Dictan prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California
Al exgobernador se le señala por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal.
Un juez de control determinó este viernes modificar la medida cautelar contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por lo que podrá continuar su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada.
La decisión cambia la prisión preventiva justificada que enfrentaba el exmandatario. De acuerdo con su defensa, el traslado a su domicilio estará a cargo de la Guardia Nacional y podría realizarse hasta el lunes.
Ernesto Ruffo irá a prisión domiciliaria en Ensenada
Arturo Germán Rangel, abogado de Ernesto Ruffo, explicó que el juez estableció un plazo aproximado de 48 horas para iniciar la nueva medida cautelar.
“El juez ordenó un promedio más o menos de 48 horas para que esté iniciado”, señaló el abogado. Agregó que, debido a los tiempos relacionados con el traslado, es probable que Ruffo llegue hasta el lunes a su domicilio particular en Ensenada.
La defensa técnica del exgobernador presentó durante la audiencia diversos argumentos y elementos probatorios para solicitar el cambio de medida.
Entre los aspectos considerados se encuentran:
- La edad de Ernesto Ruffo Appel
- Su estado de salud
- La ausencia de riesgo de fuga
- La ausencia de riesgo de obstaculizar las investigaciones
¿De qué acusan a Ernesto Ruffo Appel?
El exgobernador de Baja California enfrenta acciones penales por su presunta participación en un esquema de fraude y evasión, conocido como huachicol fiscal.
El caso está relacionado con la presunta importación y distribución irregular de combustibles sin realizar el pago de los impuestos correspondientes al fisco federal.
El proceso contra Ruffo continuará pese al cambio de la medida cautelar.
Cambio de medida no implica sentencia ni exoneración
Autoridades del Poder Judicial aclararon que otorgar la prisión domiciliaria no significa que exista una sentencia de culpabilidad contra Ernesto Ruffo, pero tampoco representa una exoneración de los cargos.
El procedimiento penal continuará en sus diferentes etapas y conforme a los plazos establecidos por la ley.
Mientras tanto, la Fiscalía General permanecerá a cargo de desahogar las pruebas restantes dentro del proceso.
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