Colorado demanda a ICE para frenar un centro de detención para 1,200 personas
Colorado demanda a ICE para frenar centro de detención de 1,200 camas
Colorado demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para frenar la apertura de un centro de detención de inmigrantes con mil 200 camas en el pueblo de Hudson. El fiscal general Phil Weiser presentó la demanda el 29 de septiembre ante una corte federal en Denver y sostiene que el gobierno federal contrató el centro sin hacer los estudios ambientales que exige la ley, según un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Colorado.
El centro, llamado Big Horn, ocuparía una antigua prisión que lleva más de una década vacía, a unos 50 kilómetros al noreste de Denver. La empresa privada GEO Group lo operaría para ICE bajo un contrato de más de 500 millones de dólares, en una localidad tan pequeña que la llegada de los detenidos casi duplicaría su población.
Las obras de remodelación están en marcha y la empresa calcula terminarlas a finales de 2026, de modo que el estado busca que un juez las detenga antes de que el lugar reciba a su primer detenido. Para las familias inmigrantes de Colorado, el resultado definirá si el estado suma un segundo gran centro de detención a poca distancia de su capital.
¿Qué es el centro Big Horn y quién lo operaría?
Big Horn es el nuevo nombre de la Hudson Correctional Facility, una prisión construida alrededor de 2008 que entre 2009 y 2013 albergó a presos enviados por el estado de Alaska, con un máximo de 871 internos. El edificio quedó vacío en octubre de 2013 y pertenece a un fondo inmobiliario que se lo renta a GEO Group por siete años, de acuerdo con el texto de la demanda.
ICE adjudicó el contrato de forma provisional en diciembre de 2025 y lo cerró en firme el 9 de julio de 2026, con una vigencia de cinco años. La agencia justificó la expansión con el argumento de que sus operativos reforzados han generado un número importante de arrestos que requieren más espacio de detención, según declaró a CBS News.
GEO Group opera también el centro de ICE en Aurora, que tiene capacidad para mil 532 personas, de acuerdo con la página de la propia empresa. Entre los dos centros sumarían más de 2 mil 700 camas de detención migratoria en Colorado, en un momento en que hospitales y ambulancias les cobran directamente a personas detenidas por ICE y las condiciones de esos centros están bajo la lupa.
¿Qué argumenta Colorado contra el gobierno federal?
El estado acusa a DHS y a ICE de violar tres leyes federales. La principal es la ley ambiental conocida como NEPA, que obliga a las agencias a estudiar el impacto de un proyecto antes de aprobarlo, algo que el gobierno sí hizo con centros de detención en El Paso, Laredo y Houston. También invoca la ley de inmigración, que exige usar “lugares apropiados” para detener personas, y sostiene que Hudson no tiene la infraestructura para recibir a mil 200 detenidos.
Hudson tenía mil 651 habitantes en el censo de 2020, y la demanda describe un pueblo cuyos servicios quedarían rebasados por un centro de ese tamaño. Estos son los problemas que el estado enumera.
- La planta de aguas residuales del pueblo rebasa su capacidad en las horas de mayor uso
- La zona incumple las normas federales de ozono, y el centro sumaría emisiones y tráfico
- Los caminos de acceso tienen dos carriles y tramos de terracería
- Un corredor migratorio de venados pasa a menos de un kilómetro, y en el área viven especies protegidas
- Los centros de detención han registrado brotes de enfermedades, entre ellos una exposición reciente a tuberculosis en Aurora
Weiser enmarcó la demanda en un reclamo más amplio contra la política migratoria federal. En su comunicado afirmó que los habitantes del estado están “profundamente preocupados” por un centro que serviría para ejecutar lo que llamó el “inhumano, y a menudo ilegal, plan de deportaciones masivas” del gobierno de Trump.
¿Qué le pide el estado a la corte?
La demanda llegó acompañada de una solicitud de orden preliminar, porque las obras avanzan y GEO Group contrata personal para el centro. Colorado quiere que el juez frene la remodelación y la apertura mientras se resuelve el caso, y que al final obligue al gobierno a empezar de nuevo con los estudios que omitió. Las peticiones concretas son cuatro.
- Declarar ilegales las decisiones de DHS e ICE sobre el centro
- Suspender las obras y la operación, primero con una orden preliminar y luego de forma definitiva
- Anular el contrato con GEO Group
- Ordenar a las agencias que hagan la revisión ambiental y evalúen si el lugar es apropiado
La solicitud del estado no propone una fecha de audiencia, así que el calendario queda en manos del juez. El caso se suma a otros choques legales entre autoridades de Colorado y el gobierno federal, como la demanda de Denver para evitar la presencia de ICE en los centros de votación.
¿Qué significa para las familias inmigrantes de Colorado?
La demanda no cambia por ahora la situación de quienes viven en el estado, ya que el centro Big Horn todavía no recibe detenidos y los arrestos de ICE continúan con independencia del juicio. Si el juez concede la orden que pide el estado, la apertura quedaría en pausa. Si la niega, el centro podría empezar a operar tras el fin de las obras.
El litigio coincide con otro momento decisivo, pues en noviembre Colorado votará si su policía debe reportar a inmigrantes a las autoridades federales. Ante ese panorama, las familias pueden tomar algunas previsiones.
- Tener a la mano el nombre completo, la fecha y el país de nacimiento de cada integrante, además de su número de registro de extranjero (número A) si lo tiene
- Saber cómo localizar a un familiar detenido por ICE mediante el localizador en línea de la agencia
- Guardar el contacto de un abogado de inmigración o de una organización de ayuda legal
- Seguir el avance del caso, porque la decisión del juez definirá si el centro abre
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