Juez frena a ICE: ya no podrá entrar a obras de construcción sin orden judicial en Alabama
Un juez federal de Alabama prohibió a los agentes migratorios ingresar a obras de construcción sin una orden judicial
Un juez federal le prohibió a los agentes migratorios entrar a obras de construcción sin orden judicial en Alabama, de acuerdo el dictamen del juez Jeffrey U. Beaverstock, difundido por el Institute for Justice (IJ), el bufete de interés público que representa al trabajador detrás de la demanda.
La orden congela, mientras avanza el juicio, las prácticas que dejaban a los agentes entrar a los sitios de trabajo sin identificarse ante nadie y detener a cualquier persona que les pareciera indocumentada solo por su apariencia.
Una demanda que frena el poder de ICE en Alabama
El caso llega en medio de una campaña de “deportaciones masivas” que empujó a los agentes migratorios a subir sus cuotas de arresto, según reportaron The Wall Street Journal y The Guardian sobre instrucciones internas de la actual administración.
En el sur de Alabama, esa presión se tradujo en una seguidilla de operativos contra obras de construcción del condado de Baldwin, una de las zonas de mayor crecimiento poblacional del país y con alta demanda de mano de obra.
El trabajador que llevó el caso a los tribunales es Leo Garcia Venegas, un ciudadano estadounidense nacido en Florida que se dedica a la construcción.
El caso de Venegas no es un caso aislado: la lista de ciudadanos estadounidenses que han terminado detenidos por ICE ha crecido en los últimos meses pese a mostrar documentos válidos. En el caso de García, fue detenido tres veces en menos de un año pese a mostrar en cada ocasión su REAL ID, la licencia que Alabama solo entrega a personas con estatus legal comprobado.
¿Qué le prohibió exactamente la orden judicial?
El juez Jeffrey U. Beaverstock, de la Corte del Distrito Sur de Alabama, congeló tres políticas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) venía aplicando en la región mientras se resuelve la demanda de fondo.
La medida no cierra el caso ni declara ganador a nadie todavía, y tampoco es la medida cautelar completa que pedía Venegas: según Reason, el propio juez calificó ese tipo de medida como “un remedio drástico y extraordinario” y optó, en cambio, por una suspensión temporal más acotada, bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, mientras el litigio sigue su curso.
Las tres políticas suspendidas son:
- Entrada sin orden judicial: permitía a los agentes ingresar a obras de construcción privadas, incluso cercadas o con letreros de “Prohibido el paso”, sin ningún documento legal que los autorizara.
- Detención preventiva: dejaba detener a trabajadores sin que existiera una sospecha concreta sobre esa persona en particular, basándose únicamente en su apariencia.
- Detención continuada: permitía que los agentes siguieran reteniendo a alguien aunque ya hubiera mostrado pruebas de su ciudadanía o estatus legal.
Con la orden vigente, los agentes ya no pueden mantener detenida a una persona una vez que presenta evidencia de su condición legal, como el propio REAL ID.
¿Quién es Leo Garcia Venegas y qué le pasó tres veces?
Venegas trabaja en construcción en el condado de Baldwin desde que terminó la preparatoria en 2018, primero como albañil y ahora colocando concreto para casas nuevas. El 21 de mayo de 2025 estaba levantando la base de unas viviendas cuando vio a agentes saltar una cerca y correr hacia sus compañeros latinos, entre ellos su propio hermano, indocumentado.
Al acercarse a grabar con su celular, un agente lo sujetó del brazo pese a que gritó que era ciudadano; lo tacleó al piso y lo esposó, y solo lo liberaron una hora después de confirmar telefónicamente su número de Seguro Social.
Apenas unas semanas más tarde, el 12 de junio, un agente entró sin orden judicial hasta la habitación de una casa que Venegas construía por dentro y le ordenó salir. Aunque volvió a mostrar su identificación, los agentes cuestionaron su autenticidad y lo formaron junto a otros trabajadores detenidos, algunos de ellos también con estatus legal, hasta liberarlo veinte minutos después.
Ya en pleno litigio contra el gobierno, agentes lo siguieron hasta su propia casa el 2 de mayo de 2026, lo sacaron a la fuerza de su camioneta y lo esposaron de brazos y piernas, sin escuchar tampoco esa vez que era ciudadano.
En resumen, así fue la cronología de las tres detenciones:
- 21 de mayo de 2025: tacleado y esposado en una obra; liberado tras una hora
- 12 de junio de 2025: sacado de una casa en construcción; liberado tras 20 minutos
- 2 de mayo de 2026: interceptado frente a su casa y sacado a la fuerza de su vehículo
¿Por qué el gobierno no aceptaba el REAL ID como prueba de estatus?
En una audiencia celebrada en mayo, un funcionario de DHS reconoció ante el juez que los agentes no confían en el REAL ID como prueba confiable de estatus legal, según el propio comunicado del Institute for Justice. La contradicción llamó la atención del juez Beaverstock: es la misma agencia federal la que certifica y administra ese documento.
Los agentes también argumentaron que tratan las obras de construcción como “campos abiertos” a los que pueden entrar sin causa ni orden judicial, incluso cuando —como en el caso de Venegas— se trata de una vivienda ya techada y con puertas, cerrada al público. El propio juez rechazó ese argumento en su fallo, publicado por Courthouse News: escribió que un trabajador tiene “una expectativa razonable de privacidad” en su sitio de trabajo y que no existe justificación para “entrar a un sitio de construcción que no está abierto al público” sin una orden.
Cobertura local del caso, recogida por NBC15/WALA, describió cómo Venegas testificó a través de un intérprete y el juez revisó en video el momento exacto de una de sus detenciones antes de tomar la decisión.
¿Qué sigue en el caso?
Venegas también presentó reclamos ante las agencias federales que lo detuvieron, como paso previo para exigir una indemnización bajo la ley federal que permite demandar al gobierno por daños (conocida como Federal Tort Claims Act); esos reclamos se sumarán más adelante a la demanda que ya está en curso.
DHS no se ha pronunciado todavía sobre esta orden en particular. En una declaración previa a Reason, mientras el litigio ya estaba en curso, la entonces subsecretaria de la dependencia, Tricia McLaughlin, calificó la demanda de Venegas como “infundada” y como parte de un “oportunismo con perfilamiento racial”, e insistió en que los agentes actúan con “sospecha razonable” y no con “paradas indiscriminadas”.
Mientras el juicio continúa, la orden ya cambia la forma en que los agentes pueden operar en las obras de construcción de Alabama, aunque no impide que el gobierno apele la decisión.
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