Contra ICE: Colorado rechaza obligar a su policía a colaborar con la agencia
Colorado rechazó la Enmienda 81 y mantiene sus límites a la cooperación con ICE
Los votantes de Colorado rechazaron la Enmienda 81, una propuesta que buscaba obligar a policías, cárceles y fiscalías del estado a avisar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando presentaran cargos contra ciertas personas sin estatus legal. En el conteo preliminar del miércoles 4 de noviembre, el “no” sumó 55.03% de los votos frente a 44.97% del “sí”, de acuerdo con las cifras de The Associated Press que difundió Colorado Politics.
Esa diferencia de unos 10 puntos dejó a la iniciativa muy lejos de su meta, porque al tratarse de un cambio a la Constitución estatal necesitaba al menos 55% de los votos a favor para aprobarse. Por eso, la propuesta no solo tenía que ganar la votación, sino hacerlo con una mayoría amplia, y el resultado terminó prácticamente al revés de lo que requería.
El rechazo pesó más de lo que parece a simple vista, ya que, de haberse aprobado, el aviso a ICE habría quedado escrito en la Constitución de Colorado, por encima de las leyes con las que el estado ha limitado durante años la colaboración de sus autoridades con la agencia migratoria. Aun así, el resultado no resuelve por sí solo una duda frecuente entre las familias inmigrantes del estado, que tiene que ver con cuánto las protegen esas leyes frente a los operativos federales.
¿Qué proponía exactamente la Enmienda 81?
La medida llegó a la boleta por iniciativa ciudadana y, según el Blue Book, la guía oficial para votantes que publica la Legislatura de Colorado, habría obligado a policías, oficiales de corrección y personal de las fiscalías a notificar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un plazo de 72 horas. Ese aviso no dependía del arresto, sino del momento en que se presentaban cargos formales, es decir, antes de que un juez decidiera si la persona era culpable o inocente.
Además, la notificación no aplicaba a cualquier detenido. El texto fijaba varias condiciones que debían cumplirse al mismo tiempo y dejaba en manos de cada agencia la tarea de averiguar el estatus migratorio de la persona acusada.
- El cargo tenía que ser por un delito violento, o la persona debía tener una condena previa por un delito grave (felony)
- La persona no debía tener presencia legal confirmada en EE. UU., o bien su estatus no podía determinarse
- Las autoridades estaban obligadas a hacer un “esfuerzo razonable” para conocer ese estatus antes de decidir si avisaban a la agencia federal
¿Cuáles eran las críticas hacia la Enmienda 81?
Ese último punto concentró buena parte de las críticas. Entre los argumentos en contra que recogió la propia guía oficial, se advirtió que ni el “esfuerzo razonable” ni la “presencia legal” estaban definidos, por lo que la decisión podía quedar a criterio de cada agente y prestarse a perfilamientos por idioma o apariencia. Los opositores también señalaron que personas inocentes o con estatus legal podían verse afectadas si no lograban demostrarlo en 72 horas, y que víctimas y testigos podrían dejar de denunciar por desconfianza.
Los promotores, en cambio, defendieron que la enmienda creaba una regla igual para todo el estado, en lugar de dejar que cada condado decidiera por su cuenta. De acuerdo con su postura, la medida se enfocaba solo en personas acusadas de delitos violentos o con antecedentes graves, y no en quienes cumplen la ley.
Un rechazo que dejó a la enmienda lejos del 55% que necesitaba
La Enmienda 81 se decidió en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, una jornada en la que la migración estuvo entre las preocupaciones de los votantes latinos y en la que, en distintos estados, compitieron candidatos que proponían endurecer las deportaciones o, por el contrario, limitar los operativos de ICE. En Colorado, la propuesta fue impulsada principalmente por Advance Colorado, un grupo conservador que no revela a sus donantes, y The Associated Press la dio por derrotada la tarde del miércoles.
Del otro lado se formó una coalición amplia, en la que participaron fiscales de distrito, organizaciones proinmigrantes y funcionarios electos. Según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), que encabezó la oposición junto con la ACLU de Colorado y Together Colorado, la campaña en contra sumó el respaldo de más de 170 organizaciones y funcionarios electos, envió correo a 380 mil hogares y llegó a más de 2 millones de personas con anuncios digitales.
Las cifras de la votación corresponden todavía al conteo preliminar, así que pueden cambiar algunas décimas cuando la Secretaría de Estado de Colorado certifique los resultados oficiales. Sin embargo, la distancia entre el 44.97% que logró el “sí” y el 55% que necesitaba la enmienda hace muy difícil que el desenlace se revierta.
¿Qué dicen hoy las leyes de Colorado sobre la cooperación con ICE?
Como la enmienda no pasó, se mantienen intactas las reglas que la Legislatura estatal ha aprobado en los últimos años para separar a la policía local de la aplicación de las leyes migratorias. La guía oficial para votantes explicó que Colorado permite cooperar con el gobierno federal en casos penales, pero limita la participación de sus autoridades en la aplicación civil de las leyes de inmigración, que es el terreno donde se deciden las detenciones y deportaciones.
Un informe del personal del Consejo Legislativo de Colorado, publicado en febrero de 2026, detalló cuáles son esas protecciones vigentes en el estado.
- La policía no puede arrestar ni retener a nadie solo por una solicitud de detención de ICE, conocida como detainer, y desde 2025 las cárceles tampoco pueden retrasar la liberación de una persona por ese motivo
- Nadie puede ser arrestado con base en una orden migratoria civil dentro de tribunales, hospitales psiquiátricos o centros de salud conductual
- Las agencias estatales y locales no pueden recopilar ni divulgar el estatus migratorio de las personas, y los oficiales de libertad condicional tienen prohibido compartir datos personales de quienes supervisan con autoridades migratorias
- Los gobiernos estatales y locales no pueden firmar ni renovar contratos para operar centros de detención migratoria
¿Qué otras medidas contempla la Enmienda 81?
Asimismo, compartir con autoridades federales datos personales que no son públicos puede costar multas de hasta 50 mil dólares, salvo que lo exija una ley federal o exista una orden judicial, de acuerdo con la guía para votantes. Ese camino contrasta con el de otros estados, donde ICE ha multiplicado sus acuerdos 287(g) con policías y sheriffs locales para que agentes locales asuman tareas migratorias.
El gobierno de Donald Trump intentó anular estas protecciones en los tribunales, pero el 31 de marzo de 2026 el juez federal Gordon P. Gallagher desechó la demanda del Departamento de Justicia contra cuatro leyes estatales y dos de Denver. Según reportó The Associated Press, el juez concluyó que el gobierno federal no puede obligar a los estados a gastar sus recursos en aplicar leyes migratorias.
¿Qué significa el resultado para los inmigrantes en Colorado?
En la práctica, el rechazo deja todo como estaba antes de la elección. La policía y las fiscalías de Colorado no tienen ninguna obligación nueva de avisar a ICE cuando presentan cargos contra una persona, y siguen vigentes las reglas que impiden retener a alguien solo porque la agencia lo solicite.
Para Henry Sandman, codirector ejecutivo de CIRC, la enmienda “habría revertido décadas de esfuerzos” impulsados por defensores de los derechos de los inmigrantes en el estado. “Agradecemos que los votantes de Colorado se pusieran del lado de las comunidades inmigrantes”, afirmó Sandman tras conocerse el resultado, mientras que la organización sostuvo que el rechazo protege el debido proceso y la presunción de inocencia.
Aun así, las leyes estatales frenan la colaboración de policías y cárceles locales, pero no impiden que ICE realice sus propios operativos en Colorado, ya que los agentes federales pueden seguir deteniendo personas con sus propias órdenes. Por eso, conviene que las familias inmigrantes conozcan sus derechos, tengan a la mano el contacto de un abogado de inmigración de confianza y sepan que, si alguien queda detenido por la policía local y paga su fianza, la cárcel no puede mantenerlo encerrado solo por una solicitud de ICE.
Quienes necesiten reportar actividad de ICE o posibles casos de colaboración entre la policía local y la agencia pueden llamar a la línea de CORRN al 844-864-8341, que es bilingüe y atiende las 24 horas. Ese mismo número también sirve para documentar experiencias pasadas con agentes migratorios.
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