Un nuevo estudio asegura que el gobierno de Trump está acrecentando más la población indocumentada, en lugar de reducirla
Indocumentados aumentan en EE.UU. bajo Trump, según estudios
Un nuevo análisis de política migratoria concluyó que el número de personas indocumentadas en Estados Unidos aumentó, en lugar de reducirse, durante el segundo mandato de Donald Trump, de acuerdo con una investigación del centro de política pública Third Way.
El análisis, firmado por Sarah Pierce y Frank Sharry y publicado el 16 de septiembre, calculó que por cada persona deportada, el gobierno “creó” otras dos personas indocumentadas al quitarles su estatus legal sin que salieran del país.
Un segundo análisis, del Searchlight Institute —fundado por dos extitulares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el gobierno de Joe Biden—, llegó a la misma conclusión general con una cifra todavía más alta: por cada persona deportada, el gobierno creó otras tres personas indocumentadas. Ese análisis, firmado por Blas Nuñez-Neto y Daniel Delgado, se publicó casi un mes antes, el 11 de agosto.
El hallazgo contradice la lógica más común sobre inmigración: los cruces irregulares en la frontera sur llevan meses en mínimos históricos. La explicación, según ambos análisis, está en otro lado: el gobierno le retiró el estatus legal a millones de personas que ya vivían y trabajaban dentro del país con un permiso válido, convirtiéndolas en indocumentadas de un día para otro sin que cruzaran ninguna frontera.
¿Cómo perdieron su estatus legal estas personas?
La vía principal fue el retiro de dos tipos de protección que no equivalen a una residencia permanente, pero sí permiten vivir y trabajar legalmente en el país mientras están vigentes: el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el permiso humanitario (parole).
- TPS: el gobierno le puso fin a la protección para varios países. Solo entre Haití y Venezuela, la cifra combinada rondó el millón de personas en algún punto de la batalla legal. Un juez federal bloqueó la cancelación para ambos países a mediados de 2025, pero la Corte Suprema terminó permitiendo que el gobierno avanzara con el retiro para varios de esos beneficiarios más adelante.
- Permiso humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV): cerca de 532,100 personas tenían este permiso. El gobierno dejó de otorgarlo a nuevos solicitantes desde enero de 2025 y, meses después, empezó a revocarlo también a quienes ya lo tenían.
- Permiso humanitario vía la aplicación CBP One: otras 936,500 personas habían entrado con una cita agendada por esa aplicación durante el gobierno de Joe Biden. En abril de 2025 el gobierno les avisó de forma masiva que perderían ese permiso en siete días.
Sumadas, estas cancelaciones afectaron a más de 1.6 millones de personas que hasta entonces tenían permiso para estar en el país, según la cifra que usa Searchlight Institute, y esa cantidad podría llegar a 2.7 millones si el gobierno cancela las protecciones de TPS que aún quedan vigentes para otros países.
¿Cómo se comparan estas cifras con las deportaciones reales?
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado a cerca de 590,000 personas desde que empezó el segundo mandato de Trump, contando tanto el resto del año fiscal 2025 como lo que va del año fiscal 2026.
Es una cifra alta, comparable con el máximo histórico que dejó Barack Obama en 2013, pero muy por debajo de la meta de 3,000 deportaciones diarias que la propia administración se propuso.
Ese contraste es justamente el argumento central de ambos análisis: mientras las deportaciones avanzan a un ritmo cercano al de administraciones anteriores, el retiro de estatus legal a personas que ya estaban dentro del país ocurre a una escala mucho mayor y más rápida, sin pasar por un proceso judicial individual para cada persona.
¿Qué impacto económico señalan ambos análisis?
Los dos análisis citan estimaciones de la Institución Brookings para calcular el costo económico de esta combinación de menos inmigración legal y más personas fuera de la fuerza laboral formal.
Según esos cálculos, el menor consumo derivado de estas políticas le restó entre 40,000 y 60,000 millones de dólares al gasto del consumidor en 2025, con una reducción adicional de entre 10,000 y 40,000 millones proyectada para este año.
El sector de la construcción aparece como uno de los más expuestos: la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (NAHB) calcula que la escasez de mano de obra en oficios especializados ya se traduce en 19,000 viviendas menos construidas cada año, un costo de 10,800 millones de dólares para la economía.
Ambos análisis coinciden en que la fuerza laboral total del país se redujo en 1.6 millones de personas desde que Trump volvió a la Casa Blanca.
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