El boquete financiero de 2024 y la crisis interna que asfixia al INE
De acuerdo con la Auditoría Superior, Guadalupe Taddei habría dejado 66.5 mdp pendientes de aclaración.
Mientras el Gobierno federal escarba en el pasado del Instituto Nacional Electoral (INE), la verdadera crisis estalla en el presente. La cuenta pública de 2024 revela observaciones millonarias a la actual gestión, en medio de un colapso operativo que amenaza los servicios y las próximas elecciones.
La auditoría forense número 230 es contundente: La administración de Guadalupe Taddei dejó 66.5 millones de pesos pendientes de aclaración. La mayor parte corresponde a simulacros electorales sin comprobación suficiente.
“¿Qué pasa cuando tú concentras el poder de esta manera? Pues el riesgo de las arbitrariedades, el riesgo del uso patrimonial de los recursos puede suceder, y sucedió… que Morena se haga cargo de su presidenta y que no crea que con solamente su renuncia el problema está resuelto, y que no crea que yendo hacia atrás va a querer construir una cortina de humo”
Edmundo Jacobo Molina / exsecretario ejecutivo del INE
Los escándalos ya fracturaron la operación diaria. Hoy, los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) enfrentan amagos de huelga. Los trabajadores denuncian condiciones precarias, falta de pago de horas extras y acoso laboral, además de la exigencia de un aumento salarial del 100 %.
“El INE vive una situación verdaderamente complicada… hay alrededor de 900 módulos en todo el país que están trabajando de manera permanente y muchos de los trabajadores de ellos están denunciando que no tienen condiciones adecuadas.
Marco Antonio Baños / ex consejero electoral del INE
“Es una administración que le cerró las puertas a los trabajadores, que no quiso hacerse cargo de modernizar las instalaciones, que cerró a la institución, que le metió cámaras, torniquetes, que le metió un sistema carcelario a las instalaciones del instituto”
El escenario se agrava; la Cámara de Diputados ya aprobó un severo recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE bajo la bandera de castigar la corrupción. Mientras tanto, el alcance real de las auditorías anunciadas por la ASF topa con una pared legal.
“La Auditoría Superior de la Federación no tiene facultad para sancionar… no es un ministerio público. La auditoría da indicios; no son peritos en la materia de persecución de delitos; la auditoría como tal persigue objetivos de mejora de gestión.
Nicolás Domínguez García / experto en Auditoría Gubernamental, Colegio de Contadores Públicos de México
“No es la titular la que realiza esa adquisición; también hay que considerar eso. Hay audios, hay información que todo indica que se gestionaba, pero realmente en el papel, las áreas responsables y los que tienen atribuciones son los que adquieren, son los que pagan y son los que realizan estas operaciones”
Con la amenaza financiera, un ambiente interno fracturado y cuentas pendientes, el árbitro electoral camina en la cuerda floja. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá demostrar si su revisión histórica tiene un fin técnico, o si solo abonará al discurso político de cara a unos comicios intermedios que hoy lucen inciertos.
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