Jueza frena a ICE: esto es lo que ahora debe probar antes de arrestar a un migrante en California
Jueza exige a ICE probar riesgo de fuga antes de arrestar a inmigrantes en California
Una jueza federal le exigió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comprobar, caso por caso, que una persona intentará escapar antes de arrestarla sin orden judicial en el sur de California, según resolvió la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong en una orden emitida en días pasados.
La orden llega después de meses de operativos migratorios en la región, donde trabajadores agrícolas y de otros oficios denunciaron que agentes federales los detenían sin identificarse ni mostrar ningún documento legal.
La sola condición de estar en el país sin autorización migratoria nunca fue, por sí misma, motivo legal suficiente para un arresto sin orden, pero la evidencia presentada ante el tribunal mostró que eso es justo lo que ocurría en la práctica.
Pese a lo anterior, el fallo no cierra el caso. Se trata de una medida cautelar mientras avanza un litigio más amplio que ya lleva más de un año, y forma parte de una ola de decisiones parecidas que jueces federales han emitido en otros puntos del país. La medida, hasta ahora, cubre siete condados del sur de California:
- Los Ángeles
- Orange
- Riverside
- San Bernardino
- Ventura
- Santa Bárbara
- San Luis Obispo
¿Qué deben comprobar los agentes ahora?
De acuerdo con la orden judicial, publicada el pasado 2 de septiembre, un arresto civil sin orden judicial en estos condados solo es legal cuando el agente puede demostrar dos cosas al mismo tiempo: que existe causa probable de que la persona está indocumentada, y que es probable que escape antes de que se pueda tramitar una orden. Antes de este fallo, en la práctica bastaba con lo primero.
La jueza fijó tres condiciones concretas que los agentes deben cumplir a partir de ahora:
- Evaluar la totalidad de las circunstancias conocidas, no solo el estatus migratorio de la persona
- Dejar de usar como referencia el criterio de un memorando de enero de 2026 firmado por el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, que sugería que el simple hecho de estar indocumentado bastaba para presumir riesgo de fuga
- Documentar por escrito, en cada arresto, qué factores llevaron al agente a concluir que la persona iba a escapar
Lo que la orden no hace es prohibir los arrestos sin orden judicial como tales, ni resolver si la política completa del gobierno es ilegal —eso todavía se decidirá más adelante en el juicio—.
Las tres fallas que encontró la jueza en la evidencia
Los abogados de los demandantes revisaron 871 documentos ligados a 113 personas arrestadas, y encontraron tres patrones distintos de incumplimiento, según el mismo expediente judicial.
En 41 casos no había ningún tipo de análisis de riesgo de fuga documentado. En otros, el único factor que aparecía era el propio estatus migratorio de la persona, redactado casi siempre con las mismas palabras, sin explicar por qué ese individuo en particular iba a huir.
El tercer patrón fue el más contundente para la jueza: casos donde la justificación escrita del gobierno quedó contradicha por evidencia en video. En uno, los agentes reportaron que un hombre “estaba huyendo” de ellos, pero la grabación lo mostraba caminando con normalidad y enviando mensajes de texto en su teléfono.
En otro, agentes documentaron que un detenido no tenía identificación con domicilio, cuando el video mostraba que nunca le preguntaron eso antes del arresto. Frente a este patrón, el gobierno no presentó evidencia que contradijera ninguno de estos casos.
¿Quiénes están detrás de la demanda?
La demanda, presentada en julio de 2025, partió de cinco trabajadores latinos y tres organizaciones: la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles y los Trabajadores Agrícolas Unidos.
Esta surgió de operativos que trabajadores y organizaciones ya venían denunciando desde el verano de 2025 en campos agrícolas de Oxnard y Coachella, donde según testigos los agentes llegaban con el rostro cubierto y sin mostrar ninguna orden.
“Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en el esfuerzo de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de secuestrar personas y separarlas de sus familias”, declaró Mayra Joachin, abogada de la ACLU del Sur de California, en el comunicado de la organización.
Teresa Romero, presidenta de los Trabajadores Agrícolas Unidos, fue más allá al vincular los arrestos con el origen de los trabajadores: “hace más de un año, los trabajadores agrícolas del sur de California soportaron semanas de ataques horribles que los señalaban por el color de su piel”, dijo en el mismo comunicado.
Un patrón que se repite en otros estados
La propia sentencia de Frimpong cita, como antecedente, resoluciones casi idénticas que otros jueces federales ya habían emitido en Colorado y en Washington D.C., donde tribunales llegaron a la misma conclusión: que exigir un análisis individualizado de riesgo de fuga no es una preferencia de los jueces, sino un requisito que ya establece la ley federal.
Ese patrón importa porque ninguno de estos fallos, incluido el de California, resuelve el fondo del asunto. Son medidas mientras dura el litigio, el gobierno puede apelarlas, y la orden de Frimpong aclara expresamente que no es “una decisión final sobre los méritos” del caso.
Mientras tanto, para los trabajadores de estos siete condados que enfrenten una amenaza migratoria en el trabajo, ya existe además una red de leyes estatales —separada de este litigio— que multa a los empleadores que usan a ICE como forma de represalia laboral.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
