Organizaciones acusan incongruencias en evaluación judicial
La AMJAC expresó su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación
La Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC) señaló dos incongruencias en la implementación de la reforma judicial, tras la publicación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que establece la evaluación del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La organización expresó su respaldo a las personas trabajadoras, quienes llevan a cabo manifestaciones en varios estados, y pidió que las evaluaciones se realicen con criterios objetivos, reglas claras y respeto a los derechos laborales. También cuestionó las diferencias entre los requisitos para el personal de carrera y los aplicables a las personas juzgadoras electas.
AMJAC cuestiona criterios de evaluación en la reforma judicial
La asociación señaló que la reforma sustituyó los concursos de oposición para acceder a juzgados y magistraturas por un proceso de postulación que incluyó cartas de referencia, ensayos, insaculación y una elección.
Además, recordó las denuncias relacionadas con los llamados “acordeones” electorales, ante las cuales el Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares por posibles afectaciones a la libertad del voto.
AMJAC también cuestionó el artículo 47 del Acuerdo General 6/2025, que permite considerar satisfactorio el desempeño de las personas juzgadoras electas cuando cumplen al menos cuatro de seis aspectos evaluados.
Esto significa que obtener una calificación mínima de 8.5 en el examen teórico-práctico no es indispensable para alcanzar una evaluación satisfactoria.
La asociación consideró incongruente exigir evaluaciones al personal de carrera sin garantizar criterios igualmente rigurosos para quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
No obstante, reconoció que la evaluación de 2026 será diagnóstica y que sus resultados no afectarán individualmente la permanencia del personal.
AMJAC señala pagos pendientes tras la reforma judicial
La segunda incongruencia señalada por AMJAC está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en la reforma.
La organización recordó que el artículo décimo transitorio del decreto constitucional del 15 de septiembre de 2024 ordenó respetar los derechos laborales y cubrir determinadas prestaciones al momento del retiro.
Sin embargo, indicó que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que el 27 de noviembre de 2025 realizó 561 de los 563 pagos programados, meses después de la conclusión de los encargos.
También expuso el caso de María Elena López Morales, quien, según información recibida por AMJAC, continúa sin respuesta a su solicitud de pago.
La asociación pidió que la autoridad atienda su petición y determine si procede el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
Piden evaluaciones transparentes y respeto a derechos laborales
AMJAC sostuvo que la evaluación profesional debe contar con instrumentos técnicos, capacitación suficiente, reconocimiento de la experiencia y mecanismos de revisión.
Asimismo, pidió que las autoridades cumplan oportunamente las obligaciones laborales previstas en la reforma judicial y garanticen evaluaciones transparentes, sin presiones políticas.
¿Qué es la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C?
La Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. es una asociación civil fundada por jueces y magistradas integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La AMJAC explica, en su página web, que promueve una justicia independiente, igualitaria y con perspectiva de género. La organización busca fortalecer, dice, la participación de las mujeres en el Poder Judicial, combatir la discriminación y los estereotipos de género, así como impulsar la formación profesional y el intercambio de conocimientos.
Ante las transformaciones que atraviesa el Poder Judicial mexicano, AMJAC destaca la importancia de preservar la experiencia y trayectoria de las mujeres juzgadoras, especialmente de quienes enfrentan cambios en su carrera profesional. La asociación también defiende la independencia judicial como una garantía para la ciudadanía y promueve la conservación de la memoria institucional.
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