“Agua no fue para reprimir a manifestantes, sino para disolver explosivos”: director de Protección Civil de Jalisco se disculpa
Sergio Ramírez Robles reconoció que un mando en el lugar ordenó utilizar mangueras durante la movilización del 11 de octubre, pero no reveló su identidad.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez Robles, compareció ante diputados locales en el Congreso del Estado, donde aseguró que el uso de agua con mangueras durante la protesta del 11 de octubre, afuera de Casa Jalisco, en la que se exigió agua potable limpia, no tuvo como propósito reprimir a los manifestantes, sino disolver humos, polvos y explosivos que algunos de ellos arrojaron.
Afirmó que la orden de utilizar agua contra los manifestantes fue decisión del mando que se encontraba en el lugar, aunque no reveló su nombre ni cargo. Sostuvo que no busca deslindarse de la responsabilidad. La investigación de los hechos está en curso y la lleva el Órgano de control interno de la institución.
A las 12:50 inició la comparecencia del gabinete de seguridad ante la Comisión de Seguridad y Atención a Desaparecidos del Congreso de Jalisco para dar cuenta de la actuación de las autoridades en la manifestación del 11 de octubre en el que la población exigía agua potable limpia.
Acuden el nuevo secretario general de gobierno, Carlos Arias Madrid; el coordinador de seguridad, Roberto Alarcón; el secretario de seguridad, Juan Pablo Hernandez y el fiscal estatal Salvador González.
El Gobierno debe garantizar tanto la libertad de manifestación como el orden público
El secretario general de Gobierno señaló que no recibió ni participó personalmente en las decisiones operativas durante la manifestación del 11 de octubre, pero reconoció su responsabilidad institucional y aseguró que su dependencia cumplió oportunamente con las funciones que le corresponden conforme a la ley.
También señaló que la discusión sobre el operativo policial no debe desviar la atención de la demanda que originó la movilización: la exigencia de agua de calidad.
Finalmente, sostuvo que el gobierno debe garantizar tanto la libertad de manifestación como el orden público, respetar los derechos ciudadanos y la dignidad de los policías, y permitir que el poder público sea cuestionado sin miedo, siempre dentro del marco legal y constitucional.
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