Años en EE.UU. ya no garantizan una fianza: el fallo que cambia las reglas en Texas
Corte avala detener sin fianza a inmigrantes que entraron sin inspección
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito avaló que los inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin inspección permanezcan detenidos durante su proceso de deportación sin una audiencia individual de fianza, aunque lleven muchos años viviendo en el país. El pleno del tribunal, con sede en Nueva Orleans, revocó la liberación de tres padres de familia que llevaban entre 14 y más de 22 años en Estados Unidos, de acuerdo con la decisión publicada por el Quinto Circuito.
Una audiencia de fianza es la cita en la que un juez de inmigración revisa si la persona detenida representa un peligro o un riesgo de fuga y, si no es así, le fija una fianza para que siga su caso en libertad. Con este fallo, quienes entraron sin inspección y son detenidos en Texas, Luisiana o Misisipi no tienen derecho a esa audiencia, porque son los tres estados que caen bajo la jurisdicción del Quinto Circuito.
La decisión no es la última palabra sobre el tema, pues la Corte Suprema aceptó revisar este mismo debate en otro caso y su resolución aplicará en todo el país. Mientras eso ocurre, el criterio del Quinto Circuito rige en esos tres estados, y también puede alcanzar a personas arrestadas en otras partes del país a las que ICE traslada a centros de detención de la región.
¿Qué decidió el pleno del Quinto Circuito?
El caso reunió las historias de tres hombres arrestados tras paradas de tránsito. Ignacio Sosnava Rodríguez, un mexicano que vivía en Estados Unidos desde hacía más de 22 años, fue detenido por ICE en diciembre de 2025, mientras que Alejandro Villegas Ángel, también mexicano y padre de dos hijos estadounidenses, quedó bajo custodia de ICE en febrero de 2026, luego de que lo detuvieran por manejar sin licencia. El tercer caso, el de Miguel Ángel Gómez Alvarado, un hondureño que llegó en 2012 y es padre de un hijo estadounidense, comenzó con su arresto en noviembre de 2025.
Los tres consiguieron que jueces federales de Texas ordenaran su liberación entre febrero y marzo de 2026, pero el gobierno apeló, y el pleno del Quinto Circuito anuló esas órdenes por diez votos contra siete, según Bloomberg Law. En la opinión de la mayoría, el tribunal estableció lo siguiente:
- La Constitución no da a estos inmigrantes derecho a una audiencia de fianza mientras se resuelve su deportación
- El peligro que represente la persona o su riesgo de fuga no cuentan para decidir esta detención, porque la ley la vuelve obligatoria
- Detenciones de entre tres semanas y tres meses, como las de estos casos, no violan la Constitución
- Se anuló una regla que un panel del propio tribunal había fijado meses antes, que daba derecho a una audiencia de fianza tras 90 días de detención
La política que convirtió a residentes de años en “solicitantes de admisión”
El fondo del caso fue una interpretación de la ley que el gobierno empezó a aplicar en 2025, cuando comenzó a clasificar a quienes entraron sin inspección como personas que todavía “buscan admisión” en Estados Unidos, sin importar cuánto tiempo llevaran en el país. La Junta de Apelaciones de Inmigración adoptó ese criterio en una decisión conocida como Matter of Yajure Hurtado, y desde entonces muchos jueces de inmigración dejaron de conceder fianzas a residentes de largo plazo que antes sí podían pedirlas.
La decisión dividió con dureza al tribunal. Uno de los jueces de la mayoría escribió, en un voto aparte, que los detenidos “no reclaman un derecho a la libertad”, sino “un derecho a la entrada ilegal”, y la mayoría sostuvo que tenían “las llaves” de su encierro si aceptaban salir del país. Del lado contrario, una de las juezas que votó en contra calificó de “historia falsa” los argumentos de sus colegas, y el American Immigration Council, una de las organizaciones que representó a los tres hombres, llamó al fallo “una afrenta a la Constitución”, según un comunicado de la organización.
¿Por qué la última palabra la tendrá la Corte Suprema?
Los tribunales de apelaciones del país llegaron a conclusiones opuestas sobre este tema. La mayoría de los que lo revisaron consideró que detener a estos inmigrantes sin audiencia de fianza viola la ley federal, mientras que el Quinto y el Octavo Circuito resolvieron lo contrario, según The Associated Press. Para resolver esa división, la Corte Suprema aceptó el 1 de octubre revisar el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un brasileño con cerca de dos décadas en el país que fue arrestado en septiembre de 2025.
El máximo tribunal escuchará los argumentos en los próximos meses, y se espera su decisión antes de que termine su periodo de trabajo, a mediados de 2027. La revisión de la Corte Suprema sobre las detenciones sin fianza no frenó la política del gobierno, así que, hasta entonces, lo que ocurra con un detenido depende en buena parte del estado donde ICE lo mantenga. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los inmigrantes en el caso, calculó que millones de no ciudadanos podrían verse afectados por la decisión final.
¿Qué pueden hacer las familias de una persona detenida?
El fallo deja pocas vías para pedir la liberación de alguien detenido en Texas, Luisiana o Misisipi, pero no las cierra todas. El propio tribunal reconoció que un juez federal todavía puede revisar una detención en casos limitados, por ejemplo cuando hay una disputa sobre los hechos del caso o cuando la detención deja de servir a su propósito porque la deportación ya no es posible. Por eso, conviene que las familias reúnan desde el principio la información y los documentos del caso:
- Ubicación del detenido: el Sistema en Línea de Localización de Detenidos de ICE, disponible en español, permite buscarlo con su nombre completo, su país de nacimiento y su número de extranjero (A-number) o su fecha de nacimiento, de acuerdo con ICE
- Documentos de entrada y estancia: cualquier papel que muestre cómo y cuándo llegó la persona al país, además de pruebas de sus años de residencia y de sus lazos familiares
- Asesoría legal: un abogado de inmigración u organización de confianza puede revisar si el caso encaja en alguna de las excepciones que dejó abiertas el fallo
¿Qué hacer en caso de no contar con un abogado?
Quienes no pueden pagar un abogado tienen a su alcance una herramienta gratuita para preparar una petición de liberación ante un juez federal, aunque en los estados del Quinto Circuito sus posibilidades de éxito son menores después de este fallo, y no sustituye la asesoría de un especialista. El fallo tampoco cambia el caso de deportación en sí, porque solo decide si la persona espera la resolución detenida o en libertad, así que el detenido sigue teniendo derecho a defender su caso ante el juez de inmigración.
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