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    Duro revés para votantes naturalizados tras fallo de Corte Suprema: qué revisar antes del 3 de noviembre

    28 septiembre, 2026 | 10:50 | Miguel Escudero | Corte Suprema de EE.UU.

    GENERANDO AUDIO...
    La Corte Suprema reactiva SAVE y eleva el riesgo para naturalizados
    Personas realizando su voto
    La decisión no es un fallo definitivo sobre el caso. Foto: Envato

    Los ciudadanos recién naturalizados quedaron más expuestos a que un error en sus registros federales ponga en duda su derecho a votar, después de que la Corte Suprema de EE. UU. permitió al gobierno de Donald Trump retomar una herramienta que revisa la ciudadanía de los votantes con datos del Seguro Social, de acuerdo con la orden que el máximo tribunal publicó el 25 de septiembre.

    La decisión, tomada por seis votos contra tres, no es un fallo definitivo sobre el caso. Es una orden temporal que suspende el bloqueo impuesto por una corte federal de Washington, D.C., mientras avanza la apelación. Con ella, los estados pueden volver a consultar el sistema SAVE modificado de cara a la elección del 3 de noviembre, aunque una regla federal limita qué pueden hacer con esos resultados en las semanas previas a la votación.

    La Liga de Mujeres Votantes (League of Women Voters) y otras organizaciones demandaron para frenar el sistema bajo el argumento que los registros del Seguro Social no siempre reflejan cuándo una persona se hizo ciudadana. Ese desfase explica por qué a quienes se naturalizaron hace poco les conviene revisar su registro y tener a la mano sus documentos de ciudadanía o naturalización.

    ¿Qué es SAVE y qué cambió al cruzarlo con el Seguro Social?

    SAVE es un servicio de USCIS que permite a agencias federales, estatales y locales verificar el estatus migratorio o la ciudadanía de una persona. Según la ficha oficial de USCIS sobre verificación de votantes, el sistema no decide quién puede registrarse o votar. Solo entrega información a las oficinas electorales, que la usan desde 2005, y hoy lo tienen contratado agencias electorales de más de 27 estados.

    En 2025, el sistema cambió de forma importante. Las oficinas electorales pueden crear casos con el número de Seguro Social y enviarlos en bloque, sin pagar por cada consulta. Con esos datos, SAVE revisa primero las bases de la Administración del Seguro Social (SSA). Si ahí aparece un número de extranjero, pasa a los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y si hace falta, a los del Departamento de Estado, que emite los pasaportes.

    USCIS agregó otro cambio en noviembre de 2025, cuando permitió verificar a los votantes con solo los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. Para entonces, las oficinas electorales habían enviado más de 46 millones de consultas sobre votantes, según la agencia.

    La corte federal de D.C. había anulado esa versión del sistema en junio de 2026. Concluyó que violaba la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974, y que era arbitraria según la ley federal de procedimiento administrativo. Tras la orden de la Corte Suprema, el DHS calificó la decisión como “una victoria para la integridad electoral”, en voz de su consejero general, James Percival.

    ¿Por qué los ciudadanos naturalizados recientes son los más expuestos a errores?

    La base principal de la SSA, llamada NUMIDENT, guarda números de Seguro Social, nombres, fechas y lugares de nacimiento. Incluye también un indicador de ciudadanía, según describe el voto disidente de la jueza Ketanji Brown Jackson. Cuando una persona se naturaliza y ese indicador no se actualiza, el Seguro Social puede seguir registrándola como no ciudadana, aunque ya tenga derecho a votar.

    La propia orden reconoce que una integrante de las organizaciones demandantes, que vive en Luisiana, demostró que los registros de la SSA no reflejaban su naturalización. El voto disidente recoge además lo que documentó la corte de distrito en Texas. Ahí a una votante le cancelaron el registro sin que ella lo supiera, y otras dos tuvieron que presentar prueba de ciudadanía para seguir inscritas.

    USCIS reconoce ese límite en su ficha, ya que SAVE puede no confirmar la ciudadanía de quien no aparece como ciudadano en la SSA y no tiene otro registro federal que lo compruebe, como un certificado de naturalización o un pasaporte. La mayoría de la Corte no entró a discutir esos errores y centró su decisión en el daño que, a su juicio, sufría el gobierno. Escribió que la orden de la corte de distrito “inhibe los esfuerzos del gobierno federal por ayudar a las agencias estatales y locales en la correcta administración de las elecciones intermedias”.

    BREAKING: The Supreme Court allowed the Trump administration to resume its expanded voter citizenship verification program, which lets states use Social Security records to check voters' citizenship. Justices Sotomayor, Kagan, and Jackson dissented. pic.twitter.com/jEhmk13Om2

    — SCOTUS Wire (@scotus_wire) September 25, 2026

    ¿Qué permite y qué no la regla de los 90 días antes del 3 de noviembre?

    La Ley Nacional de Registro de Votantes obliga a los estados a terminar cualquier programa sistemático para sacar votantes del padrón a más tardar 90 días antes de una elección federal, según explica el Departamento de Justicia. Para la elección del 3 de noviembre, ese plazo venció el 5 de agosto, así que los estados ya no pueden hacer depuraciones masivas del padrón antes de la votación.

    La mayoría de la Corte admitió que esa pausa “limita el impacto potencial” de su decisión, pero argumentó que la orden anterior también impedía al gobierno hacer consultas individuales, que la ley sí permite en este periodo. Jackson respondió que el daño de dejar sin voto aunque sea a unos pocos votantes legales pesa más que el daño “inexistente” que alega el gobierno. En este periodo de 90 días, la ley sigue permitiendo algunas acciones sobre registros individuales.

    • Dar de baja a un votante que lo pida
    • Retirar el registro de una persona fallecida
    • Dar de baja por una condena penal o una incapacidad mental, según la ley de cada estado
    • Corregir datos del registro de un votante

    La ficha de USCIS agrega candados propios. Un resultado de SAVE no basta para rechazar un registro ni para sacar a alguien del padrón mientras la oficina electoral no complete todos los pasos que exige el sistema. Cuando SAVE indica que alguien no es ciudadano, el caso pasa a una revisión manual. Aun después de esa revisión, el estado debe dar a la persona la oportunidad de probar su ciudadanía, corregir sus registros y usar cualquier apelación disponible.

    ¿Cómo revisar si el registro sigue activo y qué documentos tener a la mano?

    La forma más directa de confirmar el registro pasa por Vote.gov, donde cada votante elige su estado y llega a la página oficial de su oficina electoral, según la guía de USAGov. La revisión conviene hacerla con tiempo, porque las fechas límite de registro cambian según el estado y algunas vencen semanas antes de la elección.

    Para quienes se naturalizaron hace poco, el otro frente es el propio Seguro Social. La SSA explica que el cambio de ciudadanía se hace solicitando una tarjeta de reemplazo en línea y presentando los documentos en una cita. Un folleto de USCIS para nuevos ciudadanos recomienda esperar al menos 10 días después de la ceremonia y llevar el certificado de naturalización o el pasaporte. A partir de esas fuentes, los pasos quedan así.

    • Revisar en Vote.gov que el registro de votante siga activo en su estado
    • Actualizar el registro del Seguro Social para que muestre la ciudadanía, con el certificado de naturalización o el pasaporte estadounidense
    • Guardar esos dos documentos en un lugar accesible, porque son la prueba de ciudadanía que puede pedir una oficina electoral
    • Responder dentro del plazo a cualquier aviso electoral que pida comprobar la ciudadanía, ya que ignorarlo puede terminar en la baja del padrón

    El caso sigue abierto en el Circuito de Apelaciones de D.C., y la orden de la Corte Suprema estará vigente mientras se resuelve esa apelación. El gobierno defiende el sistema como una forma de impedir que voten personas sin ciudadanía, algo que ya acarrea consecuencias legales graves para quien se hace pasar por ciudadano de EE. UU.. Para los ciudadanos naturalizados, la tarea antes de noviembre es asegurarse de que sus registros federales digan lo mismo que su certificado.

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