Un juez federal acusa al gobierno de ignorar su fallo sobre arrestos migratorios sin orden en Montana y ordena liberaciones
Montana: juez ordena liberar inmigrantes; gobierno incumplió su fallo
El juez federal Brian Morris acusó al gobierno de no acatar su fallo en donde declaró ilegales los arrestos migratorios sin orden judicial en Montana, por lo que comenzó a ordenar, caso por caso, la liberación de las personas detenidas de esa forma, según una de sus órdenes del 18 de septiembre de 2026.
El gobierno siguió reteniendo a los inmigrantes aun después de que el tribunal declaró ilegales sus arrestos, por lo que el juez tuvo que exigir que cada detenido presentara su propia petición de liberación.
Ese mismo viernes 18 de septiembre, el juez ordenó la liberación de 24 personas detenidas en el condado Cascade, de acuerdo con el despacho Upper Seven Law, que representa al grupo de detenidos en la demanda colectiva. Algunas llevaban más de seis semanas encerradas, según el despacho, cuya directora de litigio, Molly Danahy, aseguró que “no dejaremos de exigir a los funcionarios federales que respeten las reglas básicas de nuestra Constitución que nos mantienen libres”.
El caso gira en torno a una regla de la ley migratoria federal, que solo permite a un agente arrestar a una persona sin orden judicial cuando tiene razones para creer que está en el país en violación de la ley y que podría escapar antes de que se obtenga esa orden.
¿Qué decidió el juez sobre los arrestos sin orden en Montana?
La demanda comenzó con Jesús Verde Hernández, quien pidió su liberación a nombre propio y de otras personas en su misma situación mediante un recurso de habeas corpus, que sirve para que un juez revise si alguien está detenido de forma legal.
Después de que Hernández obtuvo su libertad, José Alfredo Martínez Alaniz tomó su lugar como representante del grupo, y Morris, juez principal del Tribunal de Distrito de Montana, certificó la demanda colectiva con dos subgrupos de personas arrestadas de forma indebida.
En su fallo, el juez determinó que arrestar a un inmigrante sin orden judicial, o sin una evaluación previa e individual de que probablemente escaparía, viola sus derechos constitucionales. También recordó que los inmigrantes que no fueron admitidos legalmente en el país y que son detenidos en el interior del territorio tienen derecho a una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.
Morris explicó que un arresto correcto exige una orden emitida antes de la detención o una creencia razonable del agente de que la persona podría escapar, y que en esos casos las normas federales establecen que la custodia debe decidirse, por lo general, en un plazo de 48 horas. En los casos de los detenidos cuya liberación ordenó, el juez concluyó que no había ninguna prueba de que se cumpliera alguna de esas dos condiciones.
Para describir la práctica de emitir órdenes de arresto después de las detenciones, el juez retomó las palabras de otro tribunal federal, que la calificó como “ilegal, indebida e inconstitucional” y la consideró contraria y ofensiva a un comportamiento legal y constitucional.
¿Por qué el juez acusa al gobierno de ignorar su fallo?
El tribunal emitió una declaración judicial para todo el grupo, es decir, reconoció que los arrestos eran ilegales, pero no ordenó en ese momento liberar a todos los detenidos de una sola vez. El gobierno se negó a acatar esa declaración y siguió reteniendo a los miembros del grupo, según las órdenes del juez, que por esa razón concedió medidas adicionales, entre ellas que cada detenido presentara una petición individual de liberación.
Upper Seven Law informó que esa decisión llegó el 15 de septiembre, cuando el tribunal constató que el gobierno mantenía detenidas a personas que formaban parte del grupo protegido por el fallo. El despacho añadió que seguirá presentando peticiones para los demás detenidos, mientras el juez las resuelve de forma escalonada.
Las órdenes de liberación continuaron en los días siguientes. El 22 de septiembre, el juez firmó otra orden con los mismos argumentos, en la que volvió a señalar que el gobierno no acató la declaración judicial y continuó reteniendo a personas detenidas de forma indebida.
¿Qué derechos tiene una persona si la detienen sin orden judicial?
La ley federal establece que una persona arrestada sin orden debe ser llevada sin demora ante un funcionario migratorio que revise su caso. Frente a un agente, además, cualquier persona conserva derechos básicos, de acuerdo con la guía de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Estos son los principales.
- Guardar silencio. Nadie está obligado a hablar sobre su estatus migratorio o su ciudadanía con policías o agentes de inmigración, y lo que diga puede usarse en su contra en la corte de inmigración.
- Pedir hablar con un abogado. Quien no tenga sus documentos migratorios puede decir que quiere guardar silencio o que desea consultar a un abogado antes de responder cualquier pregunta.
- Negarse a un registro. Los agentes no pueden revisar a una persona ni sus pertenencias sin su consentimiento o sin causa probable, y si piden revisar un vehículo, la persona puede negarse a dar su consentimiento.
- Los pasajeros también tienen derechos. Tanto el conductor como los pasajeros pueden guardar silencio, y un pasajero puede preguntar si tiene libertad para irse.
- No mentir ni presentar documentos falsos. Quien no es ciudadano y lleva consigo sus documentos migratorios debe mostrarlos si un agente de inmigración los pide.
El caso de Montana también muestra que una detención sin orden puede impugnarse ante un juez federal. Un abogado puede presentar un recurso de habeas corpus para pedir la liberación, como hicieron los detenidos del condado Cascade.
¿Qué ordenó el juez para los inmigrantes liberados?
Uno de los primeros casos resueltos fue el de Hugo González-Álvarez, cuya petición el juez aceptó el 18 de septiembre al concluir que el gobierno había violado sus derechos constitucionales y la ley.
Morris ordenó liberarlo en un plazo de 24 horas, avisar a su abogado dónde recogerlo y devolverle sus pertenencias, incluido cualquier documento de identidad o de autorización de empleo.
El juez también prohibió que el gobierno vuelva a detenerlo mientras siga su proceso migratorio, salvo que antes se celebre una audiencia ante un juez de inmigración en la que el gobierno demuestre con pruebas claras y convincentes que la detención es apropiada.
Carlos Vidal Morales obtuvo una orden con las mismas condiciones el 22 de septiembre. Las órdenes precisan además que, si alguno de ellos llega a recibir una orden final de deportación, el gobierno podrá detenerlo solo para ejecutarla y deberá darle una audiencia de fianza. Morris ordenó también al gobierno certificar ante el tribunal que cumplió cada orden, y dejó claro que el tribunal mantiene su autoridad para hacerlas cumplir.
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