir la disposición cuestionada contra Texas.
La controversia gira alrededor de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas (Pregnant Workers Fairness Act), una normativa federal que fue incorporada al paquete presupuestario aprobado por el Congreso en 2022.
¿Qué protege la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas?
La Pregnant Workers Fairness Act fue aprobada como parte de la legislación presupuestaria conocida como Consolidated Appropriations Act of 2023. La normativa entró en vigor el 27 de junio de 2023 y quedó bajo la administración de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).
Su objetivo es evitar que las mujeres embarazadas tengan que escoger entre conservar sus empleos y atender las necesidades relacionadas con su gestación, el parto o condiciones médicas posteriores.
Entre las principales protecciones contempladas por la ley se encuentra la obligación de que los empleadores cubiertos proporcionen adaptaciones razonables a las trabajadoras que las necesiten, siempre que estas no representen una dificultad excesiva para el funcionamiento de la empresa.
Por ejemplo, una empleada puede solicitar:
- Descansos adicionales para beber agua, comer o utilizar el baño.
- Cambios temporales en sus horarios de trabajo.
- La posibilidad de trabajar desde casa, cuando resulte viable.
- Un asiento o modificaciones en su estación de trabajo.
- Ayuda para levantar objetos pesados o la suspensión temporal de determinadas tareas.
- Permisos para asistir a consultas médicas relacionadas con el embarazo.
La legislación también prohíbe que un empleador niegue oportunidades laborales por la necesidad de proporcionar estas adaptaciones, obligue a una trabajadora a tomar licencia cuando exista otra alternativa razonable o tome represalias por solicitar o utilizar estas medidas.
Estas disposiciones se encuentran recogidas en el texto oficial de la ley publicado por la EEOC.
¿Por qué Texas cuestionó la protección federal para las trabajadoras embarazadas?
El origen de la disputa se remonta a la pandemia de COVID-19, cuando la Cámara de Representantes implementó un mecanismo que permitía a sus integrantes delegar sus votos en otros congresistas para participar en las decisiones legislativas sin estar físicamente presentes.
La medida fue introducida en mayo de 2020, durante la presidencia de la Cámara de Nancy Pelosi, como una alternativa para mantener las actividades del Congreso en medio de la emergencia sanitaria.
El problema fue que ese procedimiento también permitió contabilizar a legisladores ausentes como presentes para establecer el cuórum necesario para aprobar leyes.
El 23 de diciembre de 2022, la Cámara aprobó el paquete presupuestario por 225 votos a favor y 201 en contra. De los 427 congresistas que registraron su participación, 226 lo hicieron mediante representantes.
Texas, bajo la gestión del entonces fiscal general Ken Paxton, cuestionó la constitucionalidad de ese procedimiento y llevó el caso ante los tribunales. Su argumento se fundamentó en la cláusula de cuórum de la Constitución estadounidense, que establece los requisitos de presencia necesarios para que las cámaras del Congreso puedan realizar sus actividades legislativas.
La mayoría del tribunal consideró que los votos delegados no podían utilizarse para completar ese requisito constitucional. Por esa razón, determinó que la aprobación del paquete presupuestario había infringido la Constitución.
¿Qué decidió el tribunal y qué cambia para las trabajadoras embarazadas en Texas?
La votación del Quinto Circuito terminó bajo diferencia de 9 jueces contra 8. La mayoría respaldó el argumento de que la Constitución exige que una mayoría de los integrantes de la Cámara esté físicamente presente para establecer el cuórum, por lo que los votos delegados no podían utilizarse para satisfacer esa condición.
El juez federal Cory Wilson, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que las facultades de cada cámara para establecer sus propias reglas de funcionamiento no le permiten ignorar las limitaciones constitucionales.
Aunque el tribunal determinó que la Cámara aprobó inconstitucionalmente el paquete presupuestario, no anuló la totalidad de sus disposiciones ni suspendió la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas en todo el país.
La medida que quedó confirmada impide al Departamento de Justicia y a la EEOC hacer cumplir esa protección federal contra el estado de Texas.
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