En Alamance, NC, ICE se quedó sin su sheriff aliado, Terry Johnson
Shannon L. Long venció a Terry Johnson y abre un cambio con ICE en Alamance
Los votantes sacaron del cargo a Terry Johnson, sheriff del condado de Alamance, en Carolina del Norte, y uno de los aliados más visibles del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado, después de más de dos décadas al frente de la oficina. El independiente Shannon L. Long obtuvo 52.4% de los votos frente a 47.6% del republicano, según los resultados no oficiales que reportó WUNC, la radio pública de Carolina del Norte.
El cambio tiene un peso especial para la comunidad inmigrante, porque Johnson colaboró durante años con ICE a través del programa 287(g) y llegó a alojar a detenidos de inmigración en la cárcel del condado. Su sucesor, en cambio, prometió no retener a personas para ICE más allá de lo que exige la ley estatal y rechazó firmar el 287(g) en su forma actual.
Sin embargo, la salida de Johnson no deja al condado libre de obligaciones con la agencia federal. Carolina del Norte aprobó leyes que obligan a todos los sheriffs a cooperar con ICE en ciertos casos, por lo que el alcance real del cambio dependerá de lo que Long pueda decidir dentro de esos límites.
¿Quién es Terry Johnson y quién lo reemplaza?
Johnson, republicano, llegó a la oficina del sheriff en 2002 y buscaba su séptimo periodo consecutivo. De acuerdo con Elon News Network, el medio de la Universidad Elon, acumula 23 años como sheriff y 53 años de carrera en las fuerzas del orden. Tras conocerse el resultado, el sheriff reconoció en un mensaje que “el resultado no fue el que esperaba”.
Por su parte, Long es pastor de la iglesia Beyond Measure Ministries, en Haw River, y fue agente de la oficina del sheriff del vecino condado de Orange, con experiencia en patrullaje, en la cárcel y como agente asignado a escuelas. Durante la campaña, centró su propuesta en la prevención, la salud mental, la transparencia y una mejor relación entre los agentes y los residentes.
La contienda se definió en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, una jornada en la que la migración estuvo entre las preocupaciones de los votantes latinos y en la que, en distintos estados, compitieron candidatos que proponían endurecer las deportaciones o, por el contrario, limitar la colaboración con ICE. En Alamance, la balanza se inclinó por el candidato que prometía tomar distancia de la agencia.
Un historial marcado por el 287(g) y una demanda federal
El 287(g) es un programa voluntario mediante el cual ICE delega ciertas funciones migratorias en policías y sheriffs locales, y que la agencia ha extendido con fuerza en los últimos años a través de miles de acuerdos con policías locales en todo el país. En el caso de Alamance, Johnson se sumó al programa en 2007, y su relación con él estuvo marcada por idas y vueltas, según reconstruyó Bolts, un medio especializado en política local.
- 2002. Johnson asumió como sheriff del condado de Alamance
- 2007. Entró al programa 287(g) y firmó un acuerdo aparte para retener detenidos para ICE
- 2012. El gobierno de Barack Obama sacó a su oficina del 287(g), y el Departamento de Justicia lo demandó por discriminación contra latinos
- 2020. Volvió a entrar al 287(g) y firmó un nuevo acuerdo para retener detenidos de inmigración
- Noviembre de 2025. Anunció que dejaría de alojar y trasladar detenidos de ICE en la cárcel del condado
- Noviembre de 2026. Perdió la elección frente a Shannon L. Long
¿Qué pasó con la demanda de 2012?
La demanda de 2012 fue el episodio más grave de ese historial. En su comunicado oficial, el Departamento de Justicia acusó a la oficina de Johnson de detener a conductores latinos entre cuatro y diez veces más que a los no latinos, de arrestarlos por faltas menores por las que a otros solo multaban y de usar retenes para dirigirse contra esa comunidad. Además, la demanda aseguró que el sheriff y sus mandos usaban insultos contra los latinos.
Aun así, un juez federal desestimó la demanda al concluir que no se probó un patrón de discriminación, y tras la apelación del gobierno el caso cerró con un acuerdo en el que Johnson adoptó una política de vigilancia sin sesgos y el monitoreo de sus paradas de tránsito, según Bolts. Más tarde, la cárcel del condado llegó a alojar hasta 40 detenidos de ICE por contrato, hasta que el sheriff terminó ese acuerdo argumentando que debía priorizar el espacio y los recursos para los reclusos locales y estatales, de acuerdo con ABC11.
¿Qué exige la ley de Carolina del Norte sobre la cooperación con ICE?
Más allá de la postura de cada sheriff, la ley estatal fija obligaciones que no dependen del 287(g). La sección 162-62 de las leyes de Carolina del Norte establece qué deben hacer las cárceles de los condados cuando detienen a una persona acusada de ciertos delitos.
- Los responsables de la cárcel deben intentar averiguar el estatus migratorio de quien sea acusado de un delito grave (felony), de ciertos delitos menores graves, de violar una orden de protección o de manejar bajo los efectos del alcohol
- Si no logran determinarlo, deben consultar a ICE
- Si ICE emite una solicitud de detención, conocida como detainer, junto con una orden administrativa, la persona debe ser llevada ante un juez estatal, que puede ordenar su entrega a la agencia
- La persona puede quedar retenida hasta 48 horas después de la hora en que normalmente habría salido, y la cárcel debe avisar a ICE en las dos horas siguientes a esa hora de liberación
Estas reglas se reforzaron con la ley HB 318, que entró en vigor el 1 de octubre de 2025, después de que el Congreso estatal anulara en julio el veto del gobernador Josh Stein, según WFAE, la radio pública de Charlotte. Por eso, Long estará obligado a cumplir estas reglas aunque decida no firmar el 287(g), ya que ese programa es voluntario y la ley estatal no lo es.
¿Qué puede cambiar para las familias inmigrantes de Alamance?
El margen de cambio está en todo aquello que va más allá de la ley. Según Bolts, Long describió el 287(g) como una operación con “políticas y procedimientos negligentes”, vinculada al perfilamiento racial de latinos, y explicó su postura al decir que prefiere “que inmigración haga lo que tiene que hacer, en lugar de que nosotros nos entrelacemos con ellos”.
En la práctica, eso podría traducirse en que el condado deje de participar en el 287(g), en que la cárcel no vuelva a alojar detenidos de ICE por contrato y en una relación menos tensa entre la oficina del sheriff y la comunidad latina. En cambio, las consultas de estatus y la retención de hasta 48 horas seguirán vigentes por ley estatal, y ICE puede continuar con sus propios operativos en el condado sin depender de la oficina del sheriff.
Por eso, conviene que las familias inmigrantes de Alamance sepan que un arresto por un delito grave o por manejar en estado de ebriedad puede derivar en una consulta a ICE, sin importar quién sea el sheriff. Asimismo, es recomendable tener a la mano el contacto de un abogado de inmigración, conocer sus derechos ante cualquier agente y contar con un plan familiar en caso de una detención. Mientras tanto, la atención estará puesta en las primeras decisiones de Long sobre el 287(g) una vez que asuma el cargo.
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